Brasil - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federativa de Brasil

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Brasil is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
PoblaciÓn : 191,3 millones
Esperanza de vida : 71,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 34/26 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 88,6 por ciento

Los habitantes de las comunidades marginadas siguieron sufriendo la enorme violencia de la policía y las bandas organizadas de delincuentes. Las operaciones policiales llevadas a cabo en estas comunidades se saldaron con miles de personas muertas y heridas y, a menudo, agravaron la situación de exclusión social. Los escuadrones de la muerte vinculados a la policía fueron responsables también de centenares de homicidios.

El sistema de justicia penal no pidió cuentas a los responsables de estos abusos y perpetró un amplio abanico de violaciones de derechos humanos contra las personas recluidas en los centros penitenciarios y en los correccionales de menores, atestados y sin recursos económicos suficientes. Las mujeres siguieron siendo objeto de tortura y otros malos tratos en las prisiones y en los calabozos de la policía.

Agentes de policía y guardias de seguridad privados amenazaron y atacaron a activistas del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y a indígenas que luchaban en favor del derecho de acceso a la tierra. Se denunciaron casos de explotación laboral y trabajo forzado en muchos estados, entre otros en el sector de la caña de azúcar, que experimentaba un rápido crecimiento.

El gobierno federal puso en marcha un nuevo plan para combatir la violencia urbana, reforzó el programa para los defensores y defensoras de los derechos humanos y creó un organismo independiente para la prevención de la tortura.

Información general

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva empezó su segundo mandato presidencial en enero de 2007, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los nuevos gobiernos de los estados. El principal puntal de la política del gobierno federal era el Programa de Aceleración del Crecimiento, dirigido a modernizar infraestructuras básicas como la red de carreteras, las redes de saneamiento y las instalaciones portuarias y a financiar diversos programas sociales. Las ONG brasileñas expresaron su preocupación por la repercusión de algunas medidas, como la apertura de carreteras y la construcción de presas cerca de las tierras indígenas. El programa de redistribución de recursos emprendido por el gobierno federal –el denominado subsidio familiar– contribuyó a reducir la pobreza extrema. En noviembre, según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Brasil figuró por primera vez en la lista de países con un elevado índice de desarrollo humano.

Los escándalos de corrupción persiguieron al gobierno federal y a los gobiernos de los estados. Las investigaciones a gran escala efectuadas por la policía federal sacaron a la luz actos de corrupción tales como actividades de juego ilegales, sobornos y desvío de dinero de contratos públicos «hinchados» artificialmente. El desvío ilegal de dinero afectó también a los fondos federales destinados a infraestructuras y proyectos sociales en estados como los de Maranhão y Piauí, dos de los más pobres de Brasil.

De conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, ratificado por Brasil en enero, el gobierno federal creó un organismo independiente para la prevención de la tortura, dotado de autoridad para efectuar visitas a prisiones y comisarías de policía sin previo aviso.

En agosto, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos publicó un informe titulado El derecho a la memoria y a la verdad. En él se detallaban 475 casos de tortura y desaparición registrados durante el gobierno militar (1964-1985) y su publicación supuso el reconocimiento oficial de que bajo dicho régimen se habían perpetrado abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, siguieron cerrados algunos archivos militares, y familiares de personas desaparecidas a manos del Estado durante ese periodo continuaron buscando los restos de sus seres queridos. Brasil seguía siendo uno de los pocos países de la región que no habían derogado las leyes que concedían impunidad a altos cargos de los regímenes militares por graves abusos contra los derechos humanos, como la tortura.

Policía y servicios de seguridad

Las comunidades pobres siguieron atrapadas entre las actividades de las bandas delictivas que dominaban las zonas en las que estaban afincadas y los métodos violentos y discriminatorios empleados por la policía. A consecuencia de ello, muchas personas de estas comunidades padecían privaciones económicas y sociales profundamente arraigadas.

La respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales a la violencia criminal fue heterogénea. El gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía, centrado en la prevención de la delincuencia, la inclusión social, la rehabilitación de las personas encarceladas y la mejora de los salarios de los agentes de policía. Sin embargo, a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía, el presidente Lula y altos cargos de su gobierno respaldaron públicamente algunas operaciones policiales de marcado carácter militar, sobre todo en Río de Janeiro.

