Camboya - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Camboya

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Camboya is now live »

Jefe del Estado : rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno : Hun Sen
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 14,6 millones
Esperanza de vida : 58 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 130/120 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 73,6 por ciento

Se recibieron noticias de que en torno a 150.000 personas corrían peligro de perder sus viviendas al proliferar la apropiación de tierras y los conflictos relacionados con ellas. Continuaron los desalojos forzosos de comunidades desfavorecidas, y el acceso de las víctimas a un resarcimiento jurídico era limitado. El Partido del Pueblo Camboyano gobernante continuó consolidando su poder y controlando el poder judicial, en el que seguían existiendo en gran medida deficiencias profundamente arraigadas. Tras considerables demoras comenzaron a funcionar las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya; se practicaron cinco detenciones y se celebró la primera vista.

Información general

En las elecciones locales que se celebraron en abril, el Partido del Pueblo Camboyano consiguió la jefatura comunal en más del 98 por ciento de las comunas. En la votación, que en su mayor parte se llevó a cabo de forma pacífica, el partido consiguió más del 70 por ciento del total de todos los cargos, y el Partido de Sam Rainsy, principal partido de la oposición, el 23,4 por ciento. El número de votos obtenido por el aliado minoritario en la coalición de gobierno, el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC), cayó en picado hasta el 2,4 por ciento, tras una escisión interna y la condena a 18 años de cárcel por «prevaricación» impuesta al príncipe Norodom Ranariddh, ex dirigente del partido en el exilio.

Sistema judicial

El 5 de febrero, el Consejo Supremo de la Magistratura aprobó el Código Ético para Jueces. En agosto se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Penal, en torno a un mes después de la entrada en vigor del Código de Procedimiento Civil. Al concluir el año no se habían aprobado ni la Ley Anticorrupción, una de las principales prioridades de la comunidad internacional de donantes, ni el nuevo Código Penal.

La presidenta del Tribunal de Apelaciones fue destituida tras una investigación del Ministerio del Interior en la que se halló que había aceptado 30.000 dólares estadounidenses a cambio de dejar en libertad a dos hombres declarados culpables de delitos relacionados con la trata de personas. Fue sustituida por You Bunleng, juez instructor de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. El representante especial del secretario general de la ONU para los Derechos Humanos en Camboya y el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados calificaron de inconstitucional el procedimiento de designación.

El sistema jurídico continuó discriminando a los sectores marginados y más desfavorecidos. Según informes, en los juicios hubo incumplimiento de la presunción de inocencia, falta de independencia, corrupción y graves deficiencias en la aplicación de la ley. La supervisión de los tribunales por parte del Centro para el Desarrollo Social mostró que continuaban siendo generalizadas las confesiones bajo coacción, sobre todo las obtenidas mediante golpes o amenazas.

  • A pesar de la petición de la fiscalía para que se iniciasen nuevas investigaciones, en abril fue confirmada la condena a 20 años impuesta a Born Samnang y Sok Sam Oeun, que en 2004 habían sido declarados culpables de asesinar al dirigente sindical Chea Vichea en un juicio sumamente injusto.

En junio de 2007 comenzaron a funcionar las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya tras aprobarse el reglamento interno, con lo que se puso fin a las discrepancias entre jueces nacionales e internacionales y se facilitó el inicio de investigaciones y procesamientos. Al concluir el año había cinco sospechosos recluidos por orden de las Salas Especiales, entre los que se encontraban el ex jefe de Estado Khieu Samphan y el denominado «Hermano Número Dos», Nuon Chea. Los cinco fueron acusados de crímenes contra la humanidad y tres de ellos también de crímenes de guerra. En noviembre, la Sala de Cuestiones Preliminares celebró la primera sesión y se esperaba que los juicios comenzasen en 2008.

Homicidios

El 24 de febrero, Hy Vuthy, dirigente del Sindicato Libre de Trabajadores en una fábrica, murió abatido por disparos; se trataba del tercer homicidio de representantes de este sindicato desde 2004.

Desalojos forzosos

Durante 2007, miles de personas fueron objeto de desalojos forzosos y perdieron tierras, viviendas y medios de vida a causa de los proyectos urbanísticos y la apropiación de tierras. Las autoridades incumplieron sus obligaciones, establecidas en el derecho internacional, de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y proteger a la población frente a los desalojos forzosos.

