Brasil - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federativa de Brasil

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Brasil is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
193,7 millones
Esperanza de vida
72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
33/25 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90 por ciento

Las reformas en materia de seguridad pública, aunque limitadas, indicaron que las autoridades reconocían que desde hacía tiempo no se había prestado a la cuestión la atención necesaria. Sin embargo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguieron haciendo uso excesivo de la fuerza y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y torturas impunemente. El sistema de reclusión se caracterizaba por unas condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que imperaba la tortura. Se acusó formalmente de implicación en la delincuencia organizada y en los escuadrones de la muerte a numerosos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los pueblos indígenas, los trabajadores sin tierras y las pequeñas comunidades rurales continuaron sufriendo amenazas y ataques por defender su derecho a la tierra. A pesar del programa nacional puesto en marcha por el gobierno para protegerlos, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas sociales siguieron siendo objeto de amenazas, ataques y cargos de motivación política.

Información general

Al aproximarse el fin del mandato presidencial, el gobierno del presidente Lula había contribuido a potenciar el papel de Brasil en el escenario internacional. La política de Brasil para construir una alianza “meridional” capaz de desafiar las arraigadas estructuras de poder “del norte” contribuyó a producir cambios en la política mundial. Sin embargo, para alcanzar este objetivo se sacrificó en ocasiones el apoyo a un programa de derechos humanos más amplio, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En cuanto a la política interna, la opinión imperante era que el gasto social del gobierno del presidente Lula había contribuido a reducir las desigualdades socioeconómicas.

En agosto se celebró en Brasil, por primera vez en su historia, un congreso nacional sobre seguridad pública, en el que organizaciones de la sociedad civil y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contribuyeron a elaborar la política gubernamental en este ámbito. La sociedad civil acogió de manera muy positiva el tercer plan nacional de derechos humanos puesto en marcha por el gobierno en diciembre. El plan, sin embargo, fue muy criticado por las fuerzas armadas, la Iglesia católica y los grupos de presión de los terratenientes, ya que contemplaba medidas para abordar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la tierra. Todas estas cuestiones constituían graves amenazas para la protección de los derechos humanos en el país.

Impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Uno de los puntos recogidos en el plan nacional de derechos humanos era la promesa de crear una comisión de la verdad y la reconciliación con el fin de investigar los abusos perpetrados durante el régimen militar (1964-1985). Algunas ONG y familiares de víctimas criticaron las propuestas iniciales porque entre las atribuciones de la comisión no figuraba, al parecer, el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, a pesar de su carácter limitado, las propuestas recibieron duras críticas de las fuerzas armadas, y el Ministerio de Defensa trató de que se restringieran aún más.

Por otra parte, se cuestionó cada vez más la persistente impunidad por delitos perpetrados durante el régimen militar. En agosto, el Tribunal Supremo resolvió que se podía extraditar a Argentina a un ciudadano uruguayo, el coronel Manuel Cordero Piacentini, para ser juzgado por cargos relacionados con la desaparición forzada y la tortura de ciudadanos uruguayos y argentinos en el marco de la Operación Cóndor, plan conjunto adoptado por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a quienes se les oponían.

Al finalizar el año, el Tribunal Supremo no se había pronunciado todavía sobre un recurso presentado por el Colegio de Abogados de Brasil y por un destacado experto en asuntos judiciales contra diversas interpretaciones de la Ley de Amnistía.

Policía y fuerzas de seguridad

Se recibieron de todo el país informes persistentes sobre uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de agentes de policía. Los vecinos de favelas o comunidades pobres, controladas a menudo por bandas de delincuentes armados, eran objeto de batidas policiales efectuadas al estilo militar. Los policías que actuaban en primera línea corrían peligro también, y muchos murieron en el cumplimiento de su deber.

Algunos estados pusieron en marcha sus propios planes de seguridad pública, aunque con resultados diversos. Las Unidades de Policía Pacificadoras, en Río de Janeiro, y la iniciativa Pacto por la Vida, en el estado de Pernambuco, afirmaron que habían reducido la delincuencia y mejorado la seguridad de las zonas socialmente excluidas. Algunos sectores sociales acogieron positivamente estas iniciativas porque constituían una alternativa a los métodos represivos y abusivos de actuación policial antes utilizados, pero algunos vecinos de las zonas donde se aplicaban los planes se quejaron de discriminación. Al margen de estos planes, la policía siguió perpetrando numerosas violaciones de derechos humanos.

