Bulgaria - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Bulgaria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bulgaria is now live »

Jefe del Estado: Georgi Parvanov
Jefe del gobierno: Sergey Stanishev
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Según los informes, algunas personas fueron objeto de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía a causa de su identidad étnica u orientación sexual. Los derechos humanos de las minorías no recibieron la protección adecuada, especialmente el derecho a la vivienda de comunidades romaníes que se vieron amenazadas con sufrir el desalojo ilegal e inmediato de sus casas. Las personas con discapacidad mental vivían en duras condiciones y no recibían la asistencia ni el trato adecuados.

Información general

El presidente Georgi Parvanov, dirigente del Partido Socialista Búlgaro, asumió de nuevo el poder tras las elecciones presidenciales celebradas en noviembre.

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó al gobierno que realizase reformas en el sistema judicial, tomase nuevas medidas para eliminar la corrupción, reforzase la categoría, la selección, la formación y el salario de los jueces, diese prioridad a la aprobación de nuevos códigos de Procedimiento Civil y Procedimiento Administrativo, y permitiese que las personas detenidas accediesen sin restricciones a asistencia letrada. El uso inadecuado de armas de fuego por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley continuó siendo motivo de preocupación.

En mayo, la Comisión Europea recomendó mantener enero de 2007 como fecha de ingreso de Bulgaria en la Unión Europea solamente si se solucionaban los graves problemas del país. En septiembre, a pesar de que la corrupción continuaba siendo motivo de preocupación, la Comisión Europea confirmó el ingreso con la condición de que se realizasen los cambios necesarios en el Código de Procedimiento Civil, el sistema judicial y la Constitución.

En marzo, el Parlamento modificó la Constitución para incluir en ella la figura del Defensor del Pueblo. Además, en virtud de una nueva disposición, esta institución podía presentar casos ante el Tribunal Constitucional si consideraba que una ley relativa a los derechos y las libertades de la ciudadanía era inconstitucional.

En noviembre, Bulgaria firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza

En una visita a Bulgaria realizada en septiembre, representantes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura examinaron el trato que recibían las personas detenidas bajo la custodia del cuerpo general de policía y la policía de fronteras; las condiciones de los centros de detención de investigación; el régimen en que vivían los presos que cumplían condenas a cadena perpetua y los presos extranjeros; y la aplicación de las salvaguardas legales sobre ingresos obligatorios en instituciones psiquiátricas en virtud de la Ley de Salud.

Continuaron recibiéndose informes sobre malos tratos policiales, especialmente a miembros de la comunidad romaní y a causa de la orientación sexual de las personas.

En enero, el Tribunal Militar de Sofía ordenó que se realizasen nuevas investigaciones sobre el caso de Angel Dimitrov, que murió en Blagoevgrad en noviembre de 2005 durante una operación policial, tras negarse su familia a aceptar la petición de poner fin al proceso penal realizada por la Fiscalía Militar de Distrito de Sofía. Según informó el Defensor del Pueblo en marzo, la policía había utilizado fuerza excesiva al detener a Angel Dimitrov, lo que suponía una violación de la legislación nacional e internacional.

En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Bulgaria había violado los derechos de Zahari Stefanov a la vida y a no sufrir tortura ni detención arbitraria (Ognyanova and Choban v. Bulgaria). El joven, de 23 años y origen romaní, había muerto en 1993 en la comisaría de policía de Kazanluk. Una investigación oficial realizada entonces concluyó que había saltado por propia iniciativa desde la sala de un tercer piso en donde lo estaban interrogando, y que todas las lesiones habían sido causadas por la caída.

Según los informes, en octubre la policía utilizó fuerza excesiva para sofocar los enfrentamientos entre 400 romaníes que se produjeron en Pazardzhik. El gobernador regional y miembros de la comunidad romaní acusaron a los agentes de abuso de poder por entrar en las casas y causar daños en las propiedades.

En mayo, la Comisión para la Protección contra la Discriminación inició una investigación sobre el caso de tres agentes de policía que, al parecer, habían sometido a malos tratos a un homosexual en octubre de 2005 debido a su orientación sexual y origen étnico. La Comisión llegó a la conclusión de que, durante el periodo de 12 horas en que permaneció detenido ilegalmente, al hombre no se le proporcionaron alimentos, no se le permitió el acceso a sus familiares ni recibió asistencia médica.

Racismo y discriminación

En febrero, varias ONG y particulares presentaron ante el Tribunal Municipal de Sofía una demanda civil contra Volen Siderov, dirigente del partido Ataque (Ataka). Alegaron que, mediante declaraciones públicas, retransmisiones televisivas y publicaciones, había incitado a otras personas a hostigar y discriminar a miembros de minorías étnicas, religiosas y sexuales.

