Angola - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Angola

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Angola is now live »

Jefe del Estado : José Eduardo dos Santos
Jefe del gobierno : Fernando da Piedade Dias dos Santos
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 16,9 millones
Esperanza de vida : 41,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 245/215 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 67,4 por ciento

Organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos tuvieron que hacer frente a crecientes amenazas e intimidación en un clima de restricciones a la libertad de expresión en el que, por ejemplo, se condenó a un periodista a varios meses de cárcel. Se recibieron informes sobre casos de desalojo forzoso y violaciones de derechos humanos por parte de la policía, si bien en menor número que en años anteriores. Un motín en la Prisión Central de Luanda se saldó con muertos y heridos, pero hubo controversia en torno a la cifra de víctimas.

Información general

Angola fue elegida en mayo como uno de los Estados integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En noviembre ratificó el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en áfrica, y se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Siguió aplicándose el acuerdo alcanzado en 2006 para poner fin al conflicto armado en la provincia de Cabinda. En enero se incorporaron a las Fuerzas Armadas de Angola ex combatientes del Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC). Ese mes, y en aplicación de la Ley de Amnistía de 2006, quedaron en libertad más de 60 militares recluidos en la Prisión Militar de Landana por delitos cometidos durante el conflicto. En agosto, el FLEC cambió su denominación pasando a llamarse Frente para la Liberación del Estado de Cabinda (Frente de Libertação do Estado de Cabinda).

Las elecciones legislativas y presidenciales, que habían sido aplazadas para fines de 2007, volvieron a aplazarse hasta 2008 y 2009, respectivamente. La conclusión de la elaboración del censo electoral, inicialmente prevista para el 15 de junio, se prorrogó hasta el 15 de septiembre a causa de las fuertes lluvias que hicieron intransitables las carreteras y caminos, y dificultaron el acceso a millones de personas. Se registraron como electores más de ocho millones de personas.

Siguió activa la epidemia de cólera que se había desatado en 2006. Al final de agosto había matado a más de 400 personas. La situación se agravó con las lluvias torrenciales de enero y febrero en Luanda, que acabaron con la vida de más de 110 personas y destruyeron en torno a 10.000 viviendas, dejando aproximadamente sin techo a unas 28.000 familias. En octubre hizo su aparición en el municipio de Cacuaco, Luanda, una misteriosa enfermedad cuyos síntomas eran somnolencia, vómitos y diarrea. Al menos 400 personas fueron hospitalizadas y 2 murieron. Al final de noviembre, la Organización Mundial de la Salud declaró que la afección había tenido su origen, posiblemente, en un envenenamiento por bromuro.

En septiembre, un tribunal militar condenó a cuatro años de prisión por insubordinación al general Fernando Garcia Miala, ex director del Servicio de Seguridad Externa. El general no se había presentado a su ceremonia de degradación tras su cese en 2006. Ferraz António, Miguel André y Maria Domingos también fueron declarados culpables de insubordinación por el mismo motivo y condenados a dos años y medio de cárcel. Los cuatro recurrieron las penas impuestas.

Vivienda: desalojos forzosos

Aunque el número de personas desalojadas forzosamente fue menor que en años anteriores, persistía el peligro de desalojo forzoso. Se realojó a algunas de las personas que se habían visto afectadas por esta práctica en 2007. Sin embargo, fueron escasos o nulos los intentos del gobierno por realojar o indemnizar a los centenares de familias que desde 2005 habían sido reiteradamente desalojadas de los barrios de Cambamba I, Cambamba II y Cidadania, en Luanda. Seguían viviendo a la intemperie, en las ruinas de sus casas, expuestas a nuevo desalojo forzoso.

Los desalojos forzosos llevados a cabo en julio en los barrios de Comandante Jika y Camama, de los municipios de Maianga y Kilamba Kiaxi, Luanda, dejaron sin hogar a unas 200 familias. En Comandante Jika, varios de los residentes denunciaron que algunas de las viviendas alternativas proporcionadas se habían asignado a personas que no residían en la zona, lo que dejó a varias familias sin un lugar al que ir. No recibieron ninguna otra indemnización.

Desde julio, la empresa constructora Jardim do Éden desalojó forzosamente a centenares de familias y demolió sus viviendas en el barrio de Iraque, en Luanda. Según los informes, la mayoría fueron desalojadas por empleados de la empresa con protección de guardias de seguridad privados y de la policía nacional. Los desalojos se llevaron a cabo para construir un complejo de viviendas de lujo. No se proporcionaron ni vivienda alternativa ni indemnización. En noviembre, dos reporteros que informaban sobre los desalojos, António Cascais, periodista independiente que trabajaba para la emisora de radio alemana Deutsche Welle, y Alexandre Neto, de la radio angoleña Despertar, fueron agredidos por miembros de una empresa de seguridad privada y la policía militar los tuvo detenidos durante más de tres horas.

En julio, según los informes, se procedió al desalojo forzoso de entre 4 y 20 familias de Lubango, capital de la provincia de Huíla, al objeto de hacer sitio para un complejo hotelero de lujo. Se hicieron algunos intentos de realojar a los afectados, pero las viviendas alternativas se encontraban en su mayoría en áreas alejadas de sus lugares de trabajo y escuelas, y los enlaces para el transporte y los servicios eran inadecuados. No se les ofreció ninguna otra forma de indemnización.