En contra del tercer plan nacional de derechos humanos y de las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las autoridades siguieron calificando los homicidios policiales de “actos de resistencia”. Centenares de homicidios quedaron sin investigar de manera satisfactoria, y las acciones judiciales al respecto fueron escasas o nulas. Un estudio del Instituto de Seguridad Pública, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, reveló que entre enero de 1998 y septiembre de 2009 habían muerto 10.216 personas en dicho estado a consecuencia de incidentes registrados como “actos de resistencia”. A lo largo del año, la policía mató en Río de Janeiro a 1.048 personas en presuntos “actos de resistencia”. En São Paulo, durante el mismo periodo, los homicidios policiales ascendieron a 543, es decir, un 36 por ciento más que en 2008, mientras que los perpetrados por la policía militar aumentaron un 41 por ciento.

En las favelas de São Paulo, el gobierno del estado siguió llevando a cabo “operaciones de saturación” (operações saturação), en las que la policía ocupaba un barrio al estilo militar durante 90 días y luego se retiraba. Miembros de la comunidad de Paraisópolis, en São Paulo, denunciaron torturas, uso excesivo de la fuerza, actos de intimidación, extorsiones, robos y registros arbitrarios y abusivos durante una “operación de saturación” efectuada por la policía en febrero.

En octubre murieron en Río de Janeiro tres agentes al ser derribado un helicóptero de la policía durante un conflicto entre bandas rivales de narcotraficantes. Los miembros de las bandas empezaron a incendiar autobuses y a expulsar a vecinos de sus casas con la intención de distraer la atención de la policía del ataque que estaban llevando a cabo contra una comunidad rival, y durante el cual tuvo lugar el derribo del helicóptero. La policía realizó una serie de operaciones, calificadas de “castigo” por un alto funcionario del cuerpo, en el transcurso de las cuales murieron más de 40 personas. Entre los fallecidos se encontraban una mujer de 24 años que fue alcanzada por una bala perdida cuando sostenía en los brazos a su hijo de 11 meses, y un chico de 15 años, que al parecer fue abatido también por la policía cuando sacaba la basura.

Vecinos de las favelas de Acari y Maré, en Río de Janeiro, denunciaron que las violentas operaciones policiales solían coincidir con la hora de salida de las escuelas, lo que comportaba un peligro para los niños y niñas y obligaba a cerrar los colegios. Se denunciaron también torturas, actos de intimidación, registros ilegales y arbitrarios, extorsiones y robos. Se afirmaba asimismo que la policía había alquilado en Maré un vehículo blindado del tipo caveirão (“gran calavera”) a unos narcotraficantes implicados en una lucha territorial.

Milicias

La propagación de las milicias –grupos armados de estilo paramilitar integrados en gran parte por agentes de policía fuera de servicio– llegaba a tal extremo, que un estudio académico aseguraba que en Río de Janeiro controlaban más favelas que las bandas de narcotraficantes. Aprovechándose de su poder sobre las comunidades para obtener beneficios económicos y políticos ilícitos, las milicias amenazaban la vida de millares de personas y las instituciones mismas del Estado. Jueces, fiscales, policías y un diputado regional recibieron repetidas amenazas de muerte de las milicias. En las operaciones organizadas por las autoridades estatales para combatir sus actividades se llevaron a cabo varias detenciones. Sin embargo, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de investigar las milicias siguió criticando que las autoridades municipales y federales no aplicaran las recomendaciones de la comisión para combatir su propagación.

Tortura y condiciones de reclusión

Las personas detenidas seguían sometidas a condiciones crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba de manera habitual como método de interrogatorio, castigo, control, humillación y extorsión. El hacinamiento continuaba siendo un grave problema. El control de los centros de detención por bandas de delincuentes comportaba un elevado nivel de violencia entre los reclusos. La falta de un sistema de supervisión independiente y los altos niveles de corrupción contribuían a perpetuar el inveterado problema de la violencia en las cárceles y en los centros de detención de menores. Al terminar el año no se habían establecido todavía mecanismos para la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

En el estado de Espírito Santo siguieron denunciándose algunas de las condiciones más duras de reclusión. Se recibieron informes sobre torturas, condiciones extremas de hacinamiento y la utilización de contenedores como celdas (denominadas “hornos microondas”). Se denunciaron también casos de descuartizamiento de presos a manos de otros reclusos. Tras las intensas presiones ejercidas por grupos locales de derechos humanos y organismos de control federales y estatales, se pusieron en marcha algunos planes para la construcción de cárceles. En marzo se suprimió por fin la prohibición ilegal de las visitas de inspección a los centros de detención.

