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El Parlamento afgano debe aplazar la votación para nombrar al nuevo director nacional de inteligencia y llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las acusaciones de su participación en numerosos actos de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

El 15 de septiembre está previsto que los legisladores de Kabul voten sobre la propuesta del presidente Hamid Karzai de nombrar a Assadullah Khalid nuevo director de la Dirección Nacional de Seguridad, organismo nacional de inteligencia. 

Khalid ha sido relacionado con numerosos casos de tortura y homicidios ilegítimos perpetrados en la década anterior, durante su mandato como gobernador de las provincias afganas de Ghazni y Kandahar. 

“Toda persona nombrada para un alto cargo del gobierno afgano debe ser antes sometida a un estricto proceso de selección, especialmente cuando esa persona, como en el caso de Assadullah Khalid, se enfrenta a acusaciones de haber cometido o permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, ha afirmado Polly Truscott, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. 

Un pasado controvertido

Khalid fue gobernador de la provincia de Ghazni de 2001 a 2005 y de la provincia de Kandahar de 2005 a 2008. 

Durante ese tiempo se recibieron diversos informes que lo relacionaban directa o indirectamente con crímenes de derecho internacional, como tortura y homicidios ilegítimos.

Amnistía Internacional informó en 2007 sobre casos de tortura en centros de detención de la Dirección Nacional de Seguridad, en Kandahar y otros lugares. 

Como gobernador provincial, Khalid era entonces responsable de la supervisión de estos centros y estaba al mando de la Brigada 888, batallón armado que, al parecer, detenía arbitrariamente y torturaba a personas presuntamente vinculadas a los talibanes u otros grupos armados de insurgencia. En aquel momento hubo informes generalizados de que las personas detenidas por la Brigada 888 eran torturadas en dependencias del gobernador.

En varios casos, las presuntas víctimas de tortura habían sido entregadas a la Dirección Nacional de Seguridad por fuerzas internacionales que participaban en las operaciones de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán.  

Existen asimismo acusaciones verosímiles de que Khalid estuvo implicado en el atentado con bomba contra un vehículo perpetrado en Kandahar en abril de 2007, que causó la muerte de cinco trabajadores de la ONU. 

“Antes de votar su nombramiento, los parlamentarios deben preguntar abiertamente a Assadullah Khalid sobre todas las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas en el pasado, incluidas las cometidas cuando él dirigía la Brigada 888 en Kandahar, cuyos abusos incluyen la detención, reclusión y tortura de personas presuntamente vinculadas a los talibanes y otros grupos armados insurgentes”, ha señalado Truscott. 

Otros candidatos controvertidos

El Parlamento afgano (Wolesi Jirga) también tiene previsto votar en breve las candidaturas a otros altos cargos gubernamentales, entre ellos el ministro de Defensa y el ministro del Interior. 

“Todos los miembros del Parlamento deben garantizar que el historial de derechos humanos de cada candidato a ocupar un alto cargo en el gobierno ha sido evaluado exhaustivamente por el comité asesor del presidente para el nombramiento de altos cargos, como establece la ley”, ha afirmado Truscott.

Antes de aprobar cualquier nombramiento, el Parlamento debe considerar plena y abiertamente toda acusación verosímil contra el candidato de estar relacionado con graves violaciones de derechos humanos.

Reforma de la Dirección Nacional de Seguridad

Amnistía Internacional considera que el secreto que rodea el mandato, las competencias y las operaciones de la Dirección Nacional de Seguridad lleva tiempo obstaculizando gravemente la vigilancia del trato a los detenidos, la tramitación de las denuncias y el resarcimiento de las víctimas de tortura y otros malos tratos.

Desde hace varios años, la organización pide a las autoridades afganas que aborden estos problemas en el seno de la Dirección Nacional de Seguridad como parte de una reforma general del sector de la seguridad enfocada a promover el Estado de derecho en Afganistán.

“El Parlamento afgano debe presionar en favor de la reforma de la Dirección Nacional de Seguridad para poner fin a la práctica desenfrenada de la tortura a detenidos y otras violaciones de derechos humanos; como cualquier otra legislación, las leyes y normas destinadas a reformar el organismo de inteligencia deben ser objeto de un debate abierto y transparente en sede parlamentaria”, ha señalado Truscott.