En lo que se refiere a los estados, aunque algunos gobiernos prometieron reformas, la mayoría de sus fuerzas de policía siguieron empleando métodos violentos, discriminatorios y corruptos para combatir y atajar la delincuencia en las comunidades pobres, sin apenas vigilancia ni control. En ningún lugar se evidenció este hecho con tanta fuerza como en Río de Janeiro, donde se incumplieron las promesas de reforma formuladas anteriormente y el gobernador del estado adoptó una postura pública cada vez más draconiana y belicosa respecto a las cuestiones relacionadas con la seguridad. La intensificación de la política consistente en realizar operaciones policiales de tipo militar a gran escala costó centenares de vidas. Según estadísticas oficiales, la policía mató en el estado a al menos 1.260 personas en 2007, la cifra más alta hasta la fecha. Todos estos homicidios fueron catalogados oficialmente como «actos de resistencia», y apenas se investigaron en profundidad, si es que llegaron a investigarse.

  • Decenas de personas murieron y muchas más resultaron heridas durante las operaciones policiales efectuadas en el Complexo do Alemão –un asentamiento de 21 comunidades excluidas socialmente, situado en la zona norte de Río de Janeiro, que alberga a más de 100.000 personas– y en la vecina Vila da Penha. Miles de personas más sufrieron los efectos del cierre de escuelas y centros de salud y cortes en el suministro de agua y electricidad. Durante las operaciones se recibieron denuncias de ejecuciones extrajudiciales, palizas, actos de vandalismo y robos perpetrados por la policía. Algunos residentes afirmaron que ésta había utilizado uno de sus vehículos blindados (caveirão) como calabozo ambulante y que en él había propinado palizas y aplicado descargas eléctricas.

La oleada de represión culminó con una «megaoperación» efectuada a finales de junio en la que participaron 1.350 personas, entre civiles, militares y miembros del cuerpo de élite de la policía nacional del gobierno federal. La policía mató a al menos 19 presuntos delincuentes, entre ellos un muchacho de 13 años, y una decena de transeúntes resultaron heridos. Se confiscaron 13 armas y una gran cantidad de drogas, pero no se detuvo a nadie. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro y la Secretaría Especial de Derechos Humanos del gobierno federal anunciaron que las investigaciones independientes sobre los informes forenses y periciales oficiales habían revelado sólidos indicios de ejecuciones sumarias. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que visitó Río de Janeiro en noviembre, criticó la falta de investigaciones oficiales sobre los homicidios y llegó a la conclusión de que la operación había tenido una motivación política.

  • En octubre, una operación policial realizada en Coréia, barrio marginal de Senador Camará, en la zona oeste de Río de Janeiro, se saldó con la muerte de 12 personas: un niño de cuatro años alcanzado presuntamente en el tiroteo, un agente de policía y 10 «sospechosos», entre ellos un muchacho de 14 años. En un reportaje emitido por la televisión nacional brasileña se veía cómo dos hombres morían por los disparos efectuados desde un helicóptero cuando intentaban huir del lugar de los hechos.

Milicias de carácter paramilitar, compuestas por bomberos y policías fuera de servicio, siguieron dominando amplias zonas de los barrios marginales de Río de Janeiro.

  • En abril, Jorge da Silva Siqueira Neto, presidente de la asociación de vecinos de Kelson, un barrio de Penha dominado por las milicias, se vio obligado a abandonar el barrio tras recibir amenazas de muerte. Acusó a cinco miembros de la policía militar de haber asumido «poderes dictatoriales» en el barrio y presentó sendas denuncias en la unidad de investigaciones internas de la policía, en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado. Tres de los policías estuvieron detenidos brevemente, pero quedaron en libertad a principios de septiembre. Cuatro días después, Jorge da Silva Siqueira Neto murió como consecuencia de unos disparos. Se abrió una investigación, pero al concluir el año no había progresado.

Las autoridades estatales de São Paulo anunciaron, una vez más, una reducción del número oficial de homicidios perpetrados por la policía, pero las cifras se pusieron en duda. Continuaron, sin embargo, las violaciones de derechos humanos a manos de la policía.

  • En la localidad de Bauru, según los informes, miembros de la policía militar torturaron y mataron a un muchacho de 15 años, Carlos Rodrigues Júnior, en su propio domicilio. Según los informes forenses, le aplicaron 30 descargas eléctricas mientras lo interrogaban sobre el robo de una motocicleta. Al finalizar el año permanecían detenidos de forma preventiva seis policías en relación con este caso.

