Bulgaria - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Bulgaria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bulgaria is now live »

Jefe del Estado : Georgi Parvanov
Jefe del gobierno : Serguéi Stanishev
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 7,6 millones
Esperanza de vida : 72,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 16/14 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,2 por ciento

Continuó la discriminación contra minorías, y en particular contra la comunidad romaní, en un contexto de sospecha general hacia las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Las personas con discapacidad mental soportaban duras condiciones de vida y no recibían asistencia ni tratamiento adecuados. Las investigaciones sobre casos de presunto uso ilegítimo de armas de fuego y de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron, al parecer, inadecuadas.

Información general

El 1 de enero, Bulgaria pasó a ser Estado miembro de la Unión Europea. En su informe de actualización de junio, la Comisión Europea instó a Bulgaria a adoptar medidas más contundentes para combatir e investigar la corrupción y para reformar su sistema de justicia. Además se dieron instrucciones a las autoridades búlgaras para que aplicaran una estrategia destinada a combatir la delincuencia organizada.

Discriminación

El gobierno aprobó en enero el Plan Nacional de Protección contra la Discriminación, que contenía disposiciones sobre todas las áreas de discriminación contempladas en la legislación búlgara, entre ellas la orientación sexual. A pesar de esta iniciativa, persistieron la apología del odio y la intolerancia. Según la información recibida, un dirigente del partido ultraderechista Ataka (Ataque) colocó un cartel antiturco en la sede del Parlamento en el periodo previo a las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas en mayo, y miembros de su partido siguieron haciendo declaraciones contra minorías.

La minoría romaní

La población romaní seguía encontrando obstáculos en el acceso a vivienda, empleo, educación y titulación profesional. De acuerdo con un informe de una ONG búlgara, entre el 65 y el 70 por ciento de la mano de obra romaní en Bulgaria estaba desempleada. Alrededor del 18 por ciento de la población romaní era analfabeta y el 65 por ciento no había acabado la enseñanza secundaria, según el informe. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó de que en torno al 50 por ciento de los hogares romaníes no estaban conectados a la red de suministro de agua corriente y de que el 20 por ciento de los niños y niñas romaníes nunca habían ido a la escuela.

En septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa confirmó la conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales de que Bulgaria estaba incumpliendo los términos de la Carta Social Europea al negar sistemáticamente el derecho a una vivienda adecuada a la comunidad romaní. Bulgaria respondió anunciando la adopción de nueva legislación para apoyar diversas medidas, entre ellas la construcción de más viviendas sociales.

  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa sobre el homicidio por motivos raciales del romaní Angel Dimitrov Iliev, cometido en 1996 por un grupo de seis adolescentes en la localidad de Shumen. El tribunal señaló que las autoridades, pese a reconocer el carácter abyecto del crimen, no habían acometido una investigación pronta y eficaz sobre los hechos. Se retiraron los cargos contra cuatro de los agresores, y los dos que continuaban acusados no comparecieron ante un tribunal. El Tribunal Europeo consideró «absolutamente inaceptable» que las autoridades no hubieran llevado a los autores del homicidio ante la justicia a pesar de que conocían desde el principio la motivación racista del ataque.

La ONG Centro Europeo de Derechos de los Romaníes presentó en octubre una denuncia colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que acusaba al gobierno de Bulgaria de no haber puesto fin a las disparidades en materia de seguro médico y acceso a asistencia médica que existían entre romaníes y otros grupos vulnerables y la población mayoritaria. También acusó al gobierno de tolerar políticas y prácticas que perjudicaban la salud de la comunidad romaní y otras minorías.

La minoría macedonia

En septiembre, la Comisión Europea solicitó al gobierno búlgaro que respetara las resoluciones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos según las cuales Bulgaria debía permitir la inscripción en el registro oficial del partido OMO Ilinden PIRIN, que representaba a la minoría macedonia en Bulgaria. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Municipal de Sofía habían desestimado la solicitud del partido para registrarse.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaron las detenciones de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, que permanecían recluidos durante meses, incluso años, en espera de su expulsión. Según varias ONG búlgaras, estas detenciones se habían convertido en una práctica rutinaria, en contravención de la legislación, que sólo autorizaba semejante medida como último recurso.

Según información publicada en junio en el periódico Kapital, al menos 36 personas llevaban más de seis meses recluidas en el Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros en Busmantsi, cerca de la capital, Sofía. Al parecer, no habían sido informadas del motivo por el que estaban detenidas ni habían comparecido sin demora ante una autoridad judicial o de otra índole.

  • Annadurdy Khadzhiev, dirigente en el exilio de un grupo de oposición de Turkmenistán y esposo de la defensora de los derechos humanos turcomana Tadzhigul Begmedova, fue detenido y puesto bajo custodia en Bulgaria en febrero, tras solicitar Turkmenistán su extradición para juzgarlo por malversación de fondos. Tanto Annadurdy Khadzhiev como su esposa obtuvieron el derecho a recibir protección por razones humanitarias, que los autorizaba a permanecer en el país. En abril, el tribunal de distrito de Varna falló en contra de su extradición, pero la fiscalía protestó y se celebró una vista de apelación en mayo. El tribunal de apelación ratificó la decisión inicial y Annadurdy Khadzhiev quedó finalmente en libertad.

Fuerzas policiales y de seguridad

El Comité Búlgaro de Helsinki señaló que el empleo de armas de fuego por los agentes encargados de hacer cumplir la ley seguía conculcando las normas internacionales y que no se había investigado el uso de tales armas con prontitud, imparcialidad y exhaustividad. Además, esta ONG informó de varios casos de malos tratos a manos de agentes de policía, especialmente contra romaníes.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa examinó en octubre el cumplimiento por parte de Bulgaria de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a malos tratos policiales y concluyó que la formación profesional de los agentes de policía seguía siendo insuficiente y que aún no se habían abordado debidamente los asuntos relacionados con la detención y las garantías de independencia de las investigaciones.

Atención a la salud mental

Bulgaria firmó en septiembre la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

  • En agosto, el Centro para la Defensa de las Personas con Discapacidad formuló una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la investigación defectuosa de la muerte de una anciana en febrero de 2004 tras su ingreso en un centro público de asistencia social cercano a Sofía. Al parecer, la mujer sufrió fracturas de huesos, condiciones de frío extremo, mala higiene y falta de alimentos nutritivos y de asistencia médica general mientras estuvo al cuidado de la institución. Aunque las investigaciones administrativas realizadas en 2005 sobre el trato que había recibido la mujer y las condiciones que imperaban en el centro pusieron de manifiesto graves infracciones normativas y de procedimiento, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no llevaron a cabo una investigación adecuada y no se obligó a nadie a responder de los hechos.

Informes de Amnistía Internacional

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