En diciembre, tras aparecer pruebas sobre torturas y un intento de homicidio en la prisión de Urso Blanco (estado de Rondônia), la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una nueva resolución –la séptima desde 2002– en la que pedía al gobierno brasileño que garantizara la seguridad de las personas encarceladas en dicho centro penitenciario. Al finalizar 2009, el Tribunal Supremo no se había pronunciado todavía sobre la petición presentada en octubre de 2008 por el fiscal general solicitando la intervención de las autoridades federales en el caso.

Conflictos sobre tierras

Los conflictos sobre tierras siguieron generando abusos contra los derechos humanos a manos de agentes de policía y de hombres armados contratados por los hacendados. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, dependiente de la Iglesia católica, entre enero y mediados de noviembre de 2009 asesinaron en Brasil a 20 personas en relación con conflictos de este tipo.

  • En agosto, en el estado de Rio Grande do Sul, la policía militar mató a tiros al trabajador sin tierras Elton Brum da Silva durante un desalojo del rancho Southall, en el municipio de São Gabriel. Tras el desalojo, ONG locales acusaron a la policía de haber empleado métodos de tortura, como patadas, puñetazos, golpes con porras y descargas de armas Taser.
  • En agosto, 50 agentes de la policía militar desalojaron a un grupo de trabajadores sin tierras de la hacienda Pôr do Sol, en el estado de Maranhão: golpearon a algunos de sus dirigentes y amenazaron a otros verbalmente. También incendiaron casas y destruyeron efectos personales, incluidos documentos.
  • En octubre, 20 hombres armados y encapuchados, dirigidos al parecer por un hacendado local, atacaron un asentamiento de 20 familias en el municipio de São Mateus (estado de Maranhão). Tras el ataque, hombres armados siguieron amenazando con matar a todas las familias establecidas en la zona.

Derechos laborales

Siguieron violándose los derechos de los trabajadores, especialmente en el sector agrícola. Pese a los amplios esfuerzos por combatir esta práctica, se descubrió que miles de trabajadores permanecían recluidos en condiciones consideradas análogas a la esclavitud en virtud de la legislación nacional.

En noviembre, en una decisión histórica, un juez federal del estado de Pará condenó a 27 personas a penas de cárcel que oscilaban entre 3 años y 4 meses y 10 años y 6 meses por emplear mano de obra esclava. Los informes emitidos entre 1999 y 2008 por los fiscales laborales, responsables de vigilar la aplicación de la legislación laboral, dieron lugar a varios procesamientos.

El gobierno presentó en junio el Compromiso Nacional para la Mejora de las Condiciones Laborales en el Sector Azucarero, acuerdo voluntario suscrito por el gobierno, el sector y los sindicatos sobre unos requisitos mínimos. El acuerdo se firmó tras las persistentes críticas en torno a las violaciones de los derechos laborales en el sector de la caña de azúcar.

Derecho a una vivienda adecuada

En las ciudades, las personas sin hogar eran objeto de amenazas, ataques y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Varios desalojos forzosos efectuados en São Paulo dieron a entender que, con el fin de poder desarrollar proyectos de desarrollo urbanístico, se estaba practicando una política de demolición de barrios marginales sin respetar los derechos de las personas desalojadas.

  • El 18 de junio, la policía antidisturbios cargó en São Paulo contra un grupo de 200 familias que dos días antes habían sido desalojadas de unos edificios públicos y estaban viviendo en el borde de una carretera. La policía utilizó aerosoles de pimienta, gases lacrimógenos y porras contra miembros del grupo que intentaron bloquear la carretera con barricadas de fuego. Según el Movimiento de los Sin Techo del Centro, resultaron heridas cinco personas, incluido un menor de edad.
  • En agosto, la policía antidisturbios empleó balas de goma, gases lacrimógenos y helicópteros durante unos desalojos efectuados en la comunidad de Olga Benário, en Capão Redondo, en el sur de São Paulo. Alrededor de 500 familias se quedaron sin hogar en unas condiciones extremadamente precarias. En diciembre, tras una serie de protestas registradas dentro y fuera del país, las autoridades del estado de São Paulo aceptaron recuperar tierras para construir en ellas viviendas sociales.