Escuadrones de la muerte

En los primeros 10 meses de 2007 se registraron en São Paulo 92 muertes como consecuencia de homicidios múltiples vinculados con los escuadrones de la muerte, la mayoría en la zona norte de la ciudad. Se estaba investigando a varios agentes de policía en relación con la muerte de más de 30 personas en las localidades de Ribeirão Pires y Osasco. Se recibieron también informes de homicidios a manos de los escuadrones de la muerte en otros estados, sobre todo en Río de Janeiro (especialmente en la Baixada Fluminense), Espírito Santo, Bahía, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Ceará.

  • En agosto, un grupo de encapuchados mató a tiros a Aurina Rodrigues Santana, a su esposo, Rodson da Silva Rodrigues, y a su hijo, Paulo Rodrigo Rodrigues Santana Braga, mientras dormían en su casa del distrito de Calabetão, en Salvador, estado de Bahía. El ataque se produjo después de que la familia hubiera denunciado que cuatro miembros de la policía militar habían torturado a su hijo y a la hermana, de 13 años.

En abril se registró una novedad positiva: la Policía Federal desarticuló un escuadrón de la muerte en el estado de Pernambuco, responsable al parecer de la muerte de más de un millar de personas a lo largo de cinco años. Otro escuadrón de la muerte fue desarticulado en noviembre con la detención de 34 personas, entre las que figuraban policías, abogados y pequeños comerciantes.

Prisiones: tortura y otros malos tratos

El hacinamiento extremo, las deficientes condiciones higiénicas, la violencia entre bandas y los disturbios siguieron minando el sistema penitenciario. La tortura y los malos tratos eran un fenómeno corriente.

  • En agosto, 25 reclusos murieron calcinados en la prisión de Ponte Nova, en el estado de Minas Gerais, como consecuencia de una reyerta entre facciones.
  • En el estado de Espírito Santo, entre acusaciones de tortura y malos tratos, el gobierno impidió el acceso a las celdas de las cárceles al Consejo Estatal de Derechos Humanos, órgano oficial facultado por la legislación del estado para vigilar el sistema penitenciario.
  • En 2007 murieron más de 20 personas en la prisión de Aníbal Bruno, en el estado de Pernambuco. El centro, que padecía una insuficiencia crónica de personal y albergaba más del triple de reclusos de los que era capaz de alojar, llevaba tiempo siendo objeto de denuncias de tortura y malos tratos.

Siguieron suscitando preocupación las condiciones de reclusión en los correccionales de menores en todo Brasil. Continuaron recibiéndose denuncias de hacinamiento, palizas y malos tratos. La directora de la Fundação Casa de São Paulo –lo que antes era la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor– fue destituida en virtud de una resolución judicial en la que se criticaban las deficientes condiciones higiénicas y de habitabilidad del centro de Tietê. El Tribunal Supremo del estado anuló después la orden de destitución.

Violencia contra las mujeres

En 2007 empezaron a verse en los tribunales las demandas presentadas en virtud de la ley «Maria da Penha», promulgada en 2006, que penalizaba la violencia doméstica. Aunque la ley supuso un avance significativo, la falta de recursos, la dificultad para hacer cumplir las órdenes de alejamiento y los deficientes servicios de apoyo obstaculizaron su aplicación efectiva.

En las comunidades marginadas, a causa de la falta de protección oficial, las mujeres corrían peligro de ser víctimas de la violencia tanto de los delincuentes como de la policía. Asimismo, en las comunidades dominadas por los narcotraficantes sufrían discriminación, violencia y los efectos de la falta de acceso a servicios básicos. Se recibieron informes sobre mujeres a las que se les había rapado la cabeza por infidelidad, se las había expulsado de sus comunidades por ser seropositivas o se las había obligado a prestar favores sexuales como pago por sus deudas. Normalmente las mujeres tenían demasiado miedo como para presentar una denuncia. Aquellas que luchaban para que se hiciera justicia a familiares que habían muerto a manos de la policía sufrían con frecuencia amenazas e intimidación.

Aunque las mujeres constituían una parte pequeña pero creciente de la población reclusa, sus necesidades se descuidaban de forma sistemática. Se recibieron denuncias de tortura, palizas y abusos sexuales perpetrados en comisarías y cárceles.

