Bolivia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Estado Plurinacional de Bolivia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bolivia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Evo Morales Ayma
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
9,9 millones
Esperanza de vida
65,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
65/56 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,7 por ciento

Como consecuencia de varias iniciativas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, se registraron mejoras en los servicios de salud y educación y en el reconocimiento del derecho a la tierra de los campesinos y los pueblos indígenas. El sistema judicial seguía debilitándose, lo que socavaba las garantías en materia de juicios justos.

Información general

En diciembre, el presidente Evo Morales ganó por segunda vez las elecciones presidenciales y su partido obtuvo dos tercios de los escaños de la Asamblea Legislativa. En enero y febrero, respectivamente, se aprobó y promulgó una nueva Constitución después de más de dos años de negociaciones políticas. La Constitución establecía como uno de sus fundamentos el carácter “plurinacional” de la mayoría indígena de Bolivia y contenía disposiciones para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Disminuyó la violencia política, pero la polarización política siguió afectando a la vida pública. En abril, en la ciudad de Santa Cruz, baluarte de la oposición, una unidad de élite de la policía mató a tres hombres presuntamente implicados en la organización de una trama golpista contra el gobierno central. Posteriormente suscitó preocupación el modo en que se estaba llevando a cabo la investigación del incidente.

Se inició la investigación de unos 140 presuntos casos de violación en la comunidad menonita de Manitoba. Entre las víctimas figuraban al parecer niñas de corta edad.

Sistema de justicia

Siguió suscitando preocupación la independencia del poder judicial. Las tensiones políticas socavaban la capacidad de algunas instituciones clave para debatir propuestas encaminadas a reformar la magistratura de manera coordinada.

En junio dimitió el último magistrado del Tribunal Constitucional, dejando al país sin un mecanismo de supervisión de las garantías constitucionales y con más de 4.000 casos sin resolver.

Preocupaba la posibilidad de que la persistente inestabilidad y politización del sistema de justicia menoscabara la aplicación de las normas internacionales sobre juicios justos. En 2009 se inhabilitó y acusó formalmente de irregularidades procedimentales a numerosos jueces y funcionarios judiciales, incluidos varios magistrados de la Corte Suprema. Entre ellos figuraba el presidente de este órgano, Eddy Fernández, inhabilitado en mayo por presunta retardación deliberada de la justicia en el caso de Octubre Negro (véase infra).

La presentación de recursos obstaculizó el desarrollo de varias causas relevantes y dio origen a denuncias de injerencia política. Por ejemplo, la interposición de recursos por cuestiones de jurisdicción retrasó el avance de la causa relacionada con el estallido de violencia que se registró en septiembre de 2008 en el departamento de Pando y que se cobró la vida de 19 personas, en su mayoría campesinos. Las denuncias sobre la parcialidad de los jueces encargados de algunas causas ocasionó la presentación de varios recursos más por cuestiones de procedimiento.

Dos comisiones especiales nombradas en 2008 por la Cámara de Diputados presentaron sus conclusiones sobre la masacre de Pando y la violencia racista registrada en Sucre en mayo de 2008. Al finalizar el año continuaba en Sucre el juicio contra varios cargos y dirigentes locales acusados de torturas y delitos de orden público. Los diputados recomendaron que se procesara a más de 70 personas, entre ellas a Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, por su implicación en la matanza ocurrida en este departamento. Se preveía que el juicio comenzara a principios de 2010.

Impunidad

En mayo se inició el juicio contra 17 altos cargos, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en relación con unos sucesos acaecidos en octubre de 2003, denominados “Octubre Negro”, en los que murieron al menos 67 personas y resultaron heridas más de 400 en unos enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban por la intención del gobierno de enajenar las reservas de gas del país. Al finalizar el año, Gonzalo Sánchez de Lozada seguía en Estados Unidos en espera del resultado de una solicitud de extradición. Durante 2009, varios ex ministros implicados en el caso eludieron la acción de la justicia al abandonar el país.

En noviembre, un tribunal estadounidense resolvió que existían motivos suficientes para juzgar en Estados Unidos a Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín en una demanda civil por daños relacionada con presuntos crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos extraditó a Bolivia al ex ministro de Gobierno Luis Arce Gómez, quien, tras su llegada al país, fue condenado a 30 años de cárcel. En 1993 había sido declarado culpable de delitos de desaparición forzada, tortura, genocidio y asesinato perpetrados en 1980 y 1981.

En julio comenzaron en Teoponte, una zona rural situada a 300 km de La Paz, los trabajos para localizar los restos de los miembros de un movimiento armado de oposición que fueron víctimas de desaparición forzada en 1970. Al finalizar el año se habían encontrado nueve cadáveres y seguía la búsqueda de los restos de unas 50 personas más, muertas al parecer en las mismas circunstancias.

El Ministerio de Defensa aprobó un procedimiento que permitía solicitar documentación a las fuerzas armadas sobre violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. El presidente Morales subrayó en un primer momento que no existía documentación sobre desapariciones forzadas ocurridas durante gobiernos anteriores.

Derechos de los pueblos indígenas

En mayo, el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas publicó un informe en el que se reconocían los pasos dados por el gobierno boliviano para identificar situaciones de servidumbre, trabajo forzado, trabajo cautivo y esclavitud de familias cautivas. Se criticaban también los arraigados intereses imperantes en los comités cívicos y las prefecturas de las tierras bajas que posibilitaban la continuación de estos abusos.

  • En julio, el viceministro de Tierras anunció un nuevo plan para el asentamiento de unas 2.000 familias de los departamentos de Cochabamba y La Paz en 200.000 hectáreas de tierras identificadas como fiscales (tierras del Estado) en el departamento de Pando. En agosto se efectuaron los primeros traslados, pero posteriormente se canceló el plan debido a la preocupación que suscitaba la falta de servicios e infraestructuras.

Derechos de las mujeres

En mayo, el gobierno puso en marcha una iniciativa para reducir la mortalidad materna mediante la concesión de un incentivo en metálico a las madres con objeto de que se sometieran a revisiones médicas gratuitas antes y después del parto. Se recibieron numerosas solicitudes, pero las mujeres que no tenían una partida de nacimiento encontraban al parecer obstáculos a la hora de acceder a este servicio médico. Los profesionales de la salud señalaron que se había registrado un aumento del número de abortos clandestinos y embarazos de adolescentes durante el año, pero no se disponía de datos globales fiables que confirmaran esta afirmación.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Una delegación de Amnistía Internacional visitó Bolivia en agosto.

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