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Las autoridades militares de Egipto deben proteger a los manifestantes y hacer respetar el derecho de reunión pacífica, declaró Amnistía Internacional el 24 de enero, en vísperas de las manifestaciones previstas en todo el país con motivo del primer aniversario del levantamiento que puso fin al régimen del presidente Hosni Mubarak.

En una rueda de prensa convocada el lunes, el ministro del Interior egipcio declaró que no habría una presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Plaza Tahrir o en otros lugares donde está previsto que se celebren el próximo miércoles manifestaciones para conmemorar la "Revolución del 25 de enero". Según algunos medios de comunicación, las fuerzas de seguridad están dispuestas a utilizar munición real contra los manifestantes si se atacan las instituciones públicas.

"En vez de apartarse de los lugares de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deberían actuar de forma responsable y asegurar que todos puedan ejercer sin riesgo su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica," ha afirmado Hassiba Hadj-Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"Está polarizado el ambiente, las autoridades y algunos medios de comunicación estatales han calificado a los manifestantes de agitadores. Si añadimos a ello el hecho de que se prevén contramanifestaciones ese día, la postura de las autoridades podría considerarse un incumplimiento grave de su deber”.

El ministro del Interior ha advertido que podrían participar en las manifestaciones personas que se hagan pasar por policías o miembros de las fuerzas de seguridad con la intención de tratar de provocar enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El ministro no ha explicado lo que las autoridades tienen previsto hacer para proteger a los manifestantes o impedir posibles enfrentamientos.

"Es inaceptable anunciar que existe un riesgo para los manifestantes debido a la presencia de impostores disfrazados de policías y miembros de las fuerzas de seguridad, y luego no tomar medidas para abordar esa amenaza. Este tipo de comportamiento no ayudará a restablecer la confianza del pueblo egipcio en el Ministerio de Interior, desacreditado desde hace mucho tiempo, y arroja dudas sobre el nuevo código ético de la policía," ha manifestado Hassiba Hadj-Sahraoui.

Una año después de llegar al poder, las autoridades egipcias todavía no han hecho públicas las normas sobre el uso de la fuerza dirigidas a las fuerzas de seguridad, pese a las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional y otras organizaciones.

"En lugar de ordenar a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso excesivo de la fuerza, las autoridades alaban su actuación y siguen culpando a los manifestantes y a los "elementos ocultos" de conspirar contra la estabilidad de Egipto," ha afirmado Hassiba Hadj-Sahraoui.

"En vista de que los manifestantes rendirán homenaje a las personas que perdieron la vida o resultaron heridas en las protestas de Egipto, no deben repetirse las escenas de violencia del año pasado. Debe permitirse a los manifestantes ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica, sin temor a ataques."

Desde la “Revolución del 25 de enero”, se ha recurrido de forma habitual a las fuerzas de seguridad -soldados, miembros de la policía militar y las Fuerzas de Seguridad Central- para sofocar las protestas.

Las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno, porras, balas de goma y munición real, como cartuchos de escopeta, para dispersar por la fuerza las concentraciones, y en varias ocasiones se han lanzado contra grandes multitudes en vehículos blindados, para dispersar y herir a los manifestantes.

Es poco probable que el anuncio del 24 de enero del levantamiento del estado de excepción en vigor desde hace 30 años, cambie la situación en el país, ya que se seguirá aplicando la legislación de excepción en casos de "matonismo", delito de ambigua definición que se utiliza habitualmente contra los manifestantes.

A pesar de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se ha comprometido en varias ocasiones a proteger a los manifestantes, al menos 90 personas han perdido la vida, y varios miles más han resultado heridas, durante protestas en las que las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza.

A mediados de diciembre, el intento brutal de las fuerzas de seguridad de dispersar una sentada frente al edificio donde se reúne el gabinete de ministros se saldó con 17 muertos, muchos por heridas de bala.

En noviembre, las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y dispararon perdigones de escopeta y munición real durante los enfrentamientos que duraron cinco días en torno al edificio del Ministerio del Interior en El Cairo, después de que el ejército y las Fuerzas Centrales de Seguridad dispersaran a los manifestantes y familiares de las víctimas de la “Revolución del 25 de enero” en la Plaza Tahrir. Murieron más de 50 personas y resultaron heridas más de 3.000.

En octubre, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes que protestaban contra la discriminación por motivos religiosos en torno al edificio que alberga la televisión estatal en El Cairo, conocido como Maspero. Perdieron la vida 28 personas, muchas de ellas aplastadas por los vehículos blindados que se lanzaron a gran velocidad contra la multitud.

En la represión de las manifestaciones, las mujeres han sido víctimas de abusos, y muchas han denunciado abusos sexuales o amenazas de agresión sexual mientras se encontraban detenidas.

Las imágenes de las fuerzas de seguridad sometiendo a mujeres a brutales palizas y desnudándolas, publicadas en internet tras las protestas de diciembre, causaron indignación en todo el mundo y desencadenaron nuevas protestas de grupos de mujeres en Egipto.

El pasado marzo, Amnistía Internacional documentó cómo miembros del ejército obligaban a varias manifestantes a someterse a "pruebas de virginidad". En diciembre, un tribunal administrativo de El in Cairo falló que se trataba de una práctica ilegal, a la que había que poner fin de inmediato.

La violencia se ha cobrado un precio terrible entre los egipcios, personas como Ahmed Harara, que perdió la visión en un ojo tras resultar herido en el levantamiento de enero. Perdió el otro ojo en noviembre, cuando las fuerzas de seguridad dispararon cartuchos de escopeta en una sentada.

Las investigaciones ordenadas por las autoridades militares sobre los actos de violencia sólo han servido para impedir que se sepa la verdad sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Hasta la fecha, sólo han comparecido ante la justicia tres militares, acusados de homicidio involuntario, en relación con el homicidio de 14 manifestantes en Maspero en octubre.