Camboya - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino de Camboya

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Camboya is now live »

Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno: Hun Sen
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Continuó la crisis relacionada con las tierras; más de 10.000 personas
sin recursos que vivían en zonas urbanas fueron desalojadas de sus
viviendas por la fuerza, y miles de habitantes de zonas rurales
perdieron sus tierras y medios de vida en conflictos sobre tierras. Las
autoridades continuaron recurriendo a los tribunales en un intento de
restringir las críticas pacíficas. Se mantuvieron las restricciones a
la libertad de reunión.

Información general

La represión gubernamental contra quienes manifestaban sus críticas de forma pacífica finalizó en febrero, tras el acuerdo alcanzado entre el primer ministro y algunos adversarios, que se tradujo en la puesta en libertad de varios presos de conciencia, como, entre otros, el parlamentario de la oposición Cheam Channy. El dirigente de la oposición Sam Rainsy regresó del exilio tras un indulto real.

El socio minoritario de la coalición de gobierno, el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC), se enfrentó a una crisis cuando el primer ministro Hun Sen, del Partido del Pueblo Camboyano, en el poder, aumentó la presión contra el presidente del partido, el príncipe Norodom Ranariddh, y sus seguidores. Alrededor de 75 altos cargos pertenecientes al FUNCINPEC fueron destituidos del gobierno y de la Asamblea Nacional, lo que culminó en un congreso extraordinario del FUNCINPEC que se celebró el 18 de octubre y en el que Keo Puth Raksmey se convirtió en el nuevo presidente del partido. En noviembre, el príncipe Ranariddh creó el Partido Norodom Ranariddh, tras unirse al Frente Jemer, pequeño partido ultranacionalista, y asumir su dirección.

En mayo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Camboya y llegó a la conclusión de que el reforzamiento del poder judicial tenía una importancia vital para la consolidación de la democracia en virtud del Estado de derecho.

Tierras y vivienda

Continuaron las concesiones de tierras y otros acuerdos sobre tierras poco claros entre empresas y las autoridades. En una serie de desalojos forzosos que se produjeron en junio y julio, en torno a 10.000 personas sin recursos que vivían en zonas urbanas de Phnom Penh perdieron sus casas frente a empresarios bien relacionados, sin la adecuada consulta, indemnización ni protección jurídica.

En la madrugada del 6 de junio, varios cientos de agentes de seguridad armados con rifles, gas lacrimógeno y porras eléctricas comenzaron el desalojo forzoso de la comunidad de Sambok Chab, en el centro de Phnom Penh. En torno a 5.000 habitantes del lugar fueron obligados a subirse a camionetas y trasladados a un lugar de reasentamiento situado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona sin agua potable, electricidad, clínicas y escuelas. La ausencia de servicios básicos en el lugar de reasentamiento hizo que aumentase el número de casos de diarrea, infecciones de la piel, malnutrición e infecciones respiratorias, especialmente entre la población infantil y de edad avanzada.

El desalojo forzoso empobreció aún más a una comunidad ya de por sí desfavorecida al privarla de sus tierras y medios de vida. Se realizó a pesar de que, dos semanas antes, el relator especial de la ONU sobre la vivienda adecuada y la representante especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos habían pedido que se pusiese fin a los desalojos y se tomasen medidas inmediatas para garantizar que estas familias tuvieran acceso a una vivienda adecuada conforme a las obligaciones contraídas por Camboya en materia de derechos humanos.

El 29 de junio, agentes armados comenzaron el desalojo forzoso de 168 familias que vivían cerca del Hospital Preah Monivong, en Phnom Penh. Las casas fueron demolidas y sus habitantes, algunos de los cuales llevaban viviendo allí desde 1988, fueron reasentados a unos 30 kilómetros de la ciudad, en un lugar sin instalaciones básicas.

En ambos casos, la policía acordonó la zona de desalojo e impidió que periodistas y activistas de derechos humanos vigilasen lo que ocurría.