  • En noviembre, una muchacha de 15 años fue recluida en una comisaría de la localidad de Abaetetuba, en el estado de Pará, acusada de un pequeño hurto. Durante un mes la obligaron a compartir celda con un grupo de entre 20 y 30 hombres. Según los informes, la violaron en repetidas ocasiones a cambio de comida. Al parecer, cuando se conoció el caso, unos agentes de policía la amenazaron, y entonces se le facilitó protección. Según los informes, su familia también fue amenazada por la policía, por lo que tuvo que ser incluida en un programa de protección de testigos. El caso alcanzó una gran difusión y varios organismos federales iniciaron investigaciones que revelaron numerosos casos de reclusas que sufrían graves violaciones de derechos humanos en todo el estado.

Conflictos sobre tierras

Continuó la violencia en el medio rural, a menudo en el contexto de las disputas entre los grandes terratenientes y los trabajadores rurales sin tierra, los pueblos indígenas y los quilombolas (miembros de comunidades de antiguos esclavos huidos). Otras fuentes de conflicto eran la expansión de monocultivos –como las plantaciones de eucalipto y soja–, las explotaciones ilegales de madera y minas, y la existencia de proyectos de desarrollo como la construcción de presas o el desvío del río São Francisco. Suscitaba también una honda preocupación la explotación de los trabajadores de los sectores del carbón, la caña de azúcar y el desmonte de tierras.

Aumentaron los desalojos forzosos, a menudo acompañados de amenazas y actos de intimidación. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, organismo de la Iglesia católica, 2.543 familias fueron desalojadas en todo Brasil entre enero y septiembre de 2007, una cifra significativamente mayor que la de ese mismo periodo en 2006.

  • En noviembre, los trabajadores rurales que ocupaban una finca cercana a la localidad de Santa Teresa do Oeste, en el estado de Paraná, fueron atacados por 40 hombres armados contratados, según los informes, por una empresa de seguridad que trabajaba para la multinacional propietaria de la finca, una compañía radicada en Suiza. Mataron a Valmir Motta de Oliveira, dirigente de los trabajadores rurales sin tierra, disparándole en el pecho. Un guardia de seguridad murió también como consecuencia de disparos, en circunstancias poco claras. Ocho personas resultaron heridas asimismo durante el ataque, entre ellas Izabel Nascimento, que fue golpeada hasta quedar inconsciente. El homicidio de Valmir Motta de Oliveira formaba parte de un cuadro de actos de violencia e intimidación perpetrados por las milicias rurales en el estado de Paraná desde hace tiempo.

En todo el país se denunciaron casos de trabajo forzado. En diciembre, el Ministerio de Trabajo actualizó la lista de empresas que sometían a sus trabajadores a condiciones de explotación. En ella figuraban 185 empresas de 16 estados, y los afectados no eran sólo personas que se dedicaban a la tala de bosques o a actividades agrícolas en las tierras de labor situadas en las lindes de la Amazonia y de la sabana central (cerrado), sino también campesinos que trabajaban en campos de monocultivo situados en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, zonas más ricas que las anteriores.

Continuó la explotación en el sector en expansión de la caña de azúcar. En marzo, abogados del Ministerio de Trabajo consiguieron liberar del trabajo forzado a 288 trabajadores de seis plantaciones de caña de azúcar situadas en el estado de São Paulo. Ese mismo mes se liberó también a 409 trabajadores, entre ellos 150 indígenas, de la destilería de etanol de Centro Oeste Iguatemi, en Mato Grosso do Sul. En noviembre, los equipos de inspección hallaron a otros 831 cortadores indígenas hacinados en alojamientos insalubres y con deficientes condiciones de habitabilidad en una plantación de Brasilândia, también en Mato Grosso do Sul.

  • En junio se liberó a más de un millar de personas que trabajaban en condiciones equivalentes a la esclavitud en una plantación de azúcar de la empresa Pagrisa, productora de etanol, en Ulianópolis, en el estado de Pará. Tras la operación, una comisión del Senado acusó a los inspectores de exagerar las pésimas condiciones de trabajo. A consecuencia de ello, el Ministerio de Trabajo suspendió temporalmente las actividades del equipo de inspección por temor a que las acusaciones minasen la credibilidad de su labor. Las inspecciones se reanudaron en octubre.

