Burundi - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Burundi

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Burundi is now live »

Jefe del Estado : Pierre Nkurunziza
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 8,1 millones
Esperanza de vida : 48,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 185/162 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 59,3 por ciento

Las tensiones políticas impidieron al gobierno poner en práctica medidas de protección en materia de derechos humanos. Se estancaron las negociaciones de paz entre el gobierno y el único grupo armado de oposición que quedaba. La administración de justicia seguía siendo deficiente, y las personas detenidas soportaban condiciones de reclusión deplorables. Hubo altos índices de detención y reclusión arbitrarias, y la tortura y otros malos tratos eran habituales. Persistió la violencia sexual contra mujeres y niñas, principalmente en forma de violaciones. El gobierno hizo lentos progresos en el establecimiento de mecanismos dirigidos a investigar los graves delitos cometidos en el conflicto, que duró 12 años y concluyó en 2005, y procesar a sus autores.

Información general

Los partidos de oposición boicotearon la Asamblea Nacional en 2007 como medida de protesta por su escasa representación en el gobierno. Como consecuencia, la Asamblea Nacional no promulgó legislación importante, como un nuevo Código Penal propuesto que tipificaba como delitos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –incluidos los actos de violencia contra mujeres y menores– y abolía la pena de muerte.

El 13 de julio se llevó a cabo una remodelación ministerial que exacerbó la tensión entre el gobierno y los partidos de oposición. El punto muerto no se superó hasta el 14 de noviembre, al aumentar la representación de los partidos de oposición en el gobierno en virtud de otra remodelación ministerial.

Los términos del Acuerdo General de Cesación del Fuego firmado en septiembre de 2006 por el gobierno y el único grupo armado de oposición que quedaba, las Fuerzas Nacionales de Liberación (Forces nationales de libération, FNL), no se aplicaron en su totalidad. El 19 de febrero de 2007 comenzó su labor el Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia, plataforma creada para debatir entre ambas partes la implementación del proceso de paz. La delegación de las FNL se retiró en julio del equipo de vigilancia de la paz aduciendo que era por culpa de las amenazas contra su seguridad. Al terminar el año las negociaciones seguían en punto muerto. Se recibieron informes sobre enfrentamientos violentos entre dos facciones de las FNL en las proximidades de la capital, Bujumbura, en septiembre y octubre.

La comunidad internacional expresó el temor de que la inestabilidad política pusiera en peligro el proceso de paz en curso y el funcionamiento de las instituciones nacionales.

Las instituciones financieras internacionales también instaron al gobierno a abordar el problema de la corrupción.

Detención arbitraria

Las autoridades rebasaron sistemáticamente los límites que establecía la ley para mantener recluida a una persona sin cargos. Todo el año hubo informes sobre aprehensiones y reclusiones arbitrarias a manos de los servicios de inteligencia, la policía y el ejército; sólo en enero se documentaron 112 casos de detención arbitraria. Muchas de las personas detenidas arbitrariamente eran presuntos miembros de las FNL. Además, las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en ejecuciones extrajudiciales de civiles.

  • El 29 de junio, en la comuna de Buhinyuza, provincia de Muyinga, un hombre casado y padre de dos hijos fue, según informes, ejecutado por miembros del ejército burundés. Estaba sentado bebiendo cerveza con sus vecinos cerca de su casa cuando se presentaron varios soldados que estaban patrullando la zona y les ordenaron que se tumbaran en el suelo. El hombre fue presa del pánico y trató de escapar. Uno de los soldados lo mató en el acto. No hubo informes de ninguna investigación sobre este homicidio.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas en todo el país. ACAT Burundi (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) y otras organizaciones locales de derechos humanos denunciaron regularmente casos de tortura y malos tratos a manos de la Policía Nacional de Burundi, la Fuerza de Defensa Nacional y los Servicios Nacionales de Inteligencia.

  • Un hombre fue torturado el 28 de febrero, según informes, por un agente y el jefe de policía de la localidad de Bururi para que se confesara autor de un delito que no había cometido. Lo desnudaron por completo, lo golpearon y lo amenazaron de muerte.
  • Según informes, un joven de 18 años acusado de robar una bicicleta fue torturado bajo custodia policial el 26 de julio en la localidad de Gitega. Le ataron los brazos a la espalda y, al parecer, lo golpearon con porras y luego lo quemaron. Observadores de derechos humanos constataron que tenía cicatrices en los brazos y el cuello.
  • Un hombre de Nyanza-Lac, en Makamba, fue detenido el 18 de enero y golpeado duramente bajo custodia por cuatro policías, entre ellos el jefe de la policía local. Se le impuso una multa y ese mismo día quedó en libertad. No hubo una investigación y los autores no comparecieron ante una autoridad judicial. Después de la agresión padecía dolores en los oídos, el ojo derecho y los pies.

