Las autoridades continuaron dejando a gran número de solicitantes de asilo en la indigencia y sin hogar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Bélgica había vulnerado el principio de no devolución (non-refoulement), al devolver a personas a un país en donde corrían un riesgo real de tortura, y que también había conculcado el derecho a un recurso efectivo. El gobierno intentó basarse en garantías diplomáticas para expulsar a personas extranjeras a países en donde podrían sufrir tortura y otros malos tratos. Entró en vigor una ley que prohibía y penalizaba llevar el rostro cubierto.
La “crisis de recepción” iniciada en 2008 se agravó al finalizar 2011. Según las ONG, desde octubre de 2009 hasta el final de 2011 se denegó el acceso al sistema oficial de recepción a más de 12.000 solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, que se quedaron sin alojamiento ni asistencia médica, social y jurídica. A pesar de que el gobierno adoptó algunas medidas positivas, el número de personas que vivían en la calle aumentó hasta superar las 4.000. En virtud de legislación adoptada en noviembre, se limitó el derecho de recepción en el caso de algunos grupos de solicitantes de asilo y se elaboró una lista de “países de origen seguros”. A los solicitantes de asilo procedentes de estos “países seguros” se les comunicaba la decisión en un plazo de 15 días y podían ser expulsados de Bélgica antes de resolverse el recurso de apelación.
Al menos en dos ocasiones el gobierno intentó basarse en garantías diplomáticas para expulsar a personas extranjeras a países en donde podían sufrir tortura y otros malos tratos.
Continuaba existiendo discriminación por motivos de religión; afectaba especialmente a las personas con símbolos o indumentaria considerados musulmanes que intentaban encontrar empleo.
Tras someterse al examen periódico universal de la ONU en mayo, las autoridades decidieron crear una Institución Nacional de Derechos Humanos y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En junio, Bélgica ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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