Plan de Crecimiento Acelerado

El gobierno y algunos analistas económicos creían que el Plan de Crecimiento Acelerado garantizaba la estabilidad económica del país. Sin embargo, se recibieron informes según los cuales algunos proyectos amenazaban los derechos humanos de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Los proyectos, que incluían la construcción de embalses, carreteras y puertos, se vieron acompañados en ocasiones de desalojos forzosos, pérdida de medios de subsistencia y amenazas y ataques contra manifestantes y defensores de los derechos humanos.

  • En agosto, tres dirigentes comunitarios –Isaque Dantas de Souza, Pedro Hamilton Prado y el sacerdote Orlando Gonçalves Barbosa– recibieron varias amenazas de muerte. Unos hombres sin identificar empezaron a vigilarlos y unos hombres armados entraron por la fuerza en el domicilio del sacerdote. Estos hechos ocurrieron después de que los tres hubieran iniciado una campaña para paralizar la construcción de un puerto en Encontro das Aguas, en Manaos (estado de Amazonas), zona de interés ecológico donde vivían varias comunidades de pescadores. La construcción del puerto se financiaba con fondos del Plan. El 2 de septiembre, el padre Barbosa se vio obligado a abandonar Manaos por su propia seguridad.

Derechos de los pueblos indígenas

En marzo, el Tribunal Supremo rechazó un recurso contra la legalidad de la reserva de Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima. El fallo se consideró una victoria del movimiento indígena, pero contenía también varias condiciones que socavaban futuras reivindicaciones.

Mato Grosso do Sul siguió siendo escenario de graves abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. El gobierno del estado y el poderoso grupo de presión de los hacendados recurrieron a los tribunales para bloquear la identificación de las tierras indígenas. Guardias de seguridad y hombres armados contratados por los hacendados atacaron a comunidades guaraní-kaiowás. Las ONG locales pidieron la intervención de las autoridades federales para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras.

  • En octubre, guardias de seguridad armados a sueldo de terratenientes locales atacaron en mitad de la noche a los miembros de la comunidad guaraní-kaiowá de Apyka’y, quienes, después de haber sido desalojados en abril de sus tierras tradicionales, vivían en condiciones muy precarias junto a una autopista cerca de Dourados, Mato Grosso do Sul. Los agresores incendiaron sus viviendas, y un hombre recibió un balazo en una pierna.
  • En noviembre desaparecieron dos profesores indígenas, Genivaldo Vera y Rolindo Vera, después de que el 30 de octubre un grupo de hombres armados desalojara por la fuerza a la comunidad guaraní-kaiowá de Pirajuí de sus tierras tradicionales. El cadáver de Genivaldo Vera se encontró después en un arroyo, con lesiones producidas posiblemente como consecuencia de torturas. Al finalizar el año, Rolindo Vera seguía desaparecido y se temía que hubiera muerto.

El presidente Lula decretó en diciembre la “homologación” –el paso último del proceso de demarcación– de nueve territorios indígenas en los estados de Roraima, Amazonas, Pará y Mato Grosso do Sul. Una semana después del anuncio, el Tribunal Supremo aceptó un recurso presentado por hacendados locales y suspendió el decreto presidencial en relación con la reserva guaraní-kaiowá de Arroio-Korá, en Mato Grosso do Sul. La decisión del Tribunal Supremo se basaba en parte en unas observaciones que se habían adjuntado a la resolución sobre la reserva de Raposa Serra do Sul, en la que se establecía que sólo podían reclamarse tierras ocupadas ya en 1988, año de promulgación de la Constitución.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El programa sobre los defensores de los derechos humanos empezó a aplicarse en dos estados más, con lo que al final de 2009 funcionaba ya en un total de cinco. En muchos casos, sin embargo, no se facilitaba una protección efectiva y las personas que defendían los derechos humanos seguían corriendo un grave peligro porque no existía la voluntad política necesaria para abordar violaciones de derechos humanos de carácter sistémico.

  • En enero, Manoel Mattos, vicepresidente del Partido de los Trabajadores en el estado de Pernambuco y miembro de la comisión de derechos humanos del colegio de abogados de dicho estado, fue asesinado por dos hombres encapuchados que irrumpieron en su domicilio y le dispararon a quemarropa. Llevaba mucho tiempo luchando contra la proliferación de los escuadrones de la muerte y la violencia policial. A pesar de haber recibido amenazas de muerte en repetidas ocasiones, la policía federal le había retirado la protección al final de 2007.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Brasil en mayo y diciembre.

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