En febrero, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó al gobierno abordar el clima de impunidad, reforzar la capacidad del poder judicial y garantizar su independencia, y establecer mecanismos efectivos para someter a vigilancia todos los lugares de detención.

Abusos contra los derechoshumanos cometidos por un grupo armado

En Bujumbura Rural, Cibitoke y Bubanza, combatientes de las FNL cometieron reiterados actos de violencia contra la población civil. Robaron, extorsionaron, secuestraron a personas para cobrar un rescate y violaron a mujeres y niñas. Observadores de derechos humanos denunciaron que los combatientes de las FNL también reclutaron niños y niñas soldados.

  • El 3 de agosto, combatientes de las FNL irrumpieron, según informes, en el domicilio de un hombre al que acusaban de brujería en la comuna de Kabezi, en Bujumbura Rural, y lo golpearon con porras hasta causarle la muerte.
  • En enero, combatientes de las FNL tomaron como rehenes a cinco miembros de una familia, entre ellos tres menores, en Kanyosha, Bujumbura Rural. Como rescate exigieron la devolución de una granada que el cabeza de familia había encontrado y llevado a la comisaría local.

Violencia contra las mujeres

La violación y otras formas de violencia sexual seguían siendo prácticas muy extendidas en todo Burundi. Miembros del ejército y de la policía fueron responsables de numerosas violaciones. La mayoría de las víctimas de las violaciones documentadas eran menores de 18 años. Lo habitual era que los agresores eludieran el procesamiento y la sanción del Estado. El índice de procesamientos por delitos sexuales que prosperaban seguía siendo sumamente bajo. Las víctimas guardaban silencio en su mayoría, casi siempre por miedo al estigma social. Víctimas y familiares recurrieron a sistemas tradicionales no oficiales de resolución de conflictos, y a menudo negociaron y aceptaron sumas de dinero del perpetrador o de su familia en concepto de indemnización.

  • El 19 de enero, una anciana fue violada por un hombre sin identificar que llevaba uniforme del ejército. El violador ordenó al esposo de la mujer que lo ayudara a transportar unos víveres, pero el hombre se negó y ella lo hizo por él. El soldado no identificado la violó en el margen de la carretera. La víctima recibió tratamiento médico al día siguiente, pero no denunció los hechos a las autoridades.
  • El 17 de noviembre, un hombre casado, padre de tres hijos, violó a su vecina de 12 años. Fue detenido y acusado, pero a los dos días quedó en libertad. Defensores locales de derechos humanos apelaron al jefe de policía y éste ordenó volver a detenerlo, pero al concluir el año el hombre seguía en libertad.

El sistema de justicia

El sistema de justicia y vigilancia del cumplimiento de la ley en Burundi seguía siendo frágil y precisaba una reforma urgente. El sistema judicial carecía de recursos humanos, económicos y materiales, y tanto el personal judicial como el encargado de hacer cumplir la ley adolecían de escasa preparación. La corrupción seguía siendo un problema. Debido al escaso grado de confianza en el sistema de justicia, hubo numerosos casos en que la ciudadanía se tomó la justicia por su mano y fue responsable de homicidios y linchamientos entre otros delitos.

  • El 21 de febrero, seis agentes de policía armados, de los cuales sólo dos llevaban uniforme, se presentaron en Nkenga Busoro, Kanyosha. La población local, que recientemente había sufrido numerosos atracos a mano armada, pensó que eran ladrones y los atacó. Cuatro de los agentes escaparon, pero dos fueron capturados y muertos a golpes.
  • El 24 de noviembre, un agente de policía murió a manos de la población de Nyamurenza, en Ngozi. Según informes, el agente había robado a un comerciante local y agredido al primo de éste. También hirió por disparos a un miembro de la comunidad que intervino en el ataque.

Según informes, el gobierno influyó en decisiones judiciales.

