Brasil

Human Rights in República Federativa de Brasil

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Brasil is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte abolicionista para los delitos comunes
Población 194,2 millones
Esperanza de vida 71,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 32/24 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 88,6 por ciento

En la sociedad brasileña persistían las grandes diferencias en relación con el disfrute de los derechos humanos. Las iniciativas sociales promovidas por el gobierno y los proyectos de desarrollo económico contribuyeron a reducir ligeramente las desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, a pesar de las pequeñas mejoras conseguidas en la reducción de la pobreza, la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza continuaba siendo una de las mayores de la región, y siguieron sin abordarse en gran medida las violaciones de derechos humanos sufridas por millones de personas que vivían en la pobreza. Las comunidades más pobres siguieron estando excluidas de algunos servicios, padeciendo un alto grado de violencia a manos de bandas de delincuentes y sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la policía.

Las comunidades urbanas marginadas continuaron sufriendo las consecuencias de una protección social inadecuada, de políticas de desarrollo urbano discriminatorias y de la ausencia de medidas sobre seguridad pública. Este hecho comportaba a su vez que muchos de sus miembros vivieran confinados en favelas o en infraviviendas y estuvieran sometidos tanto a la violencia de los delincuentes como a los abusos de la policía.

En las zonas rurales se intimidaba a los campesinos sin tierra y a los pueblos indígenas y se los amenazaba con actos de violencia y desalojos forzosos. La expansión agroindustrial y los proyectos de desarrollo públicos y privados agudizaban la arraigada pobreza y discriminación sufrida desde hacía décadas por las comunidades rurales. Éstas veían conculcados habitualmente sus derechos humanos y constitucionales como consecuencia de la falta de acceso a la justicia y a los servicios sociales o de los actos de violencia e intimidación perpetrados por empresas de seguridad privada de carácter irregular que defendían poderosos intereses económicos.

Muchos de quienes defendían los derechos humanos de las comunidades marginadas, como abogados, sindicalistas y activistas comunitarios, eran criminalizados por las autoridades, y amenazados por aquellos cuyos intereses ponían en peligro.

Información general

En octubre se celebraron elecciones municipales en todo el país. La situación en Río de Janeiro, donde los grupos parapoliciales («milicias» formadas por ex policías o agentes fuera de servicio, bomberos y soldados) y las bandas de narcotraficantes controlaban amplias zonas de la ciudad, se consideraba tan inestable que se desplegó al ejército para proteger la seguridad de los candidatos. En noviembre, más de un centenar de personas perdieron la vida y más de 30.000 se quedaron sin hogar como consecuencia de unas inundaciones que asolaron varias zonas del estado de Santa Catarina.

La corrupción siguió minando la prestación de servicios públicos y el acceso a la justicia. En mayo, una investigación de la policía federal puso al descubierto un plan para el desvío de fondos públicos del Banco de Desarrollo de Brasil destinados a servicios contratados por ayuntamientos de los estados de São Paulo, Río, Paraíba y Rio Grande do Norte. En diciembre, como consecuencia de otra investigación sobre corrupción llevada a cabo en el estado de Espírito Santo, la policía federal detuvo al presidente del Tribunal Supremo del estado, a un miembro de la fiscalía y a varios jueces y abogados por su presunta implicación en sobornos judiciales.

Por primera vez se desafió seriamente el largo historial de impunidad de los delitos cometidos por el régimen militar (1964-1985) en Brasil. En julio, el ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, reabrió el debate al señalar que los actos de tortura no eran un delito político y que, por tanto, no se les podía aplicar la Ley de Amnistía promulgada en 1979. El ministro de Defensa y varios miembros de las fuerzas armadas rechazaron estas afirmaciones. En octubre, el Colegio de Abogados de Brasil pidió al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre esta interpretación de la Ley de Amnistía.

En octubre, el coronel retirado del ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra se convirtió en la primera persona declarada culpable en una causa civil por torturas perpetradas durante el gobierno militar. En una decisión controvertida, abogados del gobierno federal, alegando que la Ley de Amnistía impedía su procesamiento, anunciaron que defenderían al coronel Ustra y al ex coronel Audir dos Santos Maciel, acusado junto con él, en otra causa civil promovida por fiscales federales.

En lo referente al escenario internacional, Brasil presentó en abril un informe en virtud del nuevo mecanismo de control del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el examen periódico universal. El gobierno federal aceptó las recomendaciones del Consejo, que incluían la adopción de medidas para reducir el uso excesivo de la fuerza por la policía, la mejora de las condiciones del sistema carcelario y garantías respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos. Al finalizar el año seguía pendiente de ratificación en el Senado y la Cámara de Diputados una propuesta para adecuar la legislación brasileña al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

"En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra."

