Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

15 abril 2013

Carandiru y el escándalo del sistema penitenciario medieval de Brasil

Carandiru y el escándalo del sistema penitenciario medieval de Brasil
Amnistía Internacional visitó la prisión de Carandiru días después de la matanza.

Amnistía Internacional visitó la prisión de Carandiru días después de la matanza.

© Amnesty International


En un golpe de vista

  • Un total de 26 policías están siendo juzgados en Brasil por la muerte de 15 presos.
  • Más de 100 reclusos murieron tras la operación militar en 1993.
  • La única persona juzgada fue absuelta en 2006.
La matanza de Carandiru es un reflejo de los graves problemas que afectan al sistema penitenciario brasileño.
Fuente: 
Atila Roque, director de la oficina de Amnistía Internacional en Brasil

Un total de 26 policías están siendo juzgados en Brasil por la muerte de 15 presos, acaecida hace 20 años en una de las prisiones más tristemente famosas del país.

En 1992, una operación militar en la prisión de Carandiru, en São Paulo, se saldó con la muerte de más de 100 reclusos. Las autoridades afirmaron que la policía había intentado sofocar una pelea entre internos que se habían hecho con el control del Bloque 9 de la prisión.

Sin embargo, los indicios descubiertos posteriormente señalaron que la policía militar había disparado a los presos, y que, tras la matanza, destruyó pruebas que podrían haber determinado la responsabilidad individual por los homicidios.

Actualmente no hay ninguna persona encarcelada por los asesinatos. La única persona que compareció ante la justicia, el coronel Ubiratan Guimarães, fue absuelta en 2006.

Carandiru –que en aquel momento era una de las mayores prisiones de América Latina– se cerró en 2002, tras una serie de motines coordinados organizados por internos de varias prisiones brasileñas para protestar por las condiciones penitenciarias en el país.

“Dispara primero, pregunta después”
Para muchas organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, la matanza de Carandiru no fue una sorpresa. Hasta las autoridades locales afirman que hace tiempo que el sistema penitenciario brasileño ha llegado “al límite”.

“La matanza de Carandiru es un reflejo de los graves problemas que afectan al sistema penitenciario brasileño”, ha afirmado Atila Roque, director de la oficina de Amnistía Internacional en Brasil.

Llevamos decenas de años siendo testigos de una combinación tóxica de condiciones de reclusión inhumanas mezcladas con la política de “dispara primero, pregunta después” que parece haber adoptado la policía de São Paulo.

Durante decenios, Amnistía Internacional ha documentado miles de casos de violencia por parte de la policía militar de São Paulo, incluidos casos de ejecuciones en prisiones de todo el Estado.

Antes de la matanza de Carandiru ya existía un historial de impunidad por las ejecuciones extrajudiciales de internos en anteriores motines penitenciarios y de civiles en las calles de São Paulo.

Prisiones al límite
Personas expertas afirman que gran parte del problema se deriva del estado de las prisiones brasileñas, increíblemente deficiente.

Según el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia, la población reclusa en Brasil ha aumentado más del doble en los últimos 10 años –de 233.000 en 2000 a 513.802 en junio de 2011– y sigue creciendo.

A pesar de las enormes inversiones realizadas por el gobierno federal, que desde 2003 hasta 2009 ascendieron a alrededor de 500 millones de dólares, la construcción de centros penitenciarios no ha sido proporcional al aumento del número de reclusos.

A finales de 2012 faltaban 200.000 plazas en prisiones de todo el país, lo que se plasmaba en un grave hacinamiento y en condiciones de vida inhumanas.

“Sistema penitenciario medieval”
El estado de las cárceles brasileñas es tan nefasto que incluso el ministro de Justicia del país, José Eduardo Cardozo, afirmó en noviembre de 2012: “Tenemos un sistema penitenciario medieval, que, además de violar los derechos humanos, no facilita lo más importante de una sanción penal, que es la reinserción social”

Recientemente, en una visita de Amnistía Internacional al estado del Amazonas, en el noroeste de Brasil, la delegación de la organización fue testigo de diversos abusos en las prisiones y vio a reclusos en celdas malolientes, atestadas e inseguras.

En varias prisiones, las mujeres y los niños y niñas estaban recluidos en las mismas unidades que los hombres, y se recibieron numerosos informes de torturas a manos de la policía militar del estado, con prácticas como semiasfixia con una bolsa de plástico, palizas y descargas eléctricas.

Cuando la delegación visitó la Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa –cuyo cierre ha sido recomendado por las autoridades en numerosas ocasiones–, había 900 reclusos en el ala para hombres, con capacidad para 104 personas, y 208 mujeres ocupaban celdas destinadas al alojamiento de 35 personas.

En algunas prisiones del estado de Amazonas, los inodoros son simples agujeros en el suelo que comparten hasta 10 o 15 compañeros de celda. En algunos centros, la delegación vio cloacas al aire libre y comida podrida y basura en patios y corredores. En Tefé, los presos se quejaron de que el pozo séptico rebosaba y llenaba la celda de residuos nocivos.

Estas condiciones han contribuido a que el personal penitenciario tenga problemas de salud. Tanto los guardas penitenciarios como los reclusos se quejaron de que tenían tiña, que las condiciones de hacinamiento e insalubridad contribuían a extender por todo el sistema.

Responsabilidad de la cadena de mando
Días después de la matanza de Carandiru, una delegación de Amnistía Internacional visitó la prisión para recopilar información que se utilizó para elaborar un informe excepcional de lo que había ocurrido en cada una de las celdas del Bloque 9.

También analizaron las pruebas periciales y documentaron el manejo de las pruebas de balística, extremadamente inadecuado, que constituía un intento de encubrimiento por parte de los funcionarios.

El informe Brasil: “Ha llegado la muerte” incluía sólidos indicios de que el gobernador y el secretario de Seguridad Pública de São Paulo habían eludido su responsabilidad al entregar el control absoluto de la prisión a la policía militar y que, por tanto, también eran responsables de lo sucedido.

“Nada impide que se vuelva a producir la matanza de Carandiru, a menos que las autoridades de ámbito estatal y federal asuman su responsabilidad por permitir que continúen las prácticas policiales indebidas y dejar que la gente se pudra en las prisiones”, ha manifestado Atila Roque.

País

Brasil 

Región

América 

Tema

Death In Custody 
Impunity 
Prison Conditions 

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