Albania - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Albania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Albania is now live »

Jefe del Estado : Bamir Topi (sustituyó a Alfred Moisiu en julio)
Jefe del gobierno : Sali Berisha
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 3,2 millones
Esperanza de vida : 76,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 32/28 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,7 por ciento

La confianza pública en el sistema judicial seguía siendo escasa. El fiscal general fue destituido en noviembre por razones jurídicas cuestionables. Las condiciones que soportaban muchas personas que cumplían condena o estaban en prisión preventiva seguían siendo muy duras debido al hacinamiento y a la escasez de higiene y asistencia médica. Hubo informes de malos tratos policiales a varias personas que estaban bajo custodia o en prisión preventiva. Continuó la trata de mujeres y menores para fines de prostitución forzada u otras formas de explotación, aunque los informes indicaban que se hallaba en retroceso.

Información general

Los niveles de pobreza y desempleo seguían siendo elevados a pesar del progreso económico, lo que, unido a las deficiencias de los servicios de salud y educación en las zonas rurales, dio lugar a una migración constante a las ciudades cuyas consecuencias fueron la falta de vivienda y los asentamientos ilegales.

Avances jurídicos, constitucionales e institucionales

En abril, el Parlamento aprobó varias enmiendas al Código Penal Militar que anulaban todas las disposiciones relativas a la pena de muerte, abolida para los delitos comunes en el año 2000.

Albania ratificó en septiembre la Convención Internacional parala Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, en noviembre, los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y a la participación de niños en los conflictos armados.

Violencia contra las mujeres

Violencia en el ámbito familiar

Un estudio del gobierno publicado en noviembre reveló que hasta un tercio de las mujeres habían experimentado violencia en el ámbito familiar, y su incidencia parecía ir en aumento. El Código Penal no prohibía expresamente la violencia doméstica y muy pocos casos llegaban a los tribunales si no habían desembocado en muerte o lesiones graves.

En junio entró en vigor la ley civil «sobre Medidas contrala Violencia en las Relaciones Familiares», dirigida a evitar esta clase de violencia y brindar protección efectiva a las víctimas. En julio, un tribunal de Tirana dictó la primera orden de protección urgente en aplicación de las nuevas disposiciones. En noviembre se estableció en el seno de la fuerza policial de Tirana una unidad especial sobre la violencia en el ámbito familiar y la protección de menores. 

Tratade personas

Albania ratificó en febrero el Convenio del Consejo de Europa sobrela Lucha contrala Trata de Seres Humanos. Según fuentes policiales, la trata de mujeres y menores disminuyó drásticamente en 2007; tan sólo se habían denunciado 13 casos cuyas víctimas eran mujeres y 7 en los que las víctimas eran menores. Sin embargo, al parecer las ONG sospechaban que había muchos más casos sin denunciar. Ocho hombres fueron declarados culpables de traficar con mujeres, y otros dos, de traficar con menores.

  • En enero, el Tribunal de Delitos Graves condenó a Fatos Kapllani y Arben Osmani a penas de 16 y 15 años de cárcel, respectivamente, por trata de menores, a quienes enviaban a Grecia y obligaban a ejercer la prostitución o la mendicidad.
  • En junio se detuvo a dos hombres de Lushnja y se los acusó de la trata de una joven de 15 años enviada a Grecia, donde fue obligada a ejercer la prostitución.

La protección de testigos siguió siendo problemática y las víctimas fueron a menudo reacias a denunciar a los traficantes ante la policía por miedo a sufrir represalias. El personal del Departamento de Protección de Testigos del Ministerio del Interior recibió formación en materia de protección de testigos y, en abril, el gobierno aprobó una normativa para el tratamiento de las víctimas. No obstante, en noviembre la policía emprendió acciones judiciales contra una joven de 17 años, según informes, por «no denunciar un delito» y negarse a identificar a los tratantes que la habían enviado a Italia para fines de prostitución forzada a la edad de 14 años.

