Bahréin
Jefe del Estado
rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno
Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Pena de muerte
retencionista
Población
0,8 millones
Esperanza de vida
76 años
Mortalidad infantil (‹5 años)(h/m)
13/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,8 por ciento

Se detuvo a decenas de activistas antigubernamentales. Se empezó a juzgar a 25 destacados activistas de la oposición –a dos de ellos in absentia– acusados de conspirar para derrocar al gobierno. Tras ser detenidos, a los 23 acusados presentes en el juicio se les había negado en un principio el acceso a abogados, y algunos afirmaban haber sufrido tortura. Se llevaron a cabo también otros juicios sin las debidas garantías. Las autoridades restringieron la libertad de expresión con medidas como cerrar sitios web y prohibir boletines políticos. El gobierno destituyó al consejo directivo de una organización independiente de derechos humanos. Se ejecutó a una persona.

Información general

En abril, el rey designó a los 23 componentes del consejo directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado en noviembre de 2009. En septiembre, sin embargo, el presidente del consejo dimitió por la falta de acuerdo entre sus miembros sobre el modo como el Instituto debía afrontar las detenciones por motivos políticos.

A lo largo de 2010, en algunas localidades de mayoría chií se produjeron protestas esporádicas contra la presunta discriminación del gobierno en el acceso a la vivienda y al trabajo. En algunos casos, los manifestantes bloquearon las carreteras mediante la quema de neumáticos y lanzaron cócteles molotov contra la policía y las fuerzas de seguridad. Sobre todo en agosto y septiembre, centenares de personas fueron detenidas en relación con diversas protestas y disturbios, incluidas numerosas figuras destacadas de la oposición, pertenecientes principalmente a la comunidad chií, mayoritaria en el país. Al parecer, muchas de ellas fueron detenidas sin orden judicial y permanecieron hasta dos semanas recluidas en régimen de incomunicación.

En las elecciones parlamentarias de octubre, los candidatos independientes y los islamistas chiíes obtuvieron la mayoría de los escaños.

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Juicios injustos, tortura y otros malos tratos

Comenzaron a celebrarse juicios contra personas detenidas como consecuencia de las protestas, en algunos casos empañados por denuncias de tortura, negación del acceso a abogados y otros abusos.

  • El 28 de octubre se inició en Manama, ante el Tribunal Penal Superior, el juicio contra 25 destacados activistas, vinculados en su mayoría a Al Haq, grupo de oposición no autorizado. Estaban acusados, en virtud de la legislación antiterrorista de 2006, de “crear y financiar una organización ilegal con el fin de derrocar al gobierno y suprimir la Constitución” y de otros delitos. A dos de ellos, residentes en el extranjero, se los juzgaba in absentia. Se acusaba a todos de fomentar protestas y promover desórdenes públicos. Los 23 presentes en el juicio habían permanecido dos semanas recluidos en régimen de incomunicación antes de ser acusados de manera formal. Algunos señalaron al fiscal que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional y que habían firmado “confesiones” bajo coacción. Se sometió a varios a un examen médico, pero al parecer el perito médico oficial no encontró ningún indicio físico de torturas. Durante las etapas iniciales del juicio, los abogados defensores se quejaron de continuos obstáculos en el acceso a sus clientes, y la mayoría de los acusados se retractaron de sus “confesiones” y reiteraron ante el Tribunal haber sufrido torturas u otros malos tratos. No se abrió ninguna investigación independiente sobre las denuncias de tortura y sólo se sometió a dos de los acusados a un examen médico independiente. En diciembre, los abogados defensores de los 23 inculpados se retiraron de la causa porque el Tribunal hizo caso omiso de sus peticiones. Por su parte, los acusados se negaron a reconocer a los abogados nombrados posteriormente y a cooperar con ellos. El juicio no había concluido todavía al finalizar el año.

Se celebraron también otros juicios contra personas acusadas de cometer asesinatos y quemar vehículos, neumáticos y otros bienes durante manifestaciones y revueltas antigubernamentales de años anteriores. Algunas de ellas denunciaron que les habían infligido tortura u otros malos tratos con el fin de obligarlas a “confesar”.

  • En marzo, el Tribunal Supremo de Apelación condenó a tres años de cárcel a 19 hombres acusados de haber matado a un agente de policía durante una manifestación antigubernamental celebrada en 2008 en Karzakan. Un tribunal inferior los había absuelto en octubre de 2009 al llegar a la conclusión de que existían numerosas pruebas de que se los había torturado para obligarlos a “confesar” durante su detención preventiva. El Tribunal Supremo de Apelación hizo caso omiso de esta conclusión. No se adoptaron medidas para investigar las denuncias de tortura formuladas por los condenados.

Se tuvo noticia de otros casos de tortura.

