Argentina
Jefa del Estado y del gobierno
Cristina Fernández
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
40,7 millones
Esperanza de vida
75,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)(h/m)
17/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,7 por ciento

Las mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de violación continuaron afrontando importantes obstáculos para acceder a abortos legales. Siguió suscitando gran preocupación el uso excesivo de la fuerza por la policía y las condiciones de reclusión inhumanas. Continuaron desarrollándose actuaciones judiciales contra responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares.

Información general

En junio, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En julio, la presidenta Cristina Fernández emitió un decreto que regulaba la aplicación de una ley promulgada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. En diciembre, tras un proceso de consulta nacional, se hizo público un Plan Nacional de Derechos Humanos.

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Derechos sexuales y reproductivos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidieron a Argentina que modificara la legislación que penalizaba el aborto en determinados casos. Ciertas interpretaciones del Código Penal hacían que las mujeres embarazadas sobrevivientes de violación tuvieran serios obstáculos para abortar legalmente. La validez de la muy esperada Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles se puso en entredicho, y suscitó preocupación que continuase sin haber unas directrices institucionales claras sobre el aborto.

  • En marzo, los jueces negaron el aborto legal a dos jóvenes de 15 años de la provincia meridional de Chubut presuntamente violadas por sus respectivos padrastros, y esta medida causó demoras y puso en peligro sus vidas. Ambas decisiones judiciales fueron posteriormente revocadas.
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Tortura y otros malos tratos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de la ONU de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron honda preocupación por los informes de tortura y otros malos tratos en prisiones y comisarías de policía, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. En enero, los legisladores de la provincia del Chaco aprobaron un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura; sin embargo, al concluir el año no se había establecido aún un mecanismo nacional similar, tal como exige el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

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Policía y fuerzas de seguridad

Se tuvo noticia de que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza que desembocó en lesiones y muertes de personas. En dos incidentes distintos ocurridos en junio y octubre respectivamente en la provincia de Río Negro, dos adolescentes murieron por disparos de la policía.

  • El 15 de febrero, la policía disolvió con violencia una protesta de los vecinos de la población de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, contra la explotación minera a cielo abierto en la zona. Unas horas después, miles de personas se congregaron en la plaza de la localidad en solidaridad con los manifestantes. Al parecer, las fuerzas de seguridad respondieron golpeando a los reunidos con porras y disparando indiscriminadamente gas lacrimógeno y balas de goma. Durante los incidentes, algunos manifestantes causaron daños en el edificio municipal. Fueron detenidas varias personas y resultaron heridas alrededor de 70.
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Impunidad

Según datos oficiales, al finalizar el año habían sido condenadas 110 personas por el papel que desempeñaron en violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares; otras 820 estaban procesadas y continuaban celebrándose 13 juicios. A pesar de los progresos realizados en hacer comparecer ante la justicia a responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocía que se habían producido ciertas demoras, sobre todo en las cortes provinciales.

  • El 20 de abril, Reynaldo Bignone, ex general del ejército y ex presidente de facto de la nación, fue declarado culpable de torturas, asesinato y varios secuestros cometidos cuando estaba al mando del conocido centro de detención del Campo de Mayo entre 1976 y 1978.
  • En julio, el ex general Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz, ex jefe de la Inteligencia de la Policía de Tucumán, fueron condenados a cadena perpetua por violaciones de derechos humanos cometidas en un centro de detención clandestina de la provincia de Tucumán durante el régimen militar (1976-1983).
  • En diciembre, Jorge Videla, presidente de facto de Argentina entre 1976 y 1981, fue declarado penalmente responsable de la tortura y muerte de más de 30 presos ocurridas en Córdoba en 1976. El tribunal también declaró culpables de estos delitos a otros 22 militares y agentes de policía.
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Derechos de los pueblos indígenas

Siguió suscitando preocupación la falta de aplicación de la ley de emergencia nacional de 2006, que suspendía temporalmente la ejecución de las órdenes de desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de sus tierras tradicionales hasta que se llevase a cabo un estudio de ámbito nacional adecuado.

  • En noviembre, 400 agentes de policía dispersaron con violencia a miembros de la comunidad indígena toba qom que habían cortado el paso en una carretera como protesta por los planes de construir una universidad en sus tierras tradicionales. La policía también incendió los alojamientos temporales de la comunidad. En los incidentes perdieron la vida al menos un policía y un miembro de la comunidad indígena.
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Derecho a la salud, a la tierra y al medio ambiente

Un informe de una ONG publicado a principios de 2010 identificó 120 conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y el medio ambiente en la región del Chaco, en el norte de Argentina, que afectaban a más de medio millón de personas, en su mayoría miembros de comunidades campesinas e indígenas.

Pese a los crecientes datos sobre el impacto negativo en la salud de los productos químicos utilizados en las plantaciones de soja y arroz de varias provincias del norte del país, al concluir el año no se había iniciado ninguna investigación ni estudio epidemiológico sistemático para evaluar el alcance y la gravedad del problema.

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Justicia internacional

En septiembre, la Corte Suprema aprobó por unanimidad la extradición de Sergio Galvarino Apablaza Guerra a Chile, donde estaba acusado en relación con el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards en 1991. Sin embargo, en octubre, un juez federal cerró el expediente de extradición después de que la Comisión Nacional para los Refugiados concediera a Sergio Galvarino la condición de refugiado.

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Los derechos humanos región a región

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