Policía y fuerzas de seguridad

Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía figuraron detenciones y privaciones arbitrarias de la libertad, así como tortura y malos tratos bajo custodia con resultado de muerte. No comparecieron ante la justicia los agentes de policía responsables de estas violaciones, ni de las cometidas en 2006.

  • En febrero, agentes de policía detuvieron a Francisco Levi da Costa y a otros dos hombres a quienes un tendero había acusado de intentar robar tres cajas de pescado. La policía se llevó a los hombres a la Octava Comisaría de Policía, en Luanda, donde les propinaron golpes durante cuatro días consecutivos. Según parece, a Francisco Levi da Costa lo golpearon en la cabeza y perdió el conocimiento, pero la policía lo acusó de estar simulando para que lo dejaran en libertad. Murió cuatro días después en una celda de la comisaría. No se practicó ninguna detención en relación con esta muerte. Las autoridades policiales informaron a Amnistía Internacional de que las investigaciones sobre el suceso continuaban.
  • En marzo, según los informes, agentes de policía dispararon contra Isaías Samakuva, presidente de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), durante una reunión en la sede del partido en Ndalatando, provincia de Cuanza Norte. Una bala impactó en el pie de un muchacho de 14 años que estaba sentado sobre un muro próximo al edificio. Isaías Samakuva resultó ileso. El jefe de la policía de Cuanza Norte declaró que se estaba realizando una investigación sobre el incidente. Sin embargo, al finalizar el año no se había hecho público ningún resultado.

Condiciones de reclusión

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria visitó Angola en septiembre e informó de que se recluía a los presos en condiciones severas y de alarmante hacinamiento. A principios de octubre se produjo un motín en la Prisión Central de Luanda. Las autoridades declararon que habían muerto dos presos y que seis habían resultado heridos, pero otras fuentes afirmaron que las cifras habían sido muy superiores. Según informes, en un mensaje enviado desde la prisión se decía que en la celda 11 se había matado a 80 internos. Las autoridades penitenciarias lo negaron, afirmando que algunos de los presos habían sido trasladados a la Prisión Central de Viana. Se solicitó la presencia de la Policía de Intervención Rápida para controlar a los presos y a la muchedumbre congregada en el exterior de la prisión. Familiares de los presos pidieron la lista de los internos trasladados a Viana, así como los nombres de los que habían resultado muertos y heridos, e intentaron dirigirse al palacio presidencial, pero la policía lo impidió. Dos días después del motín, el viceministro del Interior prometió que se mejorarían las condiciones de reclusión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a crecientes amenazas e intimidación. En abril, el director general de la Unidad Técnica para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entidad gubernamental, anunció que el gobierno no tardaría en poner fin a las actividades de ONG «sin impacto social». En julio acusó de incitar a la violencia a la Asociación Justicia, Paz y Democracia (Associação de Justiça, Paz e Democracia, AJPD), a Manos Libres (Mãos Livres), a la Fundación Open Society (Fundação Open Society) y a SOS-Habitat, a las que amenazó con prohibir.

En enero se informó a Raul Danda, periodista y dirigente de una organización de derechos humanos proscrita, de que, en aplicación de la Ley de Amnistía de 2006, se habían retirado los cargos impuestos tras su detención en Cabinda en septiembre de 2006. Se lo acusaba de instigación, incitación y aprobación de delitos contra la seguridad del Estado.

Libertad de expresión

La libertad de expresión fue objeto de restricciones. Un periodista (véase infra) fue condenado a varios meses de prisión y otros dos periodistas estuvieron brevemente detenidos mientras informaban sobre desalojos forzosos en el barrio de Iraque (véase supra).

  • En julio, agentes de la Dirección Provincial de Investigación Criminal de la policía detuvieron en Cabinda a cuatro hombres durante una misa en la que se celebraba la visita del enviado especial del Vaticano. Los hombres portaban carteles en los que manifestaban su protesta por la designación en 2005 de un obispo para Cabinda que no había nacido en esa provincia. Estuvieron recluidos en la sede de la Dirección Provincial durante tres días y luego se los acusó de injuria a una autoridad pública y de incitar a la violencia contra una autoridad religiosa. Quedaron en libertad 10 días después, tras ser sometidos a un juicio sumario ante el Tribunal Provincial de Cabinda. Pedro Maria António fue absuelto, André y Domingos Conde fueron condenados cada uno a dos meses de prisión, y Paulo Mavungo fue condenado a una pena de seis meses de cárcel. Las penas de cárcel se permutaron por multas y todas las condenas pasaron a ser condicionales durante dos años.
  • En octubre, el Tribunal Provincial de Luanda condenó a Felisberto da Graça Campos, director del Semanário Angolense, a ocho meses de prisión por difamación e injuria a un ex ministro de Justicia (en la actualidad Defensor del Pueblo). Los cargos tenían su origen en unos artículos publicados en abril de 2001 y marzo de 2004 en los que se acusaba al entonces ministro de Justicia de apropiarse de fondos del ministerio. Felisberto da Graça Campos estuvo detenido en la Prisión Central de Viana y quedó en libertad condicional en noviembre en espera del resultado de un recurso.

Violencia contra las mujeres

Las autoridades angoleñas expulsaron de forma violenta a República Democrática del Congo a miles de migrantes congoleños de las zonas de minas de diamantes situadas en el norte de Angola. Los informes indicaban que muchas de las mujeres migrantes expulsadas fueron violadas por militares angoleños durante el proceso de expulsión.

Informes y visita de Amnistía Internacional

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