  • Al parecer, se torturó a dos hombres, detenidos por el presunto intento de asesinato de un director de periódico en agosto, para obtener confesiones detalladas que se usaron en el juicio. Quedaron en libertad en diciembre después de que la víctima contase al tribunal que aquéllas no eran las personas que lo habían agredido.
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Uso excesivo de la fuerza

A lo largo del año, según los informes, las fuerzas de seguridad utilizaron en diversas ocasiones armas de fuego contra manifestantes y otras personas. En octubre, el ministro del Interior señaló a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad habían intentado contener las protestas y la violencia sin hacer uso excesivo de la fuerza y que no habían herido a nadie.

  • En marzo se detuvo en Karzakan a los enfermeros Ibrahim al Dumistani y Abdel Aziz Nasheeb después de que atendieran a Hussain Ali Hassan al Sahlawi, a quien la policía había disparado, al parecer, al intentar disolver una manifestación en la que se estaban quemando unos neumáticos. El herido dijo que no había participado en la protesta y que la policía había disparado contra él a la puerta de su casa. Tras ser acusados formalmente de ayudar a un “encubrimiento” y “ejercer de manera indebida su profesión médica”, los enfermeros quedaron rápidamente en libertad bajo fianza.
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Libertad de expresión

Se advirtió a personas críticas con la monarquía y el gobierno de que se las procesaría en virtud de la Ley de Prensa y Publicaciones de 2002, que prescribía penas de cárcel para quienes criticaran al rey o “incitaran al odio contra el régimen”, pero no se tuvo noticia de que se enjuiciara a nadie por este motivo.

El gobierno intensificó la represión de la disidencia tras la detención de los 23 activistas de oposición. El 28 de ese mes, la Fiscalía se acogió al artículo 246 del Código Penal para prohibir a los medios de comunicación y a otras entidades la publicación o difusión de información sobre las detenciones. Las infracciones podían castigarse hasta con un año de cárcel. No se tuvo noticia de que se llevara a cabo ningún procesamiento, pero el gobierno prohibió y clausuró varias publicaciones y blogs, como el foro Bahrain Online, cerrado, según explicó el director de la Agencia Nacional de Información en octubre, porque incitaba al odio y la violencia. El director de la Agencia señaló también que se habían bloqueado otros sitios web por haber publicado material que vulneraba la legislación de Bahréin, y que se habían prohibido boletines de asociaciones políticas porque se habían repartido entre el público, cuando la ley sólo permitía que se distribuyeran entre los miembros de las organizaciones.

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Libertad de asociación

En septiembre, el gobierno destituyó al consejo directivo de la ONG independiente Sociedad de Derechos Humanos de Bahréin, acusándolo de “irregularidades legales y administrativas” y “cooperación con organizaciones ilegales”. Poco antes, la ONG había publicado en su sitio web denuncias de tortura relacionadas con los 23 activistas chiíes detenidos. El gobierno nombró a un administrador temporal, poniendo en peligro la independencia de la Sociedad.

Se impidió salir del país a varios activistas de derechos humanos, si bien el gobierno negó que se les hubiera prohibido viajar.

  • A Nabeel Rajab, director del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, organización prohibida en 2004, se le impidió el 27 de septiembre viajar a Arabia Saudí cuando se encontraba ya en la frontera, lo que suscitó protestas internacionales. En octubre se le permitió ya viajar.
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Derechos de las personas migrantes

A pesar de las modificaciones introducidas en 2009 en el sistema de patrocinio (kafala) para que pudieran cambiar de trabajo sin el consentimiento de sus patronos, los migrantes extranjeros –en especial los trabajadores del sector doméstico– siguieron sufriendo explotación y abusos. Se denunciaron casos de patronos que habían confiscado los pasaportes a trabajadores domésticos extranjeros para impedirles trabajar en otro sitio. Varios trabajadores migrantes se suicidaron, al parecer por sus pésimas condiciones de vida y trabajo. La legislación de Bahréin facilitaba escasa protección a los trabajadores domésticos extranjeros: no establecía, por ejemplo, un salario mínimo ni un periodo de descanso.

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Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a una persona y se ejecutó a un hombre. Al igual que en los últimos 10 años, la pena capital se aplicó sólo a ciudadanos extranjeros.

  • En marzo se condenó a muerte a Russell Mezan, de Bangladesh, por el asesinato de un ciudadano kuwaití. La sentencia fue confirmada en octubre tras un recurso de apelación, y el Tribunal de Casación la confirmó antes de terminar el año.
  • En julio se ejecutó al ciudadano bangladeshí Jassim Abdulmanan, condenado en 2007 por el asesinato de un compatriota en 2005.

Bahréin se abstuvo en diciembre en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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Visitas

  • Una delegación de Amnistía Internacional visitó Bahréin en octubre para llevar a cabo investigaciones y mantener reuniones con el gobierno. Sus miembros asistieron en calidad de observadores a la primera vista del juicio contra 23 activistas chiíes detenidos en agosto y septiembre.