Información general

La situación política continuó siendo tensa durante los preparativos para las elecciones de 2010. El gobierno, encabezado por el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), restringió las actividades de los partidos de la oposición y de los grupos de la sociedad civil.

Las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) y el gobierno alcanzaron un acuerdo de paz en abril. Sin embargo, la violencia política se incrementó, y los partidos de la oposición denunciaron que el CNDD-FDD había creado un nuevo grupo armado integrado por jóvenes, había proporcionado armas a excombatientes y había cometido homicidios ilegítimos. Según informes, otros partidos políticos, incluido el FNL, también recurrieron a la violencia.

Según los informes recibidos, el CNDD-FDD y el FNL fueron responsables de homicidios ilegítimos y ataques a rivales políticos o miembros críticos de sus propios partidos. El CNDD-FDD movilizó a su ala juvenil, Imbonerakure; al parecer, sus integrantes iban a menudo armados con palos y porras y se los vio con funcionarios del Estado practicando detenciones y realizando tareas de patrullaje en la comunidad.

En enero, el FNL, anteriormente conocido como Palipehutu-FNL, eliminó la connotación étnica del nombre oficial del partido, lo que le permitió registrarse como partido político el 21 de abril. El 5 de junio, miembros destacados del partido fueron designados para ocupar cargos en el gobierno. Excombatientes se incorporaron al programa de desmovilización; 5.000 de ellos se incorporaron a puestos del gobierno y las fuerzas armadas bajo la supervisión de la Unión Africana. Excombatientes del FNL plantearon quejas sobre la paga de la desmovilización, lo que hizo que aumentasen los temores con respecto a la seguridad.

El 11 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó un anteproyecto de ley electoral que llevaba mucho tiempo debatiéndose. Asimismo, el CNDD-FDD y partidos de la oposición acordaron que las elecciones de autoridades de las comunas se celebrarían antes de las elecciones presidenciales.

La inseguridad, a menudo vinculada a la delincuencia, continuaba constituyendo un problema, y el uso de armas ligeras estaba muy extendido. La población tenía escasa confianza en el sistema de justicia, y en numerosas ocasiones se tomó la justicia por su mano. Los conflictos violentos sobre tierras, en los que a veces se produjeron víctimas mortales, hicieron que empeorase la situación de la seguridad, especialmente en el sur.

Libertad de asociación

Se prohibió a menudo la celebración de reuniones de partidos de la oposición, como la Unión por la Paz y el Desarrollo (UPD-Zigamibanga), el Movimiento para la Solidaridad y la Democracia (MSD) y el FNL. El 18 de marzo, el ministro del Interior advirtió a los partidos políticos que no mantuviesen reuniones “ilegales” durante el periodo previo a las elecciones de 2010. Numerosos miembros de partidos políticos de la oposición fueron objeto de detención arbitraria, casi siempre durante periodos breves.

• En mayo, las autoridades prohibieron con muy poco tiempo de antelación la celebración de una marcha organizada por grupos de la sociedad civil para pedir justicia tras el asesinato del defensor de los derechos humanos Ernest Manirumva (véase infra). El alcalde de Bujumbura justificó la prohibición alegando preocupaciones en torno a la seguridad, pero los organizadores rechazaron esa explicación.

Libertad de expresión

Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, especialmente los colectivos de periodistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, eran tensas.

• Juvénal Rududura, vicepresidente del sindicato de personal judicial del Ministerio de Justicia que no formaba parte de la judicatura, fue detenido a comienzos de año por cargos de falso testimonio. Había denunciado la existencia de corrupción en el Ministerio de Justicia. El 8 de julio quedó en libertad provisional pendiente de juicio.
• Dos presos de conciencia –el periodista Jean-Claude Kavumbagu y Alexis Sinduhije, presidente del MSD– quedaron en libertad en marzo. Jean-Claude Kavumbagu había sido detenido el 11 de septiembre de 2008 y acusado de difamación. Había afirmado en un artículo que los gastos del viaje del presidente Nkurunziza para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín habían obligado a demorar el pago de los salarios de algunos funcionarios civiles. Alexis Sinduhije había sido detenido el 3 de noviembre de 2008 tras celebrar una reunión del partido y ser acusado de “injurias al jefe del Estado”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La ONG anticorrupción OLUCOME denunció que recibía amenazas telefónicas con regularidad.

• Ernest Manirumva, vicepresidente de OLUCOME, murió apuñalado por hombres no identificados en su domicilio de Bujumbura el 8 de abril. Justo antes de su muerte había estado investigando casos de corrupción policial, en particular el de agentes de policía que reclamaban el cobro de salarios por puestos que, al parecer, no existían. También había emprendido investigaciones sobre corrupción en empresas privadas. Previamente había recibido varias amenazas de muerte. Las investigaciones sobre su asesinato se desarrollaron con lentitud, y las conclusiones de tres comisiones de investigación sucesivas no se hicieron públicas. Hilaire Ndayizamba, destacado empresario, y dos agentes de policía fueron detenidos el 15 de octubre en relación con el asesinato.
• El 23 de noviembre, el ministro del Interior anuló la inscripción en el registro oficial del Foro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, coalición de asociaciones de la sociedad civil burundesa. Posteriormente, el ministro suspendió la ordenanza en la que se anulaba la inscripción, pero al finalizar el año todavía no se sabía a ciencia cierta cuál era la situación legal del Foro. Esta medida restrictiva fue adoptada tras un número cada vez mayor de amenazas y actos de intimidación y hostigamiento contra activistas de la sociedad civil dedicados a propugnar la rendición de cuentas que, entre otras cosas, pedían justicia por el asesinato de Ernest Manirumva.

