Bolivia

Human Rights in República de Bolivia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bolivia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Evo Morales Ayma
Pena de muerte abolicionista para los delitos comunes
Población 9,7 millones
Esperanza de vida
64,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 64/55 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 86,7 por ciento

Las tensiones entre el gobierno y la oposición a propósito de la promulgación de una nueva Constitución y sus posibles consecuencias para el control de los recursos naturales y económicos de Bolivia dieron lugar a nuevos enfrentamientos; la mayoría de ellos fueron violentos, y más de 20 personas perdieron la vida. Se hostigó y atacó a periodistas y medios de comunicación. Se registraron algunas novedades positivas en relación con los derechos económicos, sociales y culturales.

Información general

Continuaron las tensiones políticas y regionales y el malestar social al aplicar varios departamentos un programa autonomista y rechazar la nueva propuesta de Constitución. En mayo y junio se celebraron referéndums de autonomía en cuatro departamentos, pero la Corte Nacional Electoral los declaró ilegales. En un referéndum revocatorio celebrado en agosto, Evo Morales fue ratificado como presidente de Bolivia con un 67,4 por ciento de los votos. El brote de violencia registrado en septiembre en el departamento de Pando (véase infra) llevó al presidente Morales a declarar un estado de excepción que permaneció en vigor más de dos meses.

La comunidad internacional –y en especial la recién creada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)– desempeñó un papel importante en los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica a la crisis política. En octubre, el Congreso aprobó el texto revisado de la nueva Constitución. Estaba previsto que el nuevo texto fuera sometido a referéndum nacional en enero de 2009.

"...les arrancaron las camisas y los obligaron a quemar sus vestimentas y enseñas tradicionales y a corear consignas contra el presidente."

Aunque los índices de pobreza seguían siendo elevados –sobre todo entre los pueblos indígenas–, se registraron novedades positivas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellas figuraban programas para mejorar el nivel de alfabetización y de asistencia escolar, paliar la desnutrición, construir más viviendas sociales y proporcionar pensiones de jubilación. Según el Fondo de Población de la ONU, Bolivia seguía siendo el país con el mayor índice de mortalidad materna de toda Sudamérica (alrededor de 290 madres fallecidas por cada 100.000 niños nacidos vivos).

Discriminación: pueblos indígenas

Continuaron los ataques de motivación racial contra personas y organizaciones que trabajaban en favor de los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas de Bolivia. El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas expresó su preocupación sobre la persistencia del racismo en el país. Señaló que las declaraciones racistas –formuladas por algunos partidos políticos, funcionarios de gobiernos regionales y grupos de presión como los comités cívicos, y difundidas por algunos medios de comunicación– estaban afectando a los pueblos indígenas en todas las capas de la sociedad. Tras visitar el país en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el elevado número de familias indígenas guaraníes de la región del Chaco que –en palabras de la propia Comisión– vivían sometidas a un estado de servidumbre análogo a la esclavitud. En febrero y abril, más de 40 personas resultaron heridas al atacar terratenientes y grupos de hombres armados a miembros de la comunidad guaraní de Santa Cruz cuando se estaba procediendo a definir con claridad los títulos de propiedad de las tierras tradicionales de esta comunidad.

  • En mayo, un grupo de activistas de la oposición forzaron a simpatizantes indígenas y campesinos del presidente Morales a dirigirse a la plaza mayor de Sucre, en donde los golpearon, les arrancaron las camisas y los obligaron a quemar sus vestimentas y enseñas tradicionales y a corear consignas contra el presidente.
  • En septiembre se perpetraron en varias ciudades, sobre todo en Santa Cruz, ataques contra las oficinas de varias ONG que trabajaban en favor de las comunidades indígenas y campesinas. Se destruyeron documentos y material de oficina.

Homicidios ilegítimos

Diecinueve personas, en su mayoría campesinos, fueron abatidas a tiros y otras 53 resultaron heridas durante la escalada de la violencia registrada en septiembre en el departamento de Pando. Los actos de violencia se produjeron en el contexto de la movilización de los grupos campesinos con ocasión del 11 de septiembre. Según los informes, los campesinos retuvieron también de forma temporal a miembros de la prefectura y de los comités cívicos.

En noviembre se hicieron públicos los resultados de las minuciosas investigaciones sobre los homicidios llevadas a cabo por UNASUR y la Defensoría del Pueblo. Según dichas investigaciones, los comités cívicos y la prefectura –en manos de la oposición– habían participado de manera directa en los homicidios al proporcionar vehículos y equipos para bloquear el paso a los campesinos y traer refuerzos. En las investigaciones se ponía de relieve también la falta de intervención de la policía para proteger a los campesinos. La Defensoría del Pueblo y UNASUR llegaron a la conclusión de que los homicidios constituían crímenes de lesa humanidad.

Leopoldo Fernández, prefecto del departamento de Pando, fue detenido el 16 de septiembre por orden del ministro de Gobierno y del ministro de Defensa Nacional. Permanecía bajo custodia al finalizar el año. Suscitaban preocupación los cargos formulados contra él y el hecho de que no se hubiera acusado a nadie más en relación con los homicidios.

Libertad de expresión: periodistas y medios de comunicación

Según la Asociación Nacional de la Prensa, entre enero y octubre se registraron 96 casos de agresiones físicas y verbales contra la prensa. En septiembre, grupos de estudiantes universitarios y jóvenes opuestos al gobierno atacaron varios medios de comunicación progubernamentales. Se destruyeron equipos, y varios medios de comunicación suspendieron sus programas debido al temor por su seguridad.

  • En febrero murió el periodista Carlos Quispe Quispe, de Radio Municipal Pucarani, La Paz, después de que opositores del alcalde progubernamental de la ciudad le dieran una paliza.
  • En octubre, unos 200 miembros del progubernamental Comité Cívico Popular y de un grupo aimara radical, los «Ponchos Rojos», agredieron a unos periodistas delante de la prisión de San Pedro, en La Paz, donde se encontraba recluido el ex prefecto Leopoldo Fernández por los homicidios perpetrados en septiembre en el departamento de Pando. Según algunos testigos, la policía no intervino para proteger a los periodistas.

Impunidad

En octubre se solicitó al gobierno estadounidense la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos ex ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Se acusaba a los tres de participar en actos de genocidio en relación con el homicidio de 67 personas durante unas manifestaciones celebradas en 2003 en El Alto. En Bolivia se notificaron en noviembre a varios ex ministros y oficiales de las fuerzas armadas cargos relacionados con estos homicidios. Sin embargo, suscitaba preocupación el retraso en el comienzo de las vistas orales. También en noviembre se promulgaron leyes en las que se reconocía la responsabilidad del Estado y se preveían indemnizaciones tanto para las personas heridas en los enfrentamientos como para los familiares de los muertos.

Informes de Amnistía Internacional

Bolivia: Respetar los derechos humanos, fundamental para detener la escalada de violencia (12 septiembre 2008)

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