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El homicidio público de una mujer en Afganistán es una prueba más de que las autoridades siguen sin hacer frente al escandaloso índice de violencia de género en el país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La mujer, que tenía dos hijos, murió el lunes 22 de mayo abatida por los disparos realizados por su padre ante una multitud de unas 300 personas en la localidad de Kukchail, en el distrito de Ab Kamari, provincia de Badghis (en la zona nororiental de Afganistán).

Su nombre era Halima y se cree que tenía entre 18 y 20 años; fue acusada de fugarse con un primo mientras su esposo se encontraba en Irán. Su primo, que se encuentra en paradero desconocido, devolvió a Halima a su familia 10 días después de fugarse con ella.

"La violencia contra las mujeres sigue siendo endémica en Afganistán, y los responsables rara vez comparecen ante la justicia", ha afirmado Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán.

El homicidio se produjo cuando su padre pidió consejo sobre la fuga de su hija a tres líderes religiosos de la localidad, presuntamente vinculados a los talibanes, que dictaron una fetua (edicto religioso) en la que establecían la muerte pública de Halima.

"Las mujeres no solo sufren violencia a manos de familiares que alegan la protección del denominado 'honor', sino que a menudo son víctimas de abusos contra los derechos humanos consecuencia de veredictos dictados por sistemas de justicia informales y tradicionales -ha manifestado Mosadiq-. Deben reformarse estos sistemas, y la policía debe impedir que se cumplan estos veredictos."

Según informes, el padre de Halima y los tres miembros del consejo religioso que dictaron la fetua se han ocultado. La policía local afirma que están investigando el caso, pero hasta el momento no se ha procesado a nadie en relación con el homicidio.

"Las autoridades de todo Afganistán deben garantizar el procesamiento de los responsables de actos de violencia contra las mujeres. Hay que poner fin a la práctica, realmente escandalosa, de imponer a las mujeres ‘castigos’ violentos, incluido el homicidio, en público o en privado", ha declarado Horia Mosadiq.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán documentó más de 4.000 casos de violencia contra las mujeres desde el 21 de marzo hasta el 21 de octubre de 2012, lo que supone un aumento del 28 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Comisión también ha criticado a la policía afgana de Badghis por reclutar a presuntos autores de este tipo de violencia, comno un jefe talibán y sus 20 hombres que en 2010 habían estado implicados en la muerte por lapidación de Bibi Sanuder, una viuda de 45 años a la que habían acusado de adulterio. "Este desprecio absoluto por los derechos de las mujeres constituye una burla a la justicia", ha afirmado Mosadiq.

En agosto de 2009, Afganistán aprobó la Ley de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tipifica como delito el matrimonio forzado, la violación, las palizas y otros actos de violencia contra las mujeres.

"La ley afgana de eliminación de la violencia contra las mujeres constituye un avance sumamente positivo, pero no será útil si no se aplica del modo adecuado, algo que no hemos visto hasta ahora", ha declarado Horia Mosadiq.