Japón

Cuatro personas fueron ejecutadas en diciembre, con lo que se puso fin a una suspensión no oficial de las ejecuciones que había durado 15 meses. Las modificaciones de la ley de inmigración introdujeron procedimientos acelerados de expulsión de «posibles terroristas» que suponían una violación de las normas internacionales de derechos humanos. Continuaba sin resolverse la cuestión de las reparaciones a las víctimas del sistema de esclavitud sexual de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Información general

El primer ministro Koizumi Junichiro dejó su puesto en septiembre tras ocupar el cargo durante cinco años, y fue sustituido por el secretario del Consejo de ministros, Abe Shinzo.

Una prueba nuclear realizada por Corea del Norte en octubre intensificó en la opinión pública japonesa el debate sobre la posibilidad de reformar el artículo 9 de la Constitución, que definía a Japón como país pacifista. En julio se retiraron de Irak todas las tropas japonesas.

El Comité Jurídico de la Dieta (Parlamento) debatió un proyecto de ley que tipificaría como delito cualquier conversación sobre la comisión de un crimen. Se temía que la redacción amplia e imprecisa de la ley restringiese la libertad de expresión.

En agosto, el gobierno anunció que Japón se adheriría al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en julio de 2007.

Pena de muerte

A consecuencia del compromiso del ministro de Justicia, Seiken Sugiura, de no firmar órdenes de ejecución mientras ocupase su cargo, entre el 16 de septiembre de 2005 y el 25 de diciembre de 2006 no se llevaron a cabo ejecuciones. Cuando fue sustituido por Jinen Nagase, partidario de la pena de muerte, la suspensión se dio por finalizada y, el 25 de diciembre, cuatro personas fueron ejecutadas en la horca en secreto: Hidaka Hiroaki en Hiroshima, Fukuoka Michio en Osaka, y Akiyama Yoshimitsu, de 77 años, y Fujinami Yoshio, de 75, en Tokio.

Al finalizar 2006 había 94 personas condenadas a muerte. Las ejecuciones solían llevarse a cabo en secreto y no se avisaba a los presos de su inminente ejecución, o no se les notificaba hasta la misma mañana del día fijado para su muerte.

Inmigración y personas refugiadas

El número de solicitantes de asilo aumentó a más de 900, pero la cantidad de personas a las que se reconoció la condición de refugiado se redujo a 26. Los abogados, que en su mayoría trabajaban en Tokio, tenían dificultades para ponerse en contacto con los solicitantes de asilo que estaban en centros de detención, sobre todo cuando sus clientes permanecían en centros para inmigrantes alejados de Tokio.

Se introdujeron modificaciones a la Ley de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado que obligaban a fotografiar a todas las personas que visitaran Japón y a recoger sus huellas digitales. También implantaban procedimientos acelerados para expulsar a toda persona a la que el Ministerio de Justicia considerase como «posible terrorista», lo que podía socavar el principio de no devolución (non-refoulement).

Según los informes, algunas personas con pasaporte válido que solicitaban asilo a su llegada a Japón eran detenidas y recluidas por tiempo indefinido en hoteles cercanos al aeropuerto de entrada si se consideraba que había posibilidades de que se ocultaran de la justicia. No se les garantizaba el derecho a comunicarse con el mundo exterior ni a recibir alimentación y tratamiento médico adecuados. Además, no siempre podían acceder sin demora a un abogado o disponer de asesoramiento sobre sus derechos en un idioma que comprendieran. Por todo ello, no podían recurrir del modo adecuado a un proceso judicial.

Más de 30 solicitantes de asilo, entre los que había dos menores kurdos de 16 años, fueron detenidos poco después de solicitar asilo y permanecieron recluidos durante unos 40 días entre julio y agosto en un hotel próximo al aeropuerto de Narita. A todos les cobraron el alojamiento en el hotel.

Reparación por actos de violencia contra las mujeres

Se siguieron negando reparaciones plenas a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual de Japón, operativo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso. Los tribunales japoneses rechazaron reiteradamente las demandas presentadas en favor de una indemnización, y el gobierno continuó alegando que las reclamaciones de indemnización habían quedado resueltas en virtud de los tratados de posguerra.

En agosto, el Tribunal de Distrito de Tokio resolvió no conceder una indemnización por daños y perjuicios a ocho mujeres chinas que habían sido víctimas del sistema de esclavitud sexual de Japón, a pesar de que reconoció que habían sido secuestradas, retenidas contra su voluntad y violadas cuando eran adolescentes.

Sistema de prisiones sustitutivas (daiyo-kangoku)

El sistema daiyo-kangoku de reclusión preventiva continuaba permitiendo que la policía mantuviese a personas detenidas sin cargos en celdas policiales durante un periodo hasta de 23 días, práctica que facilitaba la extracción de «confesiones» bajo coacción. En virtud de este sistema, las personas detenidas quedaban bajo el control exclusivo de la policía, no existían normas ni reglamentos sobre la duración de los interrogatorios, el acceso de los abogados a los clientes durante el interrogatorio estaba restringido y no se hacía una grabación electrónica de las entrevistas realizadas por la policía.

Durante 2006 se introdujeron modificaciones en la legislación relativa al sistema daiyo-kangoku que, por primera vez, proporcionaban fundamento jurídico a dicho sistema. Las modificaciones establecían la obligación de informar a las personas detenidas sobre algunos de sus derechos y de designar abogado, pero sólo una vez presentados los cargos; era frecuente que a las personas detenidas sólo se les comunicasen los cargos después de que hubieran «confesado». Amnistía Internacional llevaba mucho tiempo haciendo campaña a favor de la abolición de este sistema y no de su simple reforma.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Japón: «¿Será éste mi último día?». La pena de muerte en Japón (Índice AI: ASA 22/006/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Japón en febrero.