Desalojos forzosos y violencia en el medio rural

Siguieron los actos de violencia contra trabajadores rurales sin tierra, a menudo perpetrados por empresas de seguridad privada irregulares o insuficientemente reguladas que trabajaban para terratenientes o milicias ilegales. Continuaron también los desalojos forzosos, en muchos casos con un total desprecio por el proceso legal debido. Se intentó criminalizar a movimientos que apoyaban a las personas sin tierra en sus esfuerzos por conseguir tierras y una reforma agraria.

En el estado de Rio Grande do Sul, algunos fiscales y la policía militar elaboraron un expediente que incluía numerosas denuncias contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y que esta organización describió como un intento de restringir sus actividades y criminalizar a sus miembros. El expediente, que contenía denuncias de vínculos del MST con grupos terroristas internacionales, se utilizó para respaldar en los tribunales peticiones de órdenes de desalojo, ejecutadas en algunos casos por la policía haciendo uso excesivo de la fuerza.

En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra.

  • El 8 de marzo, 15 hombres armados irrumpieron en un asentamiento de 35 familias en Terra Livre, Ortigueira, y amenazaron a niños, golpearon a hombres y mujeres y quemaron sus pertenencias.

Posteriormente se detuvo a siete de los atacantes. Tres semanas después, dos hombres encapuchados mataron a tiros a Eli Dallemore, máximo representante del MST en Terra Livre, en presencia de su esposa y sus hijos.

  • El 8 de mayo, cerca de Cascavel, unos hombres armados, tras irrumpir en un asentamiento de 150 familias con tractores, excavadoras y un camión blindado, efectuaron disparos y destruyeron las cosechas, una escuela y una iglesia. Antes de ser reducidos, intercambiaron disparos con la policía. Se detuvo a 10 personas en relación con el ataque.

El estado de Pará siguió registrando el mayor número de amenazas y homicidios contra activistas que defendían el derecho a la tierra. Apenas ningún responsable compareció ante la justicia.

  • En mayo, el nuevo juicio contra Vitalmiro Bastos de Moura por el homicidio de la hermana Dorothy Stang, activista medioambiental y defensora del derecho a la tierra, ocurrido en febrero de 2005, concluyó con la absolución y la puesta en libertad del acusado. En un juicio anterior, tras ser declarado culpable, Vitalmiro Bastos de Moura había sido condenado a 30 años de cárcel. La absolución fue muy criticada, por ejemplo, por el presidente Lula y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas que luchaban por sus derechos constitucionales a las tierras de sus antepasados seguían siendo víctima de homicidios, violencia, intimidación, discriminación, desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos, que a menudo los sumían en la pobreza. Los retrasos en las decisiones judiciales agravaban también la constante violencia ejercida contra ellos. Tras visitar Brasil en agosto, el relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas criticó la persistente discriminación subyacente en la elaboración de políticas, la prestación de servicios y la administración de justicia, una discriminación que, en su opinión, había infestado en ocasiones sectores enteros de la sociedad, generando violencia.

En mayo, en la reserva de Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, unos hombres encapuchados dispararon y arrojaron bombas incendiarias de elaboración casera contra un grupo de indígenas, hiriendo a 10 de ellos. El atentado se atribuyó a grandes cultivadores de arroz que seguían ocupando de manera ilegal tierras confirmadas como indígenas por el presidente Lula en 2005. Las iniciativas de la policía federal para desalojar a los arroceros quedaron suspendidas hasta que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre un controvertido recurso presentado por el gobierno del estado en torno a la legalidad del proceso de demarcación. En diciembre, ocho de los once magistrados del Tribunal Supremo votaron a favor del mantenimiento de los límites actuales de la reserva, pero la decisión definitiva se aplazó hasta 2009 después de que uno de los jueces pidiera tiempo para reflexionar.

  • En agosto mataron a tiros en una calle muy concurrida de la localidad de Cabrobó, en el estado de Pernambuco, a Mozeni Araújo de Sá, dirigente de la comunidad indígena truká. La víctima era uno de los testigos clave en el homicidio de otros dos indígenas trukás, abatidos a tiros durante la celebración de unas fiestas comunales en junio de 2005. Concurría también a las elecciones locales. El atacante fue detenido, pero al finalizar el año todavía no había sido juzgado.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En todo el país se siguió amenazando, intimidando y agrediendo a defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • En Río de Janeiro, João Tancredo, presidente del Instituto de Defensores de los Derechos Humanos, sobrevivió en enero a un atentado al ser alcanzado su vehículo blindado por cuatro balas. En ese momento volvía de una reunión con vecinos de la favela de Furquim Mendes, en la que había escuchado denuncias contra un agente de policía conocido como «el depredador», acusado de cinco homicidios cometidos en el barrio.

