Argelia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Argelina Democrática y Popular

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Argelia is now live »

Jefe del Estado
Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno
Ahmed Uyahiya
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
34,9 millones
Esperanza de vida
72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
35/31 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
75,4 por ciento

Se detuvo y recluyó en régimen de incomunicación a personas sospechosas de terrorismo; algunas fueron sometidas a juicios injustos. Las autoridades hostigaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas, y procesaron a algunas de estas personas por criticar a funcionarios del Estado. Se promulgó nueva legislación que tipificaba como delito la migración irregular. Las autoridades siguieron sin tomar medidas para investigar millares de casos de desaparición forzada y otros abusos graves cometidos en el pasado y poner a los responsables a disposición judicial.

Información general

El 9 de abril, tras una reforma de la Constitución aprobada en 2008 que le permitió presentarse para un tercer mandato, Abdelaziz Buteflika fue reelegido presidente. El 19 de abril afirmó seguir comprometido con el proceso de “reconciliación nacional” iniciado cuando llegó por primera vez al poder, en 1999. En virtud de este proceso, el gobierno había decretado una amnistía y otras medidas que institucionalizaban la impunidad de los abusos contra los derechos humanos cometidos en gran escala durante el conflicto interno de la década de 1990 y negaban de hecho a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y a una reparación adecuada. Durante su campaña electoral, el presidente propuso la promulgación de una amnistía para los grupos armados.

Aunque hubo menos acciones indiscriminadas contra civiles que en años anteriores, los grupos armados continuaron perpetrando ataques en los que, según los informes, murieron unos 30 civiles –la mayoría en atentados con explosivos cometidos en lugares públicos– y unos 90 miembros de las fuerzas de seguridad. Según informes, decenas de presuntos miembros de grupos armados murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o en operaciones de búsqueda; en la mayoría de los casos, no quedaron claras las circunstancias exactas de su muerte, lo que hizo temer que algunas de estas personas hubieran sido ejecutadas extrajudicialmente. Se creía que el principal grupo islamista armado activo en Argelia era la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico.

A lo largo del año se produjeron también en distintas zonas una serie de huelgas, manifestaciones y disturbios en protesta por el desempleo, los bajos salarios, la escasez de vivienda y otros problemas.

En agosto, el gobierno promulgó la Ley 09-04 y dictó un decreto presidencial para hacer de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH) una institución más transparente e independiente. En marzo, el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos había recomendado no acreditar totalmente a la CNCPPDH porque no cumplía los Principios de París para instituciones nacionales de derechos humanos.

Seguridad y medidas antiterroristas

El Departamento de Información y Seguridad (DRS) –la inteligencia militar– continuó deteniendo a presuntos terroristas y recluyéndolos en régimen de incomunicación durante semanas o meses, periodo en el que estaban expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos.

En el caso de las personas sospechosas de terrorismo no se respetaba el derecho a un juicio justo. Se procesó a algunas ante tribunales militares, o se les negó el acceso a un abogado, particularmente durante su prisión preventiva. Las autoridades no investigaban las denuncias de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, y los tribunales continuaban aceptando sin investigación alguna “confesiones” obtenidas presuntamente con tortura u otras formas de coacción, que servían de base para declarar culpables a los acusados.

  • El 17 de marzo, agentes de seguridad vestidos de civil se llevaron a Moussa Rahli de su casa en Ouled Aïssa, provincia de Boumerdes. Estuvo recluido en régimen de incomunicación durante unos 50 días antes de que su familia supiera que se hallaba detenido en el cuartel militar de Blida. Se creía que, a pesar de ser civil, iba a ser juzgado ante un tribunal por cargos de terrorismo. Al concluir 2009 no se había celebrado aún el juicio.
  • Mohamed Rahmouni, también civil, continuó recluido en el cuartel militar de Blida, en espera de juicio ante un tribunal militar por cargos de terrorismo. Detenido en julio de 2007, había pasado en régimen de incomunicación los primeros seis meses de su reclusión. Las autoridades no le permitían comunicarse con un abogado de su elección para que se encargara de su defensa; el tribunal militar le había asignado uno de oficio, que él rechazó.

El 17 de enero, Bachir Ghalaab se convirtió en el octavo ciudadano argelino devuelto de la prisión estadounidense de Guantánamo. Al igual que los demás, quedó en libertad. Dos de ellos estaban en espera de juicio, acusados de pertenencia a un grupo terrorista activo en el extranjero. Bachir Ghalaab y otros dos seguían sujetos a control judicial para su investigación. En noviembre, un tribunal de Argel absolvió a Feghoul Abdelli y Mohammed Abd al al Qadir de los cargos de pertenencia a un grupo terrorista en el extranjero y falsificación de documentos. El octavo de estos hombres fue absuelto de todos los cargos sin haber sido juzgado.

Libertad de expresión

Se procesó por difamación y otros delitos a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas, como consecuencia, al parecer, de sus críticas al historial de las autoridades en materia de derechos humanos o a instituciones y funcionarios públicos.