Se calculaba que en torno a 150.000 camboyanos corrían peligro de sufrir desalojo forzoso, como ocurría con más de 20.000 personas que residían alrededor del lago Boeung Kak, en Phnom Penh. En febrero se informó a los habitantes de Boeung Kak de que el municipio había arrendado las tierras a una promotora inmobiliaria por un periodo de 99 años, sin que mediase consulta previa con las personas afectadas.

Varias comunidades de Phnom Penh desalojadas fueron reasentadas en zonas que carecían de infraestructuras básicas, agua, electricidad y servicios sanitarios. La distancia existente desde sus viviendas anteriores y hasta la ciudad hizo que muchas personas perdieran sus medios de vida.

  • En una operación que se llevó a cabo en la madrugada del 2 de noviembre, fuerzas de seguridad destruyeron la localidad de Chong Chruoy, en las afueras de Phnom Penh. Las 132 familias residentes en Chong Chruoy, que en su mayoría vivían de la pesca, fueron obligadas a reasentarse a unos 25 kilómetros hacia el interior.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Cientos de personas participaron en protestas con las que intentaban proteger sus tierras y viviendas. Organismos encargados de hacer cumplir la ley disolvieron varias de estas reuniones pacíficas en Phnom Penh, Koh Kong, Ratanakiri y Banteay Meanchey, entre otros lugares.

Algunos activistas del derecho a la tierra fueron encarcelados a causa de sus actividades, en algunos casos por imputárseles haber destruido propiedades privadas situadas en tierras en conflicto de las que se consideraban propietarios legales. Otras personas, como abogados que ofrecían asistencia letrada gratuita, fueron acusadas de instigación por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

  • El 20 de abril, las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo forzoso de más de 100 familias de Mittapheap 4, en el municipio de Sihanoukville, prendieron fuego a 80 viviendas y destruyeron otras 20. Un total de 13 hombres fueron detenidos y juzgados en julio por su participación en los actos violentos. Nueve fueron hallados culpables y recibieron penas breves de prisión, a pesar de que la fiscalía no había presentado ninguna prueba que los relacionase con los delitos de que se los acusaba. Tras finalizar la condena, y en espera de que se celebrase la vista del recurso presentado por la fiscalía, se los mantuvo recluidos y al finalizar el año continuaban privados de libertad en lo que constituía detención arbitraria.
  • El 21 de junio se interpuso una querella contra un grupo de 10 abogados de derechos humanos de dos importantes ONG de asistencia letrada gratuita que trabajaban con un grupo de indígenas jarais para proteger las tierras que poseían en cooperativa. Al parecer, el querellante compró 450 hectáreas de la tierra de los jarais, lo que suponía una violación de la Ley de Tierras e iba contra la voluntad de la comunidad. Al finalizar el año, los abogados estaban siendo investigados y el conflicto por las tierras aún no se había resuelto.

En junio, la ONG internacional Global Witness publicó un informe en el que se afirmaba que altos cargos de las fuerzas armadas y del gobierno habían participado en delitos graves relacionados con la tala ilegal. Las autoridades retiraron el informe de la circulación y, según informes, se advirtió a los medios de comunicación que no informasen sobre la historia. El personal de Global Witness recibió amenazas de actos violentos, y dos periodistas que habían informado sobre los hechos huyeron del país.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El monje budista Tim Sakhorn desapareció en junio, cuando el supremo patriarca budista lo apartó del sacerdocio por perjudicar la relación entre Camboya y Vietnam. Tim Sakhorn, abad de la provincia de Takeo y miembro de la minoría jemer krom del sur de Vietnam, llevaba viviendo en Camboya desde 1979 y poseía doble nacionalidad. Había ofrecido comida y refugio a monjes budistas jemer krom que huían de Vietnam. Se cree que las autoridades camboyanas lo secuestraron y expulsaron, lo que suponía una violación de las obligaciones de Camboya en virtud del derecho internacional (véase el apartado sobre Vietnam).

Otras personas de nacionalidad vietnamita fueron devueltas desde Camboya, como fue el caso de Le Tri Tue, activista en favor de la democracia que había solicitado asilo. Le Tri Tue desapareció en mayo y cuatro meses después se supo que estaba detenido en Vietnam acusado de cargos penales.

Más de 200 vietnamitas de las minorías étnicas conocidas como montagnards cruzaron la frontera desde las tierras altas centrales de Vietnam hacia el noreste de Camboya para pedir asilo. Algunos se escondieron en la selva antes de solicitar asilo en virtud del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por temor a ser detenidos o devueltos a su lugar de origen, en donde corrían peligro de persecución.

Informes de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar