Afganistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Afganistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Afganistán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Hamid Karzai
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 32,3 millones
Esperanza de vida : 42,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 234/240 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 28 por ciento

El conflicto y la inseguridad crecientes, que afectaban a gran parte del país, se vieron agravados por la sequía y las inundaciones, las cuales provocaron desplazamientos de población en gran escala durante todo el año.

Según cálculos, en el contexto del conflicto murieron al menos 6.500 personas. Todas las partes, tanto las fuerzas de seguridad internacionales y afganas como los grupos insurgentes, cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos con impunidad. Asimismo hubo ataques indiscriminados de todos los bandos, desde bombardeos aéreos, efectuados por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y por las fuerzas de la Operación Libertad Duradera, dirigidas por Estados Unidos, hasta atentados suicidas perpetrados por grupos armados.

Según la Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán, hubo alrededor de 2.000 muertes de civiles no combatientes, de las que más de la cuarta parte fueron causadas por las fuerzas internacionales y algo menos de la mitad por los grupos insurgentes.

Se cometieron violaciones de derechos relacionados con la educación, la salud y la libertad de expresión, especialmente contra las mujeres. Se sometió a amenazas, intimidación física, detención u homicidio a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Se hicieron limitados progresos en la reforma de instituciones clave del Estado, como la policía y los servicios de inteligencia. No se hizo rendir cuentas a autoridades del gobierno y caudillos locales por presuntos abusos, y el acceso a la justicia era nulo o muy limitado.

Información general

El gobierno afgano continuó con la aplicación del Pacto para Afganistán, alcanzado en 2006 con sus socios internacionales para cuestiones de desarrollo, seguridad y gobernanza. El número de efectivos de las fuerzas militares internacionales, incluidas la Operación Libertad Duradera y la FIAS, aumentó hasta alcanzar al menos los 49.000.

La insurgencia se intensificó, y los talibanes y otros grupos armados se hicieron temporalmente con el control de diversos distritos, particularmente en el sur del país, y se enfrentaron en repetidas ocasiones a las fuerzas militares internacionales y afganas.

Los talibanes pedían la retirada de las fuerzas internacionales, pero el gobierno afgano hizo caso omiso de ello. Hubo crecientes intentos de facilitar el diálogo entre las partes en el conflicto. Asimismo, los esfuerzos por dar una solución regional al conflicto hicieron posible la celebración de una jirga (consejo tribal informal) de paz en agosto de 2007, con participantes de Afganistán y Pakistán.

Abusos cometidos por el gobierno afgano

Sistema de justicia

En junio se pusieron de relieve en una conferencia internacional las graves deficiencias de que adolecía el sistema de administración de justicia de Afganistán, incluidos el Ministerio de Justicia, los tribunales, las prisiones, la policía, el ejército y la Dirección Nacional de Seguridad (los servicios de inteligencia), a pesar del apoyo internacional recibido durante varios años para reformar estas instituciones.

El mandato de la Dirección Nacional de Seguridad siguió estando poco claro, ya que el decreto presidencial donde se especificaban sus atribuciones era información secreta. En la práctica esta institución parecía seguir ejerciendo amplios poderes, que incluían la detención, el interrogatorio, la investigación, el procesamiento y la condena de personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional. La falta de separación de estas funciones violaba el derecho de los sospechosos a un juicio justo, contribuía a la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos y menoscababa el Estado de derecho. Hubo continuos informes de tortura y otros malos tratos a personas bajo custodia de la Dirección Nacional de Seguridad.

Otras deficiencias graves que continuaban menoscabando la administración efectiva de justicia eran: un sistema judicial que veía obstaculizado su funcionamiento por la presencia en él de personal sin titulación; una policía mal formada y mal pagada; la amenaza que suponía para la independencia judicial la presión de los grupos armados, y la celebración de procedimientos judiciales injustos, en los que se violaba el derecho a llamar e interrogar a testigos y se negaba a los acusados el derecho de defensa y el acceso a la información. La falta de confianza en el sistema oficial de justicia o de acceso a él fomentaba la dependencia de sistemas judiciales paralelos, especialmente en las zonas rurales, donde, según informes, hasta el 80 por ciento de los asuntos se resolvían con mecanismos de justicia no oficiales.

Impunidad

Continuó la impunidad, fomentada en febrero por la introducción de la Ley de Amnistía, que eximía al gobierno de la responsabilidad de llevar ante la justicia a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos en el pasado. En diciembre, el presidente Karzai manifestó que su gobierno no tenía aún capacidad para detener y procesar a muchos de los responsables de los abusos contra los derechos humanos que se habían cometido y seguían cometiéndose. Entre los acusados de tales abusos figuraban miembros del Parlamento, así como autoridades gubernamentales provinciales.

No hubo avances en la aplicación del Plan de Acción para la Paz, la Justicia y la Reconciliación en Afganistán, puesto en práctica en febrero de 2006.

Pena de muerte

En octubre se ejecutó a 15 personas, las primeras en tres años. Al parecer, una persona condenada a muerte se libró de su ejecución con sobornos. Las 15 que fueron ejecutadas murieron cuando se disparó contra ellas mientras intentaban huir de la ejecución. Nada más llevarse a cabo ésta, algunos presos de la cárcel de Pol-e-Charji se declararon en huelga de hambre durante 10 días, por considerar que las condenas de muerte no se habían impuesto en juicios justos y transparentes y que en algunos casos habían tenido una motivación política.

Se creía que había entre 70 y 110 personas condenadas a muerte.

Abusos cometidos por las fuerzas internacionales

Homicidios de civiles

Según informes, las fuerzas militares internacionales causaron la muerte de varios centenares de civiles. Algunos pudieron ser víctimas de ataques indiscriminados, como bombardeos aéreos y otras operaciones que podrían haber violado el derecho internacional humanitario. Tras varios sucesos notorios ocurridos a mediados de 2007, en los que las fuerzas militares internacionales causaron muertes de civiles, la FIASinstituyó unas reglas de intervención nuevas. No se sabía bien qué efecto tuvieron, pero se recibieron frecuentes informes de muertes de civiles en cantidad desproporcionada como consecuencia de operaciones militares internacionales.

  • El 4 de marzo, tras un atentado suicida perpetrado contra un convoy estadounidense en la carretera de Yalalabad, provincia de Nangarhar, las tropas de Estados Unidos disparon indiscriminadamente a lo largo de un tramo de 12 km y como consecuencia de ello murieron al menos 12 civiles y resultaron heridas 35 personas. Las investigaciones realizadas por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán determinaron que las fuerzas estadounidenses habían hecho uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. El ejército de Estados Unidos remitió el asunto a su Servicio de Investigación Criminal de la Armada, mencionando la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones.

Tortura y otros malos tratos

La FIAS siguió transfiriendo detenidos a la Dirección Nacional de Seguridad a pesar de las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos allí. Los intentos de las fuerzas multinacionales de mantener bajo observación a los detenidos transferidos fueron muy irregulares.

Por otro lado, las fuerzas de la Operación Libertad Duradera, dirigida por Estados Unidos, continuaron transfiriendo a detenidos a la Dirección Nacional de Seguridad y a centros de detención bajo control estadounidense, como la base aérea de Bagram, cerca de Kabul. Las autoridades estadounidenses transfirieron a más de 100 detenidos de Bagram y Guantánamo al recién reformado Bloque D de la prisión de alta seguridad de Pol-e-Charji, situada a las afueras de Kabul. No se sabía bien quién supervisaba ese bloque. Al final del año se creía que había en Bagram unos 600 detenidos.