El gobierno adoptó algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la caña de azúcar. En el estado de São Paulo, donde se produce más del 60 por ciento de toda la caña de azúcar de Brasil, la Fiscalía de Trabajo se mostró muy activa a la hora de iniciar inspecciones y acciones judiciales. Por lo que se refiere al ámbito federal, el gobierno prometió poner en marcha un sistema de acreditación social y medioambiental para mejorar las condiciones de trabajo y reducir el impacto sobre el medio ambiente.

Pueblos indígenas

El estado de Mato Grosso do Sul siguió siendo el principal foco de violencia contra los pueblos indígenas.

  • En enero, Kuretê Lopes, una indígena guaraní-kaiowá de 69 años, murió al dispararle en el pecho un guardia privado de seguridad durante el desalojo de unas tierras de labor que los guaraníes-kaiowá ocuparon porque afirmaban que eran sus tierras ancestrales. En septiembre, los tribunales estatales condenaron a 17 años de cárcel, por el presunto robo de un tractor, a cuatro dirigentes guaraníes-kaiowá involucrados en la ocupación de las tierras. Las ONG locales consideraban que la pena era desproporcionada y discriminatoria y había sido impuesta por razones políticas. Al finalizar el año todavía estaba pendiente el recurso de apelación.
  • En junio, un hombre mató a tiros al dirigente indígena Ortiz Lopes en su domicilio de Coronel Sapucaia. Al abrir fuego, según los informes, el agresor dijo a su víctima que lo habían enviado los terratenientes para arreglar unas cuentas. Activo defensor del derecho a la tierra de los guaraníes-kaiowá, Ortiz Lopes había recibido con anterioridad amenazas de muerte.

En agosto, el gobierno federal anunció su decisión de declarar tierra indígena 11.009 hectáreas en la región de Aracruz, estado de Espírito Santo. La decisión se adoptó después de una larga disputa entre los pueblos tupinikim y guaraní y una empresa papelera.

Impunidad

Salvo en los casos con ramificaciones internacionales, los autores de violaciones de derechos humanos gozaron de impunidad como consecuencia de las deficiencias registradas en cada una de las etapas del sistema de justicia penal.

  • Las autoridades adoptaron medidas para investigar, procesar y condenar a las personas que asesinaron en febrero de 2005 a la misionera estadounidense Dorothy Stang. En mayo se condenó a 30 años de cárcel a Vitalmiro Bastos de Moura, terrateniente acusado de haber ordenado el asesinato. En octubre, Rayfran das Neves Sales, uno de los pistoleros implicados en el caso, fue condenado a 27 años de cárcel, pero la condena se anuló tras la presentación de un recurso de apelación.

Este procesamiento siguió siendo atípico en un estado en el que la impunidad era la norma en los delitos violentos relacionados con los conflictos sobre tierras. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, de los 814 asesinatos cometidos entre 1971 y 2006 en el estado de Pará, 568 seguían sin esclarecerse. Noventa y dos causas penales se saldaron con una sola condena de cárcel.

  • Durante la oleada de violencia desatada en São Paulo por las bandas delictivas en mayo de 2006, la policía mató a más de un centenar de presuntos delincuentes; en otros 87 casos hubo indicios sobre la posible participación de escuadrones de la muerte vinculados a la policía. Al finalizar 2007, según la Fiscalía General del estado, no se había procesado todavía a nadie.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El programa de defensores de los derechos humanos establecido por el gobierno federal creó un organismo nacional de coordinación. Sin embargo, la falta de recursos y coordinación continuó dificultando la aplicación del plan nacional de defensores de los derechos humanos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de amenazas y actos de intimidación.

  • El dirigente indígena Marcos Ludison de Araújo (Marcos Xucuru) recibió amenazas de muerte en julio. Debido al largo historial de actos de intimidación por parte de la policía federal –responsable constitucionalmente de facilitar protección–, Marcos Xucuru pidió que lo protegieran miembros de confianza de la policía militar, medida prevista en las normas del programa de defensores de los derechos humanos. Sin embargo, siguió corriendo peligro durante los meses que duraron las negociaciones entre el gobierno del estado y el gobierno federal.
  • Marcia Honorato, trabajadora de una ONG, recibió varias amenazas de muerte, y en una ocasión llegaron a apuntarla con un arma de fuego a la cabeza. Esta mujer había denunciado en repetidas ocasiones la actividad de escuadrones de la muerte en la Baixada Fluminese, zona muy violenta situada en la periferia de Río de Janeiro.

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