Condiciones penitenciarias

En septiembre, el Comité Europeo para la Prevención dela Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes publicó el informe sobre su visita a Albania en marzo de 2006. Se visitaron las instalaciones para presos preventivos de las comisarías de policía de Durrës y Fier, así como los calabozos de dos comisarías de Tirana. En el informe se criticaban las «condiciones deplorables» en Durrës y Fier y en los calabozos de una comisaría de policía de Tirana, así como la falta de asistencia médica.

En junio finalizó el traspaso de la responsabilidad sobre los presos preventivos del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, y las personas que estaban privadas de libertad en comisarías de policía fueron trasladadas a prisiones. Aunque las condiciones eran mejores, el alojamiento de los preventivos sometió a mayor presión unas instalaciones ya superpobladas. Al terminar el año no había concluido la construcción de dos nuevas cárceles y un centro de reclusión preventiva.

La población reclusa total era de 4.638 personas en octubre, cifra que rebasaba en 1.172 la capacidad de los centros. Por esta razón se mantuvo a varios presos preventivos en las comisarías o se los devolvió a ellas, en contravención de lo dispuesto en la ley.

Según informes, en septiembre había 16 personas detenidas en la jefatura superior de policía de Tirana, repartidas en cuatro celdas con capacidad para una sola persona. Debido a la falta de espacio, a los presos con enfermedades mentales a menudo se los recluía junto a otros reclusos en el hospital penitenciario de Tirana. Las obras de construcción de un hospital para enfermos mentales reclusos en Durrës comenzaron en agosto.

  • En noviembre, el Comité Albanés de Helsinki criticó las condiciones imperantes en la prisión preventiva de Vlora, donde había 92 reclusos en celdas con capacidad para 46. Entre ellos había cinco menores de edades comprendidas entre 14 y 17 años mezclados con adultos, lo que contravenía la legislación.

Tortura y otros malos tratos

En febrero se introdujeron enmiendas al artículo 86 del Código Penal, relativo a la tortura y otros tratos degradantes o inhumanos, que incorporaban la definición de tortura establecida en la Convención dela ONU contrala Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, no se revisaron en su totalidad el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, por lo que los agentes de policía que fueran procesados por tortura u otros malos tratos tendrían más probabilidades de ser acusados de delitos menores. No se tuvo conocimiento de que algún agente de policía hubiera sido condenado en 2007 por torturas o malos tratos.

El Comité Europeo para la Prevención dela Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes informó de que en marzo de 2006 había recibido varias denuncias de detenidos que alegaban haber sufrido «malos tratos físicos deliberados cuando estaban bajo custodia policial, en particular durante el interrogatorio policial». Además, varios presos preventivos de la comisaría de policía de Durrës denunciaron que miembros de la fuerza especial de intervención del centro los habían esposado, les habían puesto un casco y a continuación los habían golpeado repetidamente en la cabeza con objetos contundentes.

  • En agosto, un periodista denunció haber presenciado cómo varios agentes de policía daban puñetazos y patadas brutales a un conocido suyo, Ilir Nastimi, en la comisaría de policía dela Ciudad Universitaria de Tirana.
  • Una comisión de la Oficinadel Defensor del Pueblo que estaba inspeccionando las condiciones en la prisión preventiva de Vlora en noviembre tuvo conocimiento de que ese mismo día los guardias de la prisión habían golpeado a un detenido, Ilirian Malaj, tras sus protestas por un registro de la celda. Ilirian Malaj presentaba lesiones visibles, que posteriormente fueron documentadas en un examen médico pericial, y otros detenidos confirmaron su relato. El Defensor del Pueblo solicitó una investigación sobre las acusaciones de tortura contra cuatro guardias identificados.

Vivienda

Había registradas más de 45.000 familias sin hogar; entre los grupos más vulnerables afectados por este problema figuraban unas 340 personas que habían quedado huérfanas siendo menores. Contraviniendo la legislación nacional, el Estado no les había procurado una vivienda adecuada al alcanzar la edad adulta y concluir la educación secundaria. Muchas de ellas vivían en destartaladas residencias de estudiantes, compartiendo entre varios habitaciones destinadas a una sola persona y sin tener asegurada la plaza.

Informe y visitas de Amnistía Internacional

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