  • El 27 de octubre, Hafnaoui Ghoul, periodista y activista de derechos humanos de la sección de Djelfa de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), fue declarado culpable de difamación y desacato a una institución pública en dos juicios distintos ante el Tribunal de Primera Instancia de Djelfa. Fue condenado a un total de cuatro meses de cárcel, dos de ellos de prisión condicional, y al pago de una multa y de daños y perjuicios. Recurrió ambas sentencias y quedó en libertad en espera del resultado de la apelación. Las acciones judiciales entabladas contra él tenían su origen en demandas presentadas por las autoridades de Djelfa por unos artículos que había escrito en el periódico Wasat denunciando mala gestión y corrupción. En enero, un desconocido lo agredió en la calle con un arma blanca.
  • Kamal Eddine Fekhar, miembro de la LADDH y activista político del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), estaba imputado en varias causas. En octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Ghardaia le impuso una pena de seis meses de prisión condicional y una multa por “insultos”, acusación que él negó. Estaba también en espera de juicio acusado de incitar a quemar un automóvil de la policía en febrero, motivo por el que en junio había sido detenido, sujeto a control judicial y privado de su pasaporte. Su detención se produjo tras una convocatoria de huelga que había hecho el FFS en Ghardaia el 1 de junio para protestar por un fallo judicial presuntamente injusto.
  • Continuaba pendiente ante la máxima instancia judicial de Argelia una apelación interpuesta por el abogado de derechos humanos Amine Sidhoum, declarado culpable en 2008 de desacreditar a la judicatura por unos comentarios atribuidos a él que se habían publicado en 2004 en un artículo de prensa. Le había sido impuesta una condena condicional de seis meses de prisión y una multa.

Desapariciones forzadas

Las autoridades no tomaron ninguna medida para investigar los millares de desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto interno de la década de 1990.

  • No hubo avances en las averiguaciones para conocer la suerte de Fayçal Benlatreche, desaparecido en 1995, y poner a disposición judicial a los responsables de su desaparición. Su padre, que llevaba años haciendo campaña por la verdad y la justicia y había fundado la Asociación Nacional de Familias de Desaparecidos de la Provincia de Constantina, murió en septiembre.

Según informes, en agosto un ministro del gobierno dijo que las familias de casi 7.000 desaparecidos habían aceptado las indemnizaciones concedidas por el Estado, por un total de 11.000 millones de dinares (unos 14 millones de dólares estadounidenses). De acuerdo con los informes, Farouk Ksentini, presidente de la CNCPPDH, instó a que se pidieran públicamente disculpas oficiales a las familias de los desaparecidos, pero explicó que en algunos casos su demanda de verdad y justicia era imposible de atender.

Las asociaciones de familias de desaparecidos sufrían hostigamiento y obstáculos a su labor, pero continuaron organizando protestas.

  • El 16 de junio, agentes encargados de hacer cumplir la ley impidieron el acceso a un centro privado de Bachedjarah, Argel, donde se iba a celebrar una conferencia organizada por asociaciones de familias de desaparecidos y víctimas de “terrorismo”.
  • Las autoridades locales de Jijel no respondieron a una solicitud de inscripción en el registro presentada en mayo por la recién formada Asociación de Hijos de Desaparecidos Michal, pese a estar obligadas por ley a hacerlo en el plazo de 60 días. Otras asociaciones de familias de desaparecidos que llevaban años desarrollando actividades tampoco habían podido registrarse legalmente.

Derechos de las personas migrantes

El 25 de febrero, el presidente aprobó una reforma del Código Penal por la que, entre otras cosas, se tipificaba como delito la salida “ilícita” de Argelia con documentación falsa o por lugares distintos de los puestos fronterizos de salida oficiales, lo que suponía restringir la libertad de circulación y tratar como delito la migración. Esta forma de salida “ilícita” se castigaba con penas de entre dos y seis meses de cárcel, multas o ambas cosas. Sin embargo, millares de argelinos y de ciudadanos de otros países intentaron migrar de manera irregular a Europa desde Argelia; centenares, posiblemente miles, fueron interceptados en el mar o cuando se disponían a partir en barco, y los medios de comunicación informaron de que muchas personas iban a ser juzgadas y condenadas en aplicación de las nuevas disposiciones sobre la salida “ilícita” del país.

No había estadísticas oficiales en las que se registrara el número de ciudadanos extranjeros expulsados de Argelia, pero en su informe inicial al Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migratorios, de junio de 2008, el gobierno había dicho que todos los años se devolvía a su llegada a la frontera o se expulsaba de Argelia a una media de 7.000 ciudadanos extranjeros. Se creía que muchas de estas expulsiones se llevaban a cabo sin el debido proceso ni las salvaguardias adecuadas.

Discriminación contra las mujeres

El 15 de julio, Argelia retiró sus reservas al artículo 9.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relativas a la igualdad de derechos para las mujeres con respecto a la nacionalidad de sus hijos. La reforma de la Ley de Nacionalidad en 2005 ya había permitido a las mujeres argelinas casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad a sus hijos. En el Código de Familia se mantenían diversas disposiciones discriminatorias –relativas en particular al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia– que se reflejaban también en la persistencia de las reservas de Argelia a otros artículos de la CEDAW.

Pena de muerte

Se condenó a muerte a más de un centenar de personas, pero las autoridades mantuvieron la suspensión de facto de las ejecuciones vigente desde 1993. La mayoría de las condenas se impusieron por delitos de terrorismo e in absentia, aunque algunas fueron por asesinato con premeditación.

En junio se hizo público el rechazo del gobierno a un proyecto de ley para la abolición de la pena de muerte presentado por un parlamentario de la oposición.

Informes de Amnistía Internacional

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