Sistema de justicia: injerencias en el poder judicial

El gobierno y la ONU dieron pasos para reformar y reforzar el sistema de justicia, como construcción y renovación de juzgados, formación de magistrados, medidas destinadas a abordar la situación de hacinamiento en centros de detención, y reducción del número de causas penales atrasadas. Sin embargo, continuaban existiendo importantes problemas.

Los jueces sufrieron en ocasiones la presión del poder ejecutivo. El Ministerio de Justicia designó magistrados sin haber consultado suficientemente con el Consejo Superior de la Magistratura. También se recibieron informes de corrupción y deficiente formación en la judicatura.

• El juez que presidía el juicio de Alexis Sinduhije (véase supra) fue secuestrado el 6 de mayo. Cuatro hombres con uniformes policiales le apuntaron con un arma a la cabeza y lo obligaron a entrar en un automóvil. Lo condujeron a un lugar no revelado, donde lo golpearon y lo acusaron de recibir dinero del MSD para influir en el resultado del juicio. Antes de dejarlo en libertad esa misma noche le comunicaron que le daban un plazo de tres días para presentar una declaración formal por escrito admitiendo que había recibido el dinero.
• En septiembre, el sindicato burundés de jueces SYMABU convocó dos días de huelga para mostrar su preocupación por las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. La huelga se produjo cuando tres jueces de Bujumbura fueron suspendidos ese mismo mes por conducta profesional indebida tras absolver a Gédéon Ntunzwenindavya, presidente del partido político PA Amasekanya, por cargos de amenazas a la seguridad del Estado.

Novedades jurídicas

El 22 de abril entró en vigor la Ley núm. 1/05 que revisaba el Código Penal. La ley eliminaba la pena de muerte y establecía los delitos de tortura, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También reforzaba las penas por violencia física y sexual contra las mujeres y elevaba la edad de responsabilidad penal a los 15 años. Sin embargo, el artículo 567 criminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y podía llevar a la persecución de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En respuesta a la presión de algunos sectores, el gobierno organizó una gran manifestación el 6 de marzo en Bujumbura para protestar por la decisión inicial del Senado de excluir el artículo 567.

Violencia contra mujeres y niñas

El índice de violaciones y otros tipos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas continuaba siendo elevado. La mayoría de las víctimas de violación eran personas menores de edad.

Justicia transicional

Se avanzó lentamente en la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un Tribunal Especial en el sistema de justicia burundés para investigar la violenta historia de Burundi y enjuiciar, en caso de que se demostrase su comisión, el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las consultas nacionales comenzaron en julio y acabaron en diciembre. Una red de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales vigilaban de cerca el proceso. Según informes, la participación en determinadas provincias fue elevada.

Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos

Los progresos encaminados a la creación de una Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos continuaban siendo lentos, y a finales de 2009 se presentó un nuevo anteproyecto de ley.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Entre enero y septiembre regresaron 29.052 burundeses refugiados, principalmente desde Tanzania, de los que 20.758 eran personas que habían huido en 1972.

En octubre, las autoridades iniciaron la expulsión de hasta 400 solicitantes de asilo ruandeses desde la provincia septentrional de Kirundo, pero posteriormente cambiaron la decisión para evaluar individualmente cada uno de estos casos. Los solicitantes de asilo afirmaron que huían de los juicios injustos ante los tribunales gacaca de Ruanda y de la violencia que imperaba en el sur de ese país.

Conflictos de tierras

Los conflictos sobre tierras eran habituales, y en ocasiones desembocaban en enfrentamientos violentos entre personas, incluidos homicidios. Los conflictos eran más generalizados en el sur, especialmente en las provincias de Bururi y Makamba.

Muchos de los conflictos sobre tierras se producían entre ex refugiados que reclamaban sus propiedades a su regreso y quienes las ocupaban en aquel momento. La situación era especialmente complicada para las personas que habían abandonado Burundi en 1972, ya que la legislación burundesa permitía que un nuevo ocupante se convirtiese en propietario legal de la tierra una vez transcurridos 30 años.

La labor de la Comisión Nacional sobre Tierras y Otros Bienes, creada por el gobierno en 2006, se vio dificultada por carecer de jurisdicción legal sobre los conflictos y por el elevado número de denuncias.

Homicidios de niños y niñas albinos

Niños y niñas albinos murieron a manos de burundeses que vendían partes de su cuerpo descuartizado a hechiceros en Tanzania.

• El 23 de febrero, personas armadas mataron a un niño albino tras entrar por la fuerza en su casa. Ataron a sus progenitores y amputaron las extremidades del niño. Los atacantes salieron de la casa y a continuación arrojaron una granada en su interior. En marzo se practicaron algunas detenciones relacionadas con este caso.

Informes y visitas de Amnistía Internacional