Abusos cometidos por los grupos armados

Secuestros y homicidios

Los grupos armados, incluidos los talibanes, Hizb-e Islami y Al Qaeda, atacaron deliberadamente a civiles en el marco de la lucha que libraban contra el gobierno afgano y las fuerzas militares internacionales. Algunos de estos ataques fueron homicidios de personas que parecían trabajar o cooperar con sus enemigos. El mulá Dadullah, jefe talibán, comentó que los secuestros eran una «buena táctica» y animó a sus combatientes a utilizarla. Se produjo un acusado aumento del número de secuestros en el sur y el sureste del país.

  • Cuatro empleados de tribunales provinciales afganos fueron secuestrados por los talibanes cuando viajaban por el distrito de Andar, Ghazni, el 24 de julio. Las autoridades afganas encontraron sus cadáveres posteriormente.
  • Los talibanes secuestraron el 19 de julio a 23 coreanos que viajaban por Ghazni. Mataron a dos de ellos y al cabo de seis semanas dejaron en libertad a los demás.
  • Los talibanes secuestraron a cinco afganos y dos alemanes en la provincia de Wardak el 18 de julio. Uno de los primeros escapó, y uno de los alemanes murió. Los demás fueron liberados en octubre.

Atentados suicidas

Los grupos armados perpetraron unos 140 atentados suicidas contra objetivos militares y civiles, en los que murieron alrededor de 300 civiles.

  • Hasta 80 personas murieron en un atentado suicida con explosivos cometido el 6 de noviembre durante una ceremonia celebrada en la provincia de Valgan. Decenas de personas más resultaron heridas. Se pensó que algunas de las muertes y lesiones habían sido causadas por guardias de parlamentarios presentes en la ceremonia, que al parecer habían abierto fuego tras la explosión inicial.
  • El 17 de junio, 24 personas murieron y 35 resultaron heridas en un atentado suicida con explosivos perpetrado en un autobús que transportaba a agentes en prácticas de la policía afgana.

Homicidios tras procesos cuasi judiciales

Los talibanes y otros grupos perpetraron homicidios ilegítimos tras procesos cuasi judiciales.

  • El 30 de septiembre, combatientes talibanes se llevaron de un mercado del distrito de Sangin, provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, a un muchacho de 15 años, Zainullah, que trabajaba allí haciendo llaves. Lo acusaron de ser espía y lo ahorcaron en un poste del tendido eléctrico con una nota donde advertían que a quienes se descubriera espiando se les haría correr la misma suerte.

Libertad de expresión

La libertad de expresión continuó sometida a fuertes restricciones. Se detuvo o intimidó y mató a varios periodistas. Asimismo, se amenazó a miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y a representantes de organizaciones nacionales de derechos humanos.

En 2007 el Sindicato Independiente de Periodistas de Afganistán registró 53 casos de violencia ejercida contra periodistas por el gobierno afgano y los insurgentes talibanes. En 6 de ellos se mató a la víctima.

  • El 5 de junio, unos hombres armados mataron a Zakia Zaki, directora de la emisora privada Peace Radio, en su casa, en la provincia de Parwan, en el centro de Afganistán.
  • Kamran Mir Hazar, periodista de Radio Salaam Watandar y director del servicio de noticias de Internet Kabul Press, fue detenido dos veces, aparentemente por criticar al gobierno, y puesto luego en libertad sin cargos.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Siguieron menoscabándose los derechos de las mujeres en muchas áreas. Las mujeres que trabajaban para el gobierno recibían amenazas, y varias sobrevivieron a intentos de asesinato.

  • Massoma Anwary, directora del Departamento de Asuntos de la Mujer en la provincia de Ghor, sobrevivió a un intento de asesinato en noviembre.

Se redujeron los ataques contra escuelas, por lo que pudieron volver a abrirse algunas situadas en zonas poco seguras y aumentó en general el número de menores que asistían a clase. No obstante, debido al temor por su seguridad, muchas niñas no podían ir a la escuela. Según el segundo informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán sobre los derechos económicos y sociales, publicado en agosto, el 36,1 por ciento de las niñas en edad escolar no asistían a clase por problemas de accesibilidad, relacionados en muchos casos con la seguridad.

Informes de Amnistía Internacional

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