En noviembre, la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos informó de un aumento de la discriminación y el discurso contra las minorías.

La comunidad romaní

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó al gobierno que pusiese en práctica su plan nacional 2003-2004 para integrar a la población romaní y crear una política coordinada para todas las minorías.

Ese mismo mes, el gobierno aprobó un programa nacional de mejora de las condiciones de las viviendas de los romaníes, pero continuó existiendo discriminación en este aspecto.

En julio, al asumir Bulgaria la presidencia del Decenio de la Inclusión Romaní, iniciativa regional intergubernamental destinada a reducir las desigualdades y la exclusión social y económica, varias comunidades romaníes presentaron recursos judiciales por casos de discriminación. Se trataba de casos relacionados con amenazas de demolición de casas y con la negativa de las autoridades municipales de Sofía a proporcionar transporte público en el mayor asentamiento de romaníes de la ciudad, situado en el distrito Fakulteta.

Se suspendieron los planes para el desalojo forzoso de los habitantes de una serie de barrios romaníes de Sofía, tras las protestas de miembros del Parlamento Europeo. Las autoridades de algunos distritos de Sofía continuaron amenazando con realizar desalojos forzosos, y apenas tomaron medidas para hacer frente a la extrema pobreza y la negación de los derechos humanos que sufrían numerosas comunidades romaníes. Las autoridades municipales de Sofía y ONG romaníes formaron un grupo de trabajo para proponer soluciones. En julio, el Ministerio de Trabajo y Política Social proporcionó fondos para la compra de caravanas como solución temporal para las personas desalojadas.

En abril, algunas personas residentes en el distrito de Zaharna Fabrika, en Sofía, pidieron la retirada de un vecindario de romaníes que había en la zona. El alcalde de Sofía manifestó que el fiscal de la ciudad ayudaría al municipio a encontrar una forma legal de trasladar a los residentes romaníes y prometió fondos para refugios temporales.

En junio, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, organizaciones internacionales de derechos humanos, hicieron un llamamiento al gobierno para que pusiese fin a los desalojos ilegales en Dobri Zhelyazkov y Batalova vodenitza, en Sofía. Las autoridades del distrito habían ordenado a 16 familias romaníes que abandonasen sus viviendas en un plazo de 10 días o, de lo contrario, serían desalojadas de modo inmediato, a pesar de que sus comunidades habían vivido en aquel lugar durante generaciones. Las autoridades no presentaron una justificación razonable, no lo comunicaron del modo adecuado, no consultaron con las personas afectadas ni ofrecieron una indemnización, una vivienda alternativa o apoyo social. Finalmente, el municipio manifestó que los propietarios legales recibirían una indemnización conforme a la ley y que el resto de las personas serían alojadas en contenedores de mercancías adaptados para hacerlos habitables.

La minoría macedonia

Las autoridades y el poder judicial continuaron negando la existencia de una minoría macedonia en Bulgaria e insistieron en que no existía obligación legal de protegerla, una política respaldada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

En octubre, el Tribunal Municipal de Sofía denegó la inscripción en el registro a OMO Ilinden PIRIN, partido político que representaba a algunos miembros de la minoría macedonia de Bulgaria, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado en octubre de 2005 que la decisión anterior de prohibir el partido violaba los derechos a la libertad de reunión y de asociación. En noviembre, el ponente del Parlamento Europeo sobre Bulgaria y el comisario de la Comisión Europea para la Ampliación instaron al gobierno a permitir la inscripción de OMO Ilinden PIRIN como partido político.

Atención a la salud mental:

motivos de preocupación

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió que se ofreciesen condiciones de vida dignas a las personas con discapacidad mental que vivían en hogares sociales y hospitales psiquiátricos en los que aún no se habían hecho reformas. También pidió que aumentasen los fondos destinados a la alimentación de las personas recluidas en instituciones y que se crease un sistema para garantizar la revisión judicial de las decisiones de recluir a estas personas.

En junio, el Comité Búlgaro de Helsinki informó de que las instalaciones higiénicas de estas instituciones estaban en condiciones pésimas, y que no se habían aplicado los procedimientos requeridos para someter a los pacientes a tratamientos obligatorios e involuntarios según lo establecido en la Ley de Salud de 2005.

En octubre, dos ONG, el Centro para la Defensa de las Personas con Discapacidad Mental y el Comité Búlgaro de Helsinki, llevaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de un hombre al que consideraban que se había recluido innecesariamente en un hospital psiquiátrico y se le habían administrado psicofármacos contra su voluntad, a pesar de que cinco psiquiatras habían recomendado que recibiese tratamiento como paciente externo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

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