Burundi

Se acrecentaron el hostigamiento y la intimidación de oponentes políticos, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, en muchos casos violando el derecho a la libertad de expresión. Se enjuició a soldados por el homicidio de civiles en 2006, pero continuaron sin abordarse otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado, y el gobierno no rompió el ciclo de impunidad. A pesar de las reformas introducidas en el sistema judicial, seguían existiendo problemas importantes en la administración de justicia. En muy contadas ocasiones se investigaron y enjuiciaron casos de violación y violencia sexual, no obstante su prevalencia. Un gran número de niños y niñas estaban recluidos sin juicio.

Información general

En febrero estalló una crisis política al negarse los partidos de la oposición a acudir a la Asamblea Nacional tras la destitución de la vicepresidenta primera de la cámara, Alice Nzomukunda, por el partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). Las divisiones en el seno de CNDD-FDD, que culminaron en expulsiones y defecciones, hicieron que el partido perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional y provocaron una parálisis en el gobierno. En mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, perteneciente a CNDD-FDD, solicitó al Tribunal Constitucional la exclusión de la cámara de 22 ex miembros de CNDD-FDD. El Tribunal resolvió que, con arreglo a la Constitución, los 22 parlamentarios no podían ocupar escaños en la Asamblea Nacional como «independientes». Esta medida se consideró en general anticonstitucional y una grave vulneración de la independencia de la judicatura.

Las negociaciones sobre la aplicación del alto el fuego entre el gobierno y el grupo opositor Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) se desarrollaron con lentitud. En abril y mayo tuvieron lugar nuevos enfrentamientos entre las FNL y el gobierno a las afueras de la capital, Bujumbura, y en las provincias occidentales limítrofes.

"...un centro gestionado por la ONG Médicos sin Fronteras recibió a un promedio mensual de 131 víctimas de violación en 2008."

El 10 de junio, las dos partes firmaron el Comunicado de Magaliesberg y se comprometieron conjuntamente a procurar la paz y a negociar el número de puestos que las FNL debían ocupar en instituciones estatales clave. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2008 apenas hizo progresos el Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia, que es el organismo encargado de aplicar el Acuerdo General de Cesación del Fuego firmado en septiembre de 2006. El gobierno rechazó las condiciones de las FNL para la asignación de puestos en la administración civil y en el Parlamento. Las FNL se negaron a eliminar, antes de las elecciones de 2010, la connotación étnica del nombre de su partido político (Palipehutu-FNL), una referencia que según el gobierno vulneraba la Constitución. La desmovilización de las tropas de las FNL sufría demoras.

Un anteproyecto de revisión del Código Penal, que incluía importantes disposiciones para la mejora de los derechos humanos –entre ellas el tratamiento de la tortura y la violencia sexual–, estaba en espera de ser debatido en la Asamblea Nacional.

La pobreza se agravó debido a los elevados precios de los productos básicos y al alto índice de desempleo. En ciertas zonas rurales la producción agrícola fue baja y limitó el acceso de la población local a los alimentos. El retorno de personas refugiadas también impuso una carga adicional a unos recursos limitados. La proliferación de armas pequeñas, el gran número de combatientes recién desmovilizados y los elevados índices de criminalidad contribuyeron a que reinase una sensación de inseguridad.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilegítimos de civiles en el contexto de operaciones de seguridad contra las FNL. Las FNL también cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y violaciones.

• El 5 de mayo, efectivos del ejército entraron en una vivienda familiar de la comuna de Muhuta, provincia de Bujumbura Rural, en la que sospechaban que vivían miembros de las FNL. Según los informes, un soldado abrió fuego y mató a la madre de familia.

• En junio, tres soldados de las FNL se presentaron en la comuna de Mutimbuzi, provincia de Bujumbura Rural, en busca de nuevos reclutas. Según informes, visitaron a un miembro de una organización juvenil hutu de la localidad, pero éste se negó a ayudarlos. Los soldados arrojaron una granada dentro de la casa y mataron a su esposa.

Sistema de justicia

El gobierno y la ONU adoptaron medidas para reformar y fortalecer el sector judicial, tales como la construcción y renovación de tribunales de primera instancia, la capacitación de magistrados, el tratamiento del hacinamiento en las instalaciones de detención y la reducción del volumen de casos atrasados. Sin embargo, seguía habiendo problemas importantes. El poder judicial carecía de independencia y estaba influido por el ejecutivo. Se recibieron informes de casos de corrupción. El personal judicial había recibido una capacitación insuficiente y en ocasiones su conocimiento de la ley era escaso. El sistema judicial carecía de medios adecuados y necesitaba recursos económicos y materiales adicionales. La población tenía escasa confianza en el sistema de justicia, y en numerosas ocasiones se tomó la justicia por su mano.

