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La ejecución de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia retenidos por un grupo guerrillero podría constituir un crimen de guerra.
Las autoridades brasileñas deben abordar las reclamaciones de los pueblos indígenas sobre la tierra para impedir futuros ataques contra sus comunidades.
Se ha condenado a 14 soldados mexicanos a prolongadas penas de prisión por el homicidio de civiles en un puesto de control del ejército en 2007.
El gobierno uruguayo ha revocado una polémica ley de 1986 que protegía a los funcionarios del enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad.
Décadas después del final de la dictadura militar argentina, el último de una serie de procesos ha llevado ante la justicia a varios ex militares por crímenes de lesa humanidad.
Los candidatos y candidatas a la presidencia de Guatemala deben comprometerse a proteger y mejorar la situación de los derechos humanos ante las elecciones de septiembre.
El homicidio de una jueza cerca de Río de Janeiro en una emboscada armada pone de manifiesto el elevado índice de criminalidad y corrupción policial de la ciudad.
Las autoridades panameñas deben garantizar que, cuando el ex dirigente del país sea extraditado por Francia, será juzgado por los abusos de derechos humanos cometidos durante su mandato en la década de 1980.
Tras la muerte a tiros de un presentador de televisión en la República Dominicana, las autoridades deben aumentar sus esfuerzos para proteger a los periodistas que estén amenazados.
La familia del sacerdote desaparecido Michael Woodward impugna la retirada de los cargos de asesinato y tortura presentados contra ex funcionarios.
Uruguay por fin a dado luz verde a la investigación de decenas de casos de abusos contra los derechos humanos durante las tres décadas de gobierno militar.
Se está emplazando a las autoridades de Guatemala para investigar a fondo presuntos homicidios por motivos políticos antes de las elecciones de septiembre.
Países europeos deben extraditar o procesar a ex altos cargos guatemaltecos por presuntos abusos contra los derechos humanos.
Persiste la impunidad en Aragua, Venezuela, donde agentes de la policía local son sospechosos de haber matado a siete miembros de una familia.
La dramática votación de 49-49 en el Parlamento de Uruguay significa que no se anula la vigencia de la controvertida Ley de Caducidad de 1986.
La evaluación anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo pone de manifiesto que el auge de los medios sociales está impulsando un nuevo activismo que a los gobiernos represivos les cuesta controlar.
El gobierno mexicano debe investigar exhaustivamente los vínculos entre bandas criminales y de narcotraficantes y funcionarios públicos, tras la detención esta semana de 16 agentes de la policía.
Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación completa y efectiva sobre la muerte de 59 personas cuyos cadáveres se hallaron ayer en fosas clandestinas.
Se insta a las autoridades a detener los desalojos efectuados por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento a 2.500 personas sin hogar y han provocado la muerte de un hombre.
Las autoridades deben tomar medidas para detener el elevado número de muertes de mujeres víctimas de homicidio en todo el país, y para garantizar que los perpetradores son llevados ante la justicia.