Pará siguió siendo el estado con más defensores de los derechos humanos amenazados. Según el Programa Estatal de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Pará, 50 defensores como mínimo se encontraban amenazados, y menos de 10 recibían una protección adecuada.

Policía y fuerzas de seguridad

El sistema de justicia penal brasileño siguió caracterizándose por la negligencia, la discriminación y la corrupción. Aunque según los informes se produjo un ligero descenso del índice de homicidios en general, las comunidades pobres de los centros urbanos y las ciudades pequeñas del interior continuaron registrando una alta tasa de homicidios y actos de delincuencia violenta. Se descubrió la participación de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en escuadrones de la muerte, milicias y actividades delictivas.

No se registraron grandes avances en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía (PRONASCI), establecido por el gobierno para prevenir la delincuencia y promover la inclusión social en las zonas urbanas más violentas de Brasil. Pocos estados presentaron proyectos adecuados para que el PRONASCI los financiara.

Río de Janeiro

Las autoridades estatales siguieron promoviendo una actuación policial enérgica, ejemplificada por operaciones a gran escala en las que decenas de agentes, vehículos blindados y helicópteros participaban en incursiones en las favelas de la ciudad. En enero murieron seis personas en una operación realizada en las favelas de Jacarezinho y Mangueira. Dos operaciones efectuadas en abril, una en las favelas de Coréia y Vila Aliança y la otra en Vila Cruzeiro, se saldaron con la muerte de 20 personas; al menos 7 residentes resultaron heridos por balas perdidas. Otras 10 personas murieron en agosto durante una operación realizada en Duque de Caixas, en Baixada Fluminense.

Aunque el número de homicidios en la ciudad de Río de Janeiro disminuyó respecto a 2007, los homicidios policiales registrados como «actos de resistencia» representaron aproximadamente un aséptima parte de la cifra total de muertes violentas ocurridas entre enero y octubre de 2008. Persistieron los homicidios perpetrados por agentes de policía fuera de servicio. Las investigaciones de la policía civil revelaron que 12 agentes, incluidos dos del cuerpo de élite denominado Batallón de Operaciones Especiales, actuaban como pistoleros a sueldo. Se siguió intimidando a personas que se oponían a la delincuencia organizada. Al menos 17 funcionarios públicos, incluidos tres jueces, siete fiscales, cinco jefes de policía y un diputado estatal, recibieron amenazas de muerte de milicias y bandas de delincuentes. Al finalizar el año, a muchos de ellos se les estaba facilitando protección policial.

En junio, el Parlamento inició una investigación sobre el papel de las milicias en el presunto control de unas 170 favelas. La adopción de esta medida se produjo tras recibirse la noticia de que las milicias que controlaban la favela de Batan, en el oeste de Río de Janeiro, habían secuestrado y torturado a tres redactores del periódico O Dia y a un vecino de la favela. La investigación puso al descubierto una trama de corrupción, violencia, extorsión a cambio de protección y prácticas electorales indebidas que se extendía incluso a algunas instituciones del estado, y con amplios vínculos entre agentes de policía corruptos, milicias y políticos estatales y municipales. Como consecuencia de la investigación fueron encarcelados varios jefes importantes de las milicias, incluido un diputado estatal.

  • En agosto, unos hombres enmascarados, vinculados presuntamente con las milicias, mataron a tiros a siete vecinos de la favela de Barbante, entre ellos un comerciante de la zona que se había negado a pagar el «impuesto» de las milicias.

São Paulo

Aunque según los informes disminuyó en general el número de homicidios, las estadísticas oficiales indicaban que los homicidios perpetrados por agentes de la policía militar en el estado de São Paulo habían aumentado ligeramente, de 325 entre enero y septiembre de 2007 a 353 en el mismo periodo de 2008. Se recibieron también numerosos informes sobre homicidios múltiples. En la periferia de la ciudad de São Paulo seguían actuando escuadrones de la muerte vinculados con la policía.

  • Entre abril y octubre se encontraron cinco cadáveres decapitados en Itapecerica da Serra. La policía civil investigaba la posible participación en estos homicidios del escuadrón de la muerte denominado «los Montañeses», compuesto presuntamente por 10 agentes de la policía militar.

Región nororiental

En su informe sobre la visita que realizó a Brasil en noviembre de 2007, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que el Ministerio Público de Pernambuco estimaba que alrededor del 70 por ciento de los homicidios registrados en el estado los cometían escuadrones de la muerte y que, según una comisión de investigación del Parlamento federal, en el 80 por ciento de los crímenes cometidos por grupos de exterminio estaban implicados policías o ex policías.

