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Las autoridades panameñas deben iniciar nuevas investigaciones sobre la participación de Manuel Noriega en una serie de violaciones de derechos humanos que se remontan a la década de 1960, afirmó hoy Amnistía Internacional después de que el ex gobernante militar fuera extraditado desde Francia.

El ex general, de 77 años de edad, llegó a Panamá el domingo por la tarde y fue llevado directamente a una prisión; se enfrenta a varias penas de cárcel por el homicidio de oponentes políticos, entre otros cargos.

Amnistía Internacional pide que se realicen investigaciones con el fin de revelar el alcance real de su participación en crímenes contra la humanidad, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre la participación de Manuel Noriega en violaciones graves de los derechos humanos tanto durante como antes de su estancia en el poder”, expresó Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre América Central.

“Los tribunales deben a las víctimas que se aclare el alcance de su participación en esas violaciones que se prolongaron a lo largo de varios decenios.”

Noriega ejerció como gobernante militar de facto de Panamá desde 1983 hasta diciembre de 1989, en que tropas estadounidenses invadieron Panamá y lo derrocaron.

Desde su derrocamiento, los tribunales panameños le han investigado, juzgado y condenado in absentia por el homicidio de oponentes políticos, detención ilegal y otros abusos. Entre los homicidios se encuentra el asesinato en 1985 del ex viceministro de Salud Hugo Spadafora y la ejecución del mayor Moisés Giroldi Vera, líder de un intento fracasado de golpe de Estado en octubre de 1989.

Entre otras violaciones se incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas de 1987, violencia con consecuencias mortales en las elecciones de mayo de 1989 y la “masacre de Albrook” en octubre de 1989, en la que doce personas perdieron la vida en ejecuciones sumarias por su participación en el intento de golpe de Estado comandado por el mayor Moisés Giroldi Vera.

Amnistía Internacional pide la realización de nuevas investigaciones sobre esos crímenes, así como sobre la presunta participación de Noriega en crímenes tipificados en el derecho internacional cometidos antes de su gobierno militar.

Estos crímenes incluyen la desaparición forzada de Everett Clayton Kimble y Luis Quiroz Morales en 1968 y 1969 respectivamente, además del secuestro y la ejecución extrajudicial de Heliodoro Portugal a manos de agentes estatales en 1970.

Amnistía Internacional considera que se deben evitar los juicios in absentia puesto que son injustos, excepto cuando el acusado o acusada se ausenta de forma deliberada una vez iniciado el juicio.

“Manuel Noriega debería estar presente para oír todo aquello de lo que se lo acusa y poder refutar los hechos y presentar una defensa completa. Si no se cumplen estos mínimos, siempre pendería una duda sobre la fiabilidad de la sentencia y parecería que no se ha hecho justicia”,, explicó Sebastián Elgueta.  

En 2010, Noriega fue extraditado de Estados Unidos a Francia, donde en 1999 había sido condenado in absentia a siete años de cárcel. Fue declarado culpable por el blanqueo de millones de euros a través de entidades bancarias francesas.

Anteriormente, Noriega había cumplido una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y crimen organizado.