  • Continuaban en libertad los autores de la matanza de Muyinga, en la que, según se denunció, personal del ejército había ejecutado extrajudicialmente al menos a 16 personas presuntamente vinculadas a las FNL en julio y agosto de 2006. Una comisión judicial informó al fiscal en la causa. Se sospechaba de la participación de personal tanto civil como militar en los homicidios, incluidos oficiales de alta graduación. Sin embargo, el fiscal afirmó que no se procesaría a ningún civil y transfirió el expediente a la Fiscalía Militar.

Condiciones de reclusión

Había condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las prisiones. Las personas detenidas no tenían suficiente acceso a asistencia y tratamiento médico, sobre todo las que estaban infectadas de VIH/sida. El mantenimiento de los registros penitenciarios era deficiente.

Al final de noviembre la población penitenciaria era superior a 8.000 reclusos, la mayoría de los cuales no recibían alimentación suficiente. Según las organizaciones de derechos humanos y las autoridades penitenciarias, entre el 65 y el 70 por ciento de estas personas no habían sido juzgadas. Había más de 400 menores de edades comprendidas entre 13 y 18 años bajo custodia, a menudo recluidos junto a personas adultas.

  • La prisión de Mpimba, en Bujumbura, era una de las más superpobladas de Burundi. Aunque sólo tenía capacidad para 800 personas, en noviembre albergaba a 2.289 detenidos, de los cuales 145 eran menores que compartían celda con adultos. Sólo el 19 por ciento de esos menores habían sido juzgados y condenados. En esta cárcel no se disponía de la asistencia médica de un profesional experimentado.

También había personas detenidas en los abarrotados calabozos de las comisarías de policía. Según la información recibida, en la comisaría de policía de Kayanza había un total de 76 personas recluidas en una celda de 13 metros cuadrados. En la comisaría de policía de Kirundo, en junio, 58 detenidos se hacinaban en una celda con capacidad para 40. También allí los menores compartían celda con personas adultas: había un menor encarcelado junto a 71 adultos.

  • Una organización local de derechos humanos informó de que, en una visita efectuada en junio a la Fiscalía de Kirundo, las instalaciones higiénicas en el interior de las celdas se habían desbordado y tanto el suelo de la celda como el pasillo exterior estaban inundados de excrementos, por lo que los observadores de derechos humanos no habían podido entrar.

Justicia transicional

Seguían impunes los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. La propuesta de establecer una comisión de verdad y reconciliación y un tribunal especial encargado de investigar y procesar tales crímenes no se había implementado. Al principio, las partes no lograban ponerse de acuerdo sobre los asuntos relativos a una amnistía, los vínculos entre la comisión y el tribunal especial y la independencia de la fiscalía. El presidente confirmó en mayo que no se concedería una amnistía por crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos. Ambas partes accedieron a realizar consultas nacionales sobre el establecimiento de los dos mecanismos y la creación de un comité conductor, compuesto por miembros del gobierno burundés, la ONU y la sociedad civil. El 2 de noviembre, el gobierno firmó un acuerdo oficial que marcaba el comienzo de un periodo de consulta de seis meses. Se elogió la celebración de estas consultas como un primer paso imprescindible para establecer una justicia transicional en Burundi.

Retorno de personas refugiadas

Se repatrió a un total de 38.087 refugiados burundeses entre enero y noviembre. Entre abril de 2002 y noviembre de 2007, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había repatriado a más de 374.700 burundeses desde la vecina Tanzania. Se expulsó de Tanzania a unas 9.000 familias burundesas.

Libertad de expresión

Se amenazó repetidamente a periodistas con la detención por realizar sus legítimas actividades profesionales.

  • Serge Nibizi, director de Radio Publique Africaine, y Domitile Kiramvu, periodista empleado en esa misma emisora, detenidos en noviembre de 2006 y acusados de poner en peligro la seguridad del Estado, fueron absueltos el 4 de enero de 2007. La Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia absolutoria y ambos periodistas fueron citados en tres ocasiones a lo largo del año. En cada una de esas ocasiones se fijó una nueva fecha de comparecencia.

También se registraron episodios de hostigamiento e intimidación de periodistas, incluidas agresiones físicas.

  • Gérard Nzohabona fue agredido por ocho agentes de policía en octubre, según informes, tras intervenir en la detención, aparentemente ilícita, de dos niñas. Al parecer, los agentes lo llamaron «perro periodista» mientras lo golpeaban.

Informes y visita de Amnistía Internacional

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