Burundi
Jefe del Estado y del gobierno
Pierre Nkurunziza

Continuó sin romperse el ciclo de impunidad y el gobierno no investigó a fondo ni enjuició las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en años anteriores. Los indicios prometedores de que el gobierno establecería una Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2012 se desvanecieron progresivamente en el transcurso del año. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas sufrieron represión a causa de su trabajo.

Información general

El partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), pudo gobernar sin ninguna participación efectiva de la oposición. El partido gobernante y Alianza de los Demócratas para el Cambio-Ikibiri (ADC-Ikibiri), la coalición de partidos opositores que se retiró de las elecciones de 2010, no emprendieron diálogo significativo alguno.

Tras el aumento del costo de la vida, los movimientos de la sociedad civil burundesa organizaron una campaña nacional para exigir responsabilidades por la conducta económica del gobierno.

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Impunidad

Los observadores de derechos humanos de la ONU registraron 30 ejecuciones extrajudiciales en 2012. Esta cifra era inferior a la de 2010 y 2011, cuando se registraron un total de 101. La mayoría de los homicidios de 2012 parecían no obedecer a motivos políticos; sin embargo, la impunidad persistió.

En junio, la Fiscalía General estableció una Comisión de Investigación para indagar sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y tortura formuladas por organizaciones de derechos humanos burundesas e internacionales y por la ONU. El informe de la Comisión, hecho público en agosto, aceptaba que se habían cometido homicidios pero negaba que hubieran sido extrajudiciales. El documento afirmaba que se habían instruido sumarios judiciales sobre ciertos casos denunciados por organizaciones de derechos humanos. Tras la publicación del informe se detuvo a dos policías, un comandante del ejército, un administrador local y varios imbonerakure (jóvenes afiliados al partido en el poder), pero no se celebraron juicios. Persistió la preocupación de que no todos los autores hubieran rendido cuentas.

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Verdad y reconciliación

No se registraron avances en lo relativo a investigar y establecer la verdad acerca de las violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1962 y 2008. Se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley revisado por el que se establecía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero no se sometió a debate.

El anteproyecto de ley dejaba abierta la posibilidad de amnistías, incluso para los acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El texto no especificaba que el Tribunal Especial, mecanismo judicial que haría el seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, debería contar con un fiscal independiente que pudiese investigar y enjuiciar tanto los casos remitidos por la Comisión como los nuevos casos.

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Sistema de justicia

La designación de jueces a través del Ministerio de Justicia no se llevó a cabo de manera pública y transparente, por lo que el proceso quedó expuesto a acusaciones de corrupción y sesgo político. Con arreglo a la ley, el ministro de Justicia debía organizar un concurso por oposición para tomar una decisión sobre los candidatos.

El sistema de justicia seguía adoleciendo de debilidad y politización, y las autoridades no ponían a disposición de la justicia a los autores de violaciones de derechos humanos.

  • La sentencia dictada en mayo en el juicio de los acusados de matar al activista contra la corrupción Ernest Manirumva, asesinado en 2009, no hizo justicia. La acusación no tuvo en cuenta las recomendaciones de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos en lo relativo a exigir que los funcionarios policiales y de inteligencia de alto rango implicados por testigos fueran interrogados y sometidos a pruebas de ADN. Al final del año estaba pendiente la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bujumbura.
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Libertad de expresión: periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos denunciaron hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.

  • En febrero, Faustin Ndikumana, presidente de la organización Palabras y Acción para el Despertar de las Conciencias y la Evolución de las Mentalidades, pasó dos semanas bajo custodia, únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, antes de quedar en libertad bajo fianza. Había hecho declaraciones públicas a los medios de comunicación tras escribir al ministro de Justicia para pedirle que investigara y pusiera fin a la corrupción en la designación de jueces. En julio, el Tribunal Anticorrupción lo declaró culpable de hacer declaraciones falsas y lo condenó a cinco años de prisión y a una multa de 500.000 francos burundeses (unos 333 dólares estadounidenses). Al terminar el año no se había ejecutado la sentencia.

Algunos anteproyectos de ley, en caso de ser aprobados en su forma actual, podrían amenazar la libertad de expresión y asociación: entre ellos, un anteproyecto de ley relativo a manifestaciones y reuniones públicas, que otorgaría a las autoridades poderes desproporcionados para clausurar reuniones públicas; y un anteproyecto de revisión de la ley de prensa, que incluía nuevas disposiciones sobre circunstancias en las cuales los periodistas debían revelar sus fuentes y preveía un aumento del número de posibles delitos relacionados con la prensa, una regulación excesiva de la prensa por el Estado y multas desorbitadas a los periodistas que violasen lo dispuesto en la ley y en el Código Penal.

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Condiciones de reclusión

Los presos estaban en condiciones de insalubridad extrema, y miles de ellos se encontraban recluidos en espera de juicio.

El presidente Nkurunziza aprobó el 25 de junio un decreto por el que se concedía el indulto a los presos que cumplían penas de hasta cinco años (excluidos los condenados por violación, robo a mano armada, robo a mano armada en bandas organizadas, posesión ilegal de armas de fuego o amenaza para la seguridad del Estado), las mujeres embarazadas o lactantes, los presos de 60 o más años, los menores de 18 años que no hubieran sido juzgados y los presos que sufrían una enfermedad terminal. Todas las demás condenas quedaron reducidas a la mitad. En abril había 10.567 presos recluidos en 11 prisiones que en conjunto tenían capacidad para sólo 4.050. Al terminar diciembre el número de reclusos había disminuido a 6.581.

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