Las condiciones de detención seguían siendo deficientes y en las prisiones se daban condiciones de hacinamiento. El acceso a alimentos y atención de la salud adolecía de graves limitaciones y a menudo las personas detenidas estaban recluidas en condiciones sumamente insalubres. Las autoridades penitenciarias gestionaban de forma deficiente la información personal y jurídica sobre las personas privadas de libertad.

Había menores de edad recluidos en instalaciones de detención policiales y en prisiones, lo que suponía una violación de los procedimientos de arresto y reclusión. Estas personas se hallaban recluidas junto con detenidos adultos, por lo que estaban expuestas a abusos sexuales y físicos. Muchos detenidos menores de edad permanecían recluidos sin juicio, en condiciones constitutivas de trato cruel, inhumano y degradante y sin acceso a atención de la salud o educación. Una organización internacional calculó que el 80 por ciento de los detenidos menores de edad estaban en espera de juicio.

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades recluían con frecuencia a personas sin cargos, violando de este modo el límite máximo legal de custodia de 14 días. Con frecuencia, funcionarios carentes de conocimientos básicos de la ley llevaban a cabo detenciones arbitrarias. Muchas de las personas detenidas arbitrariamente eran sospechosas de apoyar a las FNL.

• En abril, 782 personas fueron detenidas arbitrariamente tras reanudarse los enfrentamientos entre las FNL y la Fuerza de Defensa Nacional. La policía detuvo a algunas personas por sospechar que simpatizaban con las FNL o apoyaban a esta organización, en muchos casos sin base legal para la detención.

Tortura y otros malos tratos

Observadores de la situación de los derechos humanos denunciaron que la Policía Nacional de Burundi era responsable de golpear a personas detenidas y otros ciudadanos. Los integrantes de las fuerzas de seguridad tenían escasos conocimientos de los derechos humanos a pesar de la capacitación permanente que impartían la ONU y organizaciones de derechos humanos locales.

• Jean Claude Nkunzimana, de la comuna de Kinama, Bujumbura, caminaba hacia su domicilio el 1 de julio cuando cinco agentes de policía que estaban bebiendo en un bar de la zona le dieron el alto. Uno de los agentes le pidió un cigarrillo. Jean Claude Nkunzimana se lo negó y los cinco agentes lo golpearon gravemente.

• El 9 de junio, un joven fue detenido por fraude en la comuna de Gisozi, provincia de Mwaro. Según los informes, al ser capturado cuando intentaba escapar, siete agentes de policía lo golpearon con las culatas de sus pistolas y le propinaron patadas. Las lesiones que sufrió requirieron tratamiento hospitalario.

Violencia contra mujeres y niñas

La incidencia de violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas fue alta. Por ejemplo, un centro gestionado por la ONG Médicos sin Fronteras en Bujumbura recibió a un promedio mensual de 131 víctimas de violación en 2008. Aumentó el número de informes de violaciones de niñas, en muchos casos cometidas por maestros. En cambio, la ONU informó de una disminución del número de violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Los autores –que a menudo eran conocidos de la víctima– no temían el enjuiciamiento, y la impunidad siguió siendo la norma. Las mujeres supervivientes de violencia sexual no tenían confianza en el sistema judicial. En muchos casos, las familias de las víctimas llegaban a un «acuerdo amistoso» con el presunto responsable al margen de los tribunales.

• Una niña de 15 años fue violada por su maestro en la comuna de Kanyosha, Bujumbura, el 20 de marzo. El maestro le había pedido que le llevara un teléfono móvil a su casa. La niña presentó cargos contra el maestro, que fue detenido.

Libertad de reunión

El gobierno impedía que los partidos de oposición celebrasen reuniones públicas sin autorización previa. Las autoridades encomendaron el cumplimiento de estas decisiones a las administraciones locales, que estaban sometidas a un control creciente y estricto del ejecutivo. El 6 de octubre, el ministro del Interior firmó un decreto ministerial que estipulaba que los partidos de oposición sólo podían celebrar reuniones en momentos determinados; asimismo, exigía a los partidos de oposición que solicitasen formalmente, por escrito, permiso a la administración local para celebrar reuniones. Se concedió a la administración local facultades para denegar tales solicitudes si consideraba que las reuniones podían «alterar el orden y la seguridad pública».

