Angola - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Angola

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Angola is now live »

Jefe del Estado: José Eduardo dos Santos
Jefe de gobierno: Fernando da Piedade Dias dos Santos
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Continuaron los desalojos forzosos, por lo que se dejó sin cobijo a
centenares de familias. Se recibieron informes de violaciones de
derechos humanos perpetradas por la policía, entre ellas homicidios
ilegítimos y tortura. Apenas hubo avances en la erradicación de la
impunidad. Se procesó a un agente de policía y se destituyó a otros
diez por diversos delitos. En Cabinda continuaron cometiéndose
violaciones de derechos humanos a pesar de la firma de un acuerdo de
paz con un movimiento separatista. Se sometió a hostigamiento a las
personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el
activismo político: se detuvo a algunas brevemente y se prohibió una
organización de derechos humanos.

Información general

En febrero estalló una epidemia de cólera que se propagó a todas las provincias. Al finalizar el año habían muerto más de 2.000 personas a causa de la enfermedad.

Las elecciones, previstas para finales de 2006, se aplazaron hasta finales de 2007. Sin embargo, la elaboración del censo electoral no comenzó hasta noviembre, y sólo en algunas zonas. Los líderes de la oposición y otras personas expresaron su preocupación por el gran número de armas pequeñas, incluidos fusiles AK-47, que había en manos de civiles (se calculaba que entre 1,5 y 4 millones) y pidieron que se emprendiera un programa de desarme antes de las elecciones.

En febrero, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Prensa que prohibía la censura de los medios de comunicación y garantizaba el acceso a la información. También quedó derogado en ella un artículo que impedía a los periodistas defenderse en las causas judiciales entabladas por difamación del presidente de la República.

En agosto, Angola ratificó la Convención de la ONU contra la Corrupción.

Desalojos forzosos

El Consejo de Ministros aprobó dos de los cuatro reglamentos de aplicación de las leyes sobre tierras aprobada en 2004.

Aunque en menor escala que en el año anterior, se llevaron a cabo desalojos forzosos en diversos barrios de Luanda. Entre enero y junio se practicaron varios en los de Cidadania y Cambamba I y II. En algunos casos, la policía, agentes fiscales municipales y personal privado de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra vecinos que opusieron resistencia a los desalojos, llegando incluso a disparar con fuego real. No se realizó ninguna investigación sobre los desalojos ni sobre la fuerza excesiva empleada por la policía.

En marzo, el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada expresó su preocupación por la persistencia de la práctica de los desalojos forzosos en Angola. Pidió al gobierno que cumpliera sus obligaciones en materia de derechos humanos y abordara sin demora las violaciones de derechos humanos.

En marzo, agentes de policía y guardias privados de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza al proceder al desalojo forzoso de al menos 330 familias de los barrios de Cambamba I, Cambamba II y Banga Wé.

El 13 de marzo, agentes de la policía nacional, guardias privados de seguridad y personas vestidas de civil demolieron 200 casas en Cambamba II. Para reforzarlos se envió a alrededor de un centenar de agentes de policía antidisturbios fuertemente armados, que hicieron disparos al aire y al suelo. También dieron golpes y patadas a los vecinos, en su mayoría mujeres, menores y personas de edad, que, apostados delante de sus casas, se negaban a marcharse. Una mujer embarazada fue golpeada y comenzó a sangrar. Un niño de alrededor de cuatro años fue alcanzado en la rodilla por una bala. Se detuvo a nueve personas, entre ellas un niño de 14 años y cuatro mujeres -Eunice Domingos, Amélia José Faustino, Aida Cardoso e Isabel Miguel Francisco-, aparentemente por oponer resistencia a los desalojos. Al final del día siguiente, todas habían sido puestas en libertad sin cargos.

También el 13 de marzo, agentes de policía y guardias privados de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza al proceder al desalojo forzoso de varias familias en el barrio de Cambamba I, donde demolieron 130 casas, empujando al suelo y golpeando a las personas que opusieron resistencia a los desalojos. Según informes, un guardia de seguridad disparó hacia los pies de un joven que había echado a correr. Luego, varios agentes de policía y el guardia rodearon al joven y comenzaron a golpearlo con una manguera y a darle patadas. Varias personas estuvieron detenidas brevemente, entre ellas dos miembros de la ONG SOS-Habitat y cuatro mujeres, de las cuales una estaba embarazada, mientras que las otras tres tenían menores de corta edad consigo. Días después, la policía regresó a Cambamba I y demolió las construcciones que las familias habían levantado para cobijarse.

En mayo hubo varios desalojos forzosos en el barrio de Cidadania de Luanda.

El 5 de mayo, agentes de policía y de los servicios fiscales municipales demolieron varias casas en Cidadania. Detuvieron a dos hombres -Rafael Morais, miembro de SOS-Habitat, y João Manuel Gomes, vecino del barrio-, a los que esposaron juntos y tuvieron al sol durante más de cuatro horas antes de dejarlos en libertad sin cargos. Un agente de policía golpeó a João Manuel Gomes con una manguera, y a Rafael Morais lo tuvieron sin zapatos y sin camisa.