Las comunidades de Macéio, en el estado de Alagoas, se encontraban a merced de las bandas de narcotraficantes.

  • En Benedito Bentes, un suburbio pobre de Macéio, bandas locales de narcotraficantes amenazaron en repetidas ocasiones a dirigentes comunitarios y al alcalde electo. En noviembre, tras un tiroteo en el que dos personas murieron y seis resultaron heridas, los narcotraficantes ordenaron un toque de queda, que incluía el cierre de la escuela local y de la asociación de vecinos.

Torturas y otros malos tratos

A pesar de varias iniciativas del gobierno, como la reciente ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, las torturas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguían siendo un fenómeno habitual tanto en el momento de la detención como durante los interrogatorios y bajo custodia. Estas torturas rara vez se denunciaban, se investigaban y se enjuiciaban con arreglo a la Ley sobre la Tortura promulgada en 1997.

  • En el estado de Piauí, dos agentes del IV Batallón de la Policía Militar destacados en la localidad de Picos fueron acusados de torturar a dos jóvenes a los que habían detenido en octubre como sospechosos de robo. Los golpearon en la espalda y en los genitales. Un examen médico reveló una fuerte inflamación de los testículos y numerosas magulladuras. Al finalizar el año se estaba juzgando a dos agentes de la policía militar por este caso y se había relevado de su puesto al jefe del batallón en espera del resultado de las investigaciones.

En el interior de muchas cárceles reinaban las bandas de delincuentes, y los presos eran víctima con frecuencia de torturas y malos tratos, e incluso de homicidios, a manos de guardias o de otros reclusos. En algunos estados, contraviniendo las normas internacionales, siguieron aplicándose a los presos periodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento en las cárceles de máxima seguridad.

  • En septiembre se encontró a tres presos muertos a puñaladas en el Centro Penitenciario Paulo Sarasate, en Fortaleza, estado de Ceará. En noviembre otros dos reclusos fueron quemados vivos en su celda. Con estas muertes, el total de homicidios de presos ocurridos en el Centro en 2008 se elevó a 18. Las autoridades los atribuyeron a conflictos entre bandas dentro de la cárcel.

En una decisión histórica, el fiscal general remitió al Tribunal Supremo Federal una petición en la que se solicitaba la intervención de las autoridades federales en el estado de Rondônia para impedir las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas en la prisión de José Mário Alves, conocida como Urso Branco. La solicitud se produjo después de que ONG nacionales y locales, Justicia Global y la Comisión de Justicia y Paz hubieran venido denunciando durante ocho años violaciones, incluidas torturas y ejecuciones.

Siguieron recibiéndose informes sobre malos tratos y abusos en los correccionales de menores.

  • En julio, internos de la Fundación Centro de Atención Socioeducativa al Adolescente (CASA), en el Complexo de Franco da Rocha de São Paulo, denunciaron que tras unos disturbios los habían encerrado en sus celdas y los habían golpeado con porras, barras de hierro, palos con clavos y el mango de una azada.
  • En noviembre, un muchacho de 17 años murió en unas dependencias del Departamento General de Acciones Socioeducativas (DEGASE) de Río de Janeiro como consecuencia de las lesiones sufridas en la cabeza en el centro de detención Educandário Santo Expedito, en Bangu. Unos testigos afirmaron que lo habían golpeado unos guardias. Se inició una investigación policial sobre el caso.

Derechos de las mujeres

Las mujeres siguieron siendo víctima de abusos y actos de violencia. Las supervivientes pertenecientes a comunidades pobres carecían de servicios básicos y tenían acceso limitado a la justicia. Sus contactos con el sistema de justicia penal solían tener como resultado malos tratos y actos de intimidación.

Las mujeres de comunidades dominadas por milicias o bandas de delincuentes eran objeto de abusos, con pocas perspectivas de obtener reparación.

  • En un estudio sobre las milicias publicado en agosto por el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, se denunciaba el trato dado a una mujer acusada de infidelidad en Bangu, una comunidad dominada por las milicias: le habían arrancado la ropa delante de su casa, le habían rapado la cabeza y la habían obligado a caminar desnuda por toda la favela.

Continuó aumentando el número de presas. Según cifras del Departamento Penitenciario Nacional, la población reclusa femenina aumentó un 77 por ciento respecto a los ocho años anteriores, un incremento superior al de la población reclusa masculina. Las reclusas seguían sufriendo malos tratos, hacinamiento, asistencia inadecuada durante el parto y falta de prestaciones para el cuidado de sus hijos.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional visitaron Brasil en mayo y noviembre. En abril hicieron un seguimiento del informe de Brasil al mecanismo del examen periódico universal.

Informes de Amnistía Internacional

Brasil: Nosotras recogemos los platos rotos. La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil (17 abril 2008)

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