Argelia
Jefe del Estado
Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno
Abdelmalek Sellal (sustituyó a Ahmed Uyahia en septiembre)

Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión, con medidas como dispersar las manifestaciones y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos. Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica. Los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la década de 1990 y los actos de tortura y malos tratos infligidos a detenidos durante los años siguientes seguían impunes. Hubo atentados mortales de grupos armados. Se tuvo constancia de al menos 153 condenas de muerte. No hubo ejecuciones.

Información general

A lo largo del año se sucedieron las protestas y manifestaciones de sindicalistas y otros grupos contra el desempleo, la pobreza y la corrupción. Las fuerzas de seguridad las disolvían o impedían su celebración bloqueando el acceso a ellas o practicando detenciones.

En mayo, el historial de derechos humanos de Argelia se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno no prestó atención a las recomendaciones de revocar las leyes aprobadas bajo el estado de excepción (en vigor de 1992 a 2011); relajar las restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, y reconocer el derecho a la verdad de las familias de personas sometidas a desaparición forzada durante la década de 1990.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos visitó Argelia en septiembre y abordó con las autoridades las solicitudes que desde hacía tiempo venía presentando el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para visitar el país.

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Libertad de expresión y de asociación

Las nuevas leyes sobre la información y sobre las asociaciones, adoptadas en diciembre de 2011, restringían la labor informativa de los medios de comunicación sobre cuestiones relativas a la seguridad del Estado, la soberanía nacional y los intereses económicos de Argelia, y endurecían los controles sobre las ONG, de forma que las autoridades podían suspenderlas o disolverlas, impedir su registro legal o negarles financiación. Los periodistas podían ser procesados por difamación en aplicación del Código Penal.

  • Manseur Si Mohamed, periodista del diario La Nouvelle République en Mascara, fue multado y condenado a dos meses de prisión en junio por “comentarios difamatorios”, al haber afirmado en un artículo que un funcionario del Estado había incumplido una decisión judicial. Quedó en libertad en espera de que se resolviese el recurso de apelación.
  • En octubre, las autoridades rechazaron la solicitud de alta en el registro de la Asociación Nacional de Lucha contra la Corrupción sin explicar las razones de su negativa.
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Libertad de reunión

Pese a haber levantado en 2011 el estado de excepción, las autoridades continuaron prohibiendo las manifestaciones en Argel en virtud de un decreto de 2001. Tanto en la capital como en otros lugares, las fuerzas de seguridad impidieron manifestaciones con medidas como bloquear el acceso a ellas y practicar detenciones o disolverlas mediante el uso de la fuerza o amenazando con utilizarla.

  • Según informes, el 24 de abril las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron a empleados judiciales que participaban en una sentada de protesta por sus condiciones de trabajo.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades continuaron hostigando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, para lo que recurrieron incluso a los tribunales.

  • Abdelkader Kherba, miembro de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados, fue multado y recibió una condena condicional de un año de prisión en mayo, cuando un tribunal lo declaró culpable de “incitación directa a una concentración” por haberse sumado a una sentada de protesta de empleados judiciales y haberla filmado. Permaneció bajo custodia desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo. En agosto lo detuvieron y juzgaron de nuevo por haber intentado filmar una manifestación contra los cortes del suministro de agua en Ksar el Bujari (provincia de Medea). Lo acusaron de insultar y agredir a un agente. Fue absuelto y quedó en libertad el 11 de septiembre.
  • En octubre, la policía detuvo y golpeó a Yacine Zaïd, activista sindical y presidente de la oficina de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos en Laghuat. Posteriormente, lo acusaron de “agresión a un agente del orden público”, y le impusieron una condena condicional de seis meses de prisión y una multa. El tribunal desestimó su denuncia de agresión policial, pese a la existencia de pruebas médicas.
  • Yacine Zaïd y otros tres defensores de los derechos humanos, que habían participado en una sentada a las puertas del tribunal en el que se estaba juzgando a Abdelkader Kherba en abril, fueron acusados formalmente de “incitación a una concentración no armada”, delito punible con hasta un año de prisión. El 25 de septiembre, el tribunal manifestó que no podía juzgarlos. Sin embargo, los cargos seguían pendientes al final del año.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Grupos armados, como Al Qaeda en el Magreb Islámico, perpetraron atentados con explosivos y otros ataques, sobre todo contra objetivos militares. Las autoridades informaron de la muerte de miembros de grupos armados a manos de las fuerzas de seguridad, pero sin dar a conocer muchos detalles, lo que hizo temer que algunos hubieran sido ejecutados extrajudicialmente. Se tuvo noticia de la muerte de al menos cuatro civiles por explosiones de bombas o por disparos de las fuerzas de seguridad. El Departamento de Información y Seguridad seguía teniendo amplias facultades para detener y recluir, incluso en régimen de incomunicación en el caso de los sospechosos de terrorismo, lo que facilitaba la tortura y los malos tratos.

  • Abdelhakim Chenoui y Malik Medjnoun, condenados en 2011 a 12 años de prisión por el asesinato del cantante cabileño Lounès Matoub, quedaron en libertad en marzo y mayo de 2012, respectivamente. Ambos habían permanecido recluidos ininterrumpidamente desde 1999 hasta su juicio en 2011. Abdelhakim Chenoui afirmó que había “confesado” bajo coacción, y Malik Medjnoun declaró que lo habían torturado bajo custodia de la policía de seguridad en 1999.
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Impunidad de los abusos cometidos en el pasado

Las autoridades no tomaron medidas para investigar las miles de desapariciones forzadas y demás abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990. La Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), en vigor desde 2006, concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito la crítica pública de su conducta. Se obligaba a las familias de las personas desaparecidas a aceptar certificados de defunción como requisito para cobrar indemnizaciones, pero se les negaba información sobre la suerte que habían corrido sus seres queridos. Se hostigaba a quienes seguían reivindicando verdad y justicia.

  • Mohamed Smaïn, ex presidente de la oficina de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos en Relizane, que abogaba por la verdad y la justicia para las familias de los desaparecidos, fue detenido en junio por haber desobedecido una citación de la fiscalía de Relizane. Lo habían citado en relación con una condena de dos meses de prisión y varias multas que se le habían impuesto tras criticar a las autoridades por el traslado de cadáveres de una fosa común de Relizane en 2001. El Tribunal Supremo había confirmado la condena en 2011. Mohamed Smaïn quedó en libertad en virtud de un indulto presidencial concedido en julio por motivos de salud.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Sin embargo, tras la aprobación de una ley en 2011 para incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento, éstas se hicieron con casi un tercio de los escaños en las elecciones nacionales de mayo.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno a reformar el Código de Familia para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres en lo referente al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Asimismo, el Comité pidió al gobierno que retirara las reservas de Argelia a la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratificara su Protocolo Facultativo; que promulgara leyes para proteger a las mujeres contra la violencia en el ámbito familiar y contra otros tipos de violencia, y que abordara la desigualdad de género en la educación y el empleo.

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Pena de muerte

Los tribunales impusieron al menos 153 condenas de muerte, la mayoría in absentia y contra personas declaradas culpables de delitos de terrorismo. No hubo ejecuciones: las autoridades mantuvieron su suspensión de facto, en vigor desde 1993.

  • Ocho hombres fueron condenados a muerte el 25 de octubre, tras haber sido declarados culpables de secuestro y asesinato. Al menos dos afirmaron haber sido torturados en prisión preventiva en 2011.
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