Dos destacados partidos de oposición, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD) y el Frente por la Democracia en Burundi (FRODEBU), denunciaron públicamente el decreto y pidieron su retirada.

• El 11 de noviembre, 21 miembros de la Unión por la Paz y el Desarrollo (UPD-Zigamibanga) fueron detenidos y recluidos por la administración local en la provincia de Ngozi. Se los acusó de celebrar reuniones sin la autorización de las autoridades locales.

Libertad de expresión

Las autoridades respondieron con una intolerancia creciente a las críticas, y las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno eran tensas.

• Alexis Sinduhije, presidente del grupo político de oposición Movimiento por la Seguridad y la Democracia, fue detenido y recluido el 3 de noviembre tras celebrar una reunión del partido. El 11 de noviembre fue acusado formalmente de «injurias al jefe del Estado» por poner en entredicho las políticas de desarrollo del presidente.

• Juvénal Rududura, vicepresidente del sindicato de personal no judicial, fue detenido el 15 de septiembre después de una entrevista radiofónica en la que acusó a personal del Ministerio de Justicia de otorgar cargos a cambio de sobornos.

• El periodista Jean-Claude Kavumbagu fue detenido el 11 de septiembre y acusado formalmente de difamación. Había afirmado en un artículo que los gastos del viaje del presidente Nkurunziza para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín habían obligado a demorar el pago de los salarios de algunos funcionarios civiles.

Impunidad: el juicio de Muyinga

El 23 de octubre, el tribunal militar de Muyinga declaró culpables a 15 soldados del homicidio de 31 personas en julio y agosto de 2006. En el juicio se dijo que primero estuvieron detenidas en el campamento militar de Muyinga y después las trasladaron a la orilla del río Ruvubu, donde miembros del Servicio Nacional de Inteligencia las ejecutaron extrajudicialmente. Catorce soldados fueron condenados a entre dos años de prisión y cadena perpetua. El ex jefe de la Cuarta Región Militar, coronel Vital Bangirinama, que según los informes dio las órdenes, había huido del país y no asistió al juicio. Fue declarado culpable in absentia y condenado a muerte. La sociedad civil burundesa y la comunidad internacional acogieron con satisfacción el resultado del juicio como un paso importante en el tratamiento de la impunidad.

Justicia transicional

El gobierno, junto con la comunidad internacional y la sociedad civil, adoptó escasas medidas para establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un Tribunal Especial para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos durante los conflictos de Burundi.

Se fijó para el mes de junio el comienzo de las consultas nacionales que habían de durar 12 meses y se asignaron fondos de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU para este fin. Sin embargo, las reuniones del Comité Tripartito –establecido en noviembre de 2007 para vigilar el desarrollo del proceso y compuesto por delegados de la ONU, del gobierno y de la sociedad civil– se aplazaron, debido sobre todo a la inasistencia de los miembros, que obligó al presidente del Comité a cancelar algunas sesiones. Se fijó el 1 de marzo de 2009 como nueva fecha para el comienzo de las consultas nacionales.

Escrutinio internacional

El 24 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi hasta la creación de una «comisión nacional e independiente de derechos humanos». La sociedad civil planteó su preocupación acerca de si el funcionamiento de una futura comisión de derechos humanos sería independiente, sin injerencias ni intimidación por parte de las autoridades. No existía un calendario claro para el establecimiento de la comisión de derechos humanos.

Retorno de personas refugiadas

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre regresaron al país 95.050 refugiados burundeses, sobre todo de Tanzania, de los que 30.818 eran refugiados que habían huido en 1972.

Se registró un aumento de los conflictos sobre tierras, que afectaron en particular a personas refugiadas que habían salido del país en 1972 y que habían regresado. Los conflictos sobre tierras eran más graves en el sur, en particular en las provincias de Bururi y Makamba. El gobierno creó en 2006 la Comisión Nacional sobre Tierras y Otros Bienes, pero su labor se vio entorpecida por carecer de competencia legal sobre los conflictos y por el número de denuncias. En octubre de 2008, la Comisión había registrado 11.200 conflictos sobre tierras y había resuelto 2.279.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Burundi en noviembre con fines de investigación.

Informes de Amnistía Internacional

Burundi: Submission to the UN Universal Periodic Review: Third Session of the UPR Working Group of the UN Human Rights Council (en inglés, 14 julio 2008)
Violación en Burundi: ¡Exijamos justicia ya! (21 julio 2008)