Actuación policial y derechos humanos

La policía siguió cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, torturas y malos tratos de detenidos. Se tomaron medidas disciplinarias contra agentes acusados de cometer violaciones de derechos humanos durante el año. Las medidas, entre las que figuraba la expulsión de la policía, se hicieron públicas. Sin embargo, sólo se procesó a un agente durante 2006, a pesar de que un portavoz de la policía había declarado que las expulsiones no serían óbice para entablar actuaciones penales o civiles.

En mayo, la policía disparó en Luanda contra dos jóvenes, vendedores callejeros, y mató a uno de ellos. Alegó que sospechaba que tenían teléfonos móviles robados y que uno había echado a correr cuando los agentes se disponían a registrarle la bolsa. Después de atraparlo, un agente lo mató disparándole deliberadamente. Al segundo le dispararon cuando la policía intentaba dispersar a un grupo de personas que se había congregado en el lugar y estaba protestando por los disparos. Según informes, el agente responsable de la muerte fue expulsado de la policía en junio. Sin embargo, al concluir el año no se habían presentado cargos penales contra él.

En mayo se tuvo noticia de que unos agentes de policía habían torturado a cuatro detenidos durante varios días en la Sexta Comisaría de Policía de Luanda. Las víctimas eran Mateus Inácio Martins, Faustino Penhafu, Zeferino Muipile y Santos João Francisco. Los torturadores formaban parte de un grupo de 10 agentes que, según informes, fueron expulsados de la policía en junio por diversos delitos, como soborno, tortura y homicidio ilegítimo.

En agosto, el Tribunal Provincial de Benguela, en la localidad de Lobito, declaró a un agente de policía culpable del asesinato de Antoninho Tchiswugo en enero de 2005 y lo condenó a 17 años de prisión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos seguían expuestas a sufrir persecución. En septiembre, miembros de la Dirección Provincial de Investigación Criminal (DPIC) detuvieron arbitrariamente al defensor de los derechos humanos Raul Danda en el aeropuerto de la ciudad de Cabinda. El detenido estuvo recluido ilegalmente en la DPIC durante un periodo superior a las 48 horas permitidas por la ley. Fue acusado de instigación, incitación y aprobación de delitos contra la seguridad del Estado y trasladado a la Prisión Civil de Cabinda. Quedó en libertad al cabo de cuatro semanas en espera de juicio, pero éste no se había iniciado aún al concluir el año. Raul Danda es miembro de la organización de derechos humanos Mpalabanda-Asociación Cívica de Cabinda, que el Tribunal Provincial de Cabinda prohibió en julio por su presunta participación en actividades políticas. Al concluir el año no se había visto aún un recurso presentado contra la prohibición.

Cabinda

En agosto, el gobierno y el Foro de Cabinda para el Diálogo (Forum Cabindés para o Diálogo, FCD) firmaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado en la provincia. En el acuerdo se preveía la desmilitarización de los combatientes de la organización armada Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC) y su integración en las Fuerzas Armadas Angoleñas y en el gobierno. También se establecía una amnistía en el caso de los delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el contexto del conflicto armado, aprobada posteriormente por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el FLEC y otras organizaciones rechazaron el acuerdo por considerar que lo había firmado un ex presidente del FCD que había sido expulsado de éste en abril y no las representaba. Tras la firma del acuerdo de paz se recibieron informes no confirmados de combates entre las Fuerzas Armadas Angoleñas y el FLEC.

No se tuvo noticia del inicio de investigaciones sobre los numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las Fuerzas Armadas Angoleñas en Cabinda, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación y detenciones arbitrarias.

En enero, Francisco Banheva fue golpeado por unos soldados que lo encontraron trabajando el campo, junto con su esposa, en la zona de Mbata-Missinga, distrito de Ncutu, en contra de una orden de las Fuerzas Armadas Angoleñas en la que se especificaba qué días podían los habitantes de la zona laborar en sus tierras. Según informes, murió al día siguiente a causa de la paliza.

En junio tomó posesión de su cargo el nuevo obispo católico, cuyo nombramiento, en febrero de 2005, había provocado violentas protestas por no ser el prelado una persona de la provincia. Según informes, tras la ceremonia oficial, la policía detuvo a 28 miembros de Mpalabanda que se habían reunido para hablar del establecimiento de unas buenas relaciones con el nuevo obispo. Los detenidos quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Angola: Llamamiento al gobierno para que ponga fin de inmediato a los desalojos y al uso excesivo de la fuerza (Índice AI: AFR 12/004/2006)

• Angola: Organización de derechos humanos prohibida (Índice AI: AFR 12/006/2006)

• Angola: Un paso hacia el final de la impunidad policial (Índice AI: AFR 12/007/2006)

Cómo puedes ayudar