El colectivo local de defensores y defensoras de los derechos humanos se convirtió en objetivo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en relación con los desalojos forzosos y los conflictos sobre tierras tanto en zonas rurales como urbanas. Al menos 15 activistas en favor de los derechos a la tierra fueron detenidos durante el año.

Sistema judicial

No se produjo la esperada reforma de, entre otros aspectos, las leyes reguladoras del poder judicial y del sistema de justicia penal; tampoco se aprobó la ley anticorrupción, a la que se había dado prioridad absoluta en la declaración final de la reunión anual de donantes celebrada en marzo. Sin embargo, en agosto el gobierno creó un nuevo organismo anticorrupción, integrado por altos cargos del partido gobernante y controlado por el poderoso Consejo de Ministros.

En agosto se aprobó la Ley sobre el Estatuto de los Parlamentarios, que limitaba la libertad de expresión de los miembros del Parlamento. A lo largo del mes siguiente se votó una ley contra el adulterio que imponía penas de privación de libertad y en octubre la Asamblea Nacional aprobó una ley que introducía el servicio militar obligatorio, en marcado contraste con las promesas del gobierno de reducir las fuerzas armadas.

El 26 de septiembre, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante especial del Secretario General de la ONU para los derechos humanos en Camboya afirmó que el gobierno había utilizado a fiscales y jueces para intimidar o castigar a los detractores, a la vez que aparentaba respetar su independencia. Manifestó que el gobierno había aplicado la ley de modo selectivo, y que sus partidarios habían gozado de inmunidad, lo cual los eximía de ser sometidos a procesos civiles y penales por violaciones flagrantes de la ley.

Born Samnang y Sok Samoeun continuaban en prisión; en agosto de 2005 habían sido condenados a 20 años de cárcel, en un juicio sin las debidas garantías, por el asesinato del dirigente sindical Chea Vichea. La declaración de un nuevo testigo desencadenó una importante presión nacional e internacional que pedía su excarcelación, tras lo cual se anunció una vista de apelación para el 6 de octubre. La vista se aplazó al no comparecer uno de los jueces en el tribunal.

Libertad de expresión y de reunión

En mayo se reformó la controvertida Ley Penal de Difamación, sumamente utilizada, y se eliminó la pena de privación de libertad. Varios casos destacados fueron sobreseídos. Posteriormente se utilizó la Ley contra la Desinformación, que establecía una pena máxima de prisión de tres años, en una serie de casos para silenciar o intimidar a personas que mantenían una actitud crítica, incluidos varios periodistas.

Dos periodistas locales, Soy Sopheap, del canal de televisión CTN, y You Saravuth, del diario Sralanh Khmer, recibieron amenazas de muerte, según los informes tras acusar de corrupción a militares y personas vinculadas al gobierno. You Saravuth se vio obligado a huir del país.

Continuaron las restricciones al derecho de reunión introducidas a comienzos de 2003. Las autoridades denegaron con frecuencia los permisos para celebrar manifestaciones, y a menudo se utilizó la fuerza para poner fin a las manifestaciones y protestas.

Las Salas Especiales

Las Salas Especiales de los tribunales de Camboya se crearon en las afueras de Phnom Penh para procesar a los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de la Kampuchea Democrática (1975-1979). Debido a los desacuerdos entre jueces nacionales e internacionales, las Salas, reunidas en sesión plenaria, no aprobaron el reglamento interno, requisito necesario para iniciar las investigaciones y procesamientos. Hubo nuevas críticas a propósito de la falta de transparencia en el nombramiento de los jueces camboyanos, ya que algunos formaban parte del comité central del partido en el poder y otros carecían de formación jurídica básica.

El ex dirigente del Jemer Rojo Ta Mok, uno de los dos detenidos cuyo procesamiento estaba previsto que se celebrase en las Salas Especiales, murió el 21 de julio, sin haber sido nunca juzgado por su presunta participación en crímenes contra la humanidad.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

Cambodia: The murder of trade unionist Chea Vichea - Still no justice (Índice AI: ASA 23/008/2006)

Visita

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Camboya en marzo.

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