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Las autoridades yemeníes deben impedir que las fuerzas de seguridad utilicen de forma injustificada fuerza letal y tácticas represivas en una manifestación prevista para mañana, ha dicho Amnistía Internacional.

“El gobierno no puede salir a tiros de esta crisis”, ha declarado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Es preciso impedir de inmediato que los agentes de las fuerzas de seguridad –vayan uniformados o vestidos de civil– utilicen fuego real contra manifestantes desarmados”.  

“Tras la terrible matanza de decenas de manifestantes el viernes pasado, resulta sumamente preocupante que los dirigentes yemeníes hayan otorgado a las fuerzas de seguridad más poderes mediante una nueva ley de excepción, en lugar de refrenarlas”, ha añadido Luther.

Los organizadores de la manifestación de mañana, denominada “Viernes de salida”, han anunciado que la marcha comenzará en el campamento de protesta, cerca de la Universidad de Sana’a, e irá hasta el palacio presidencial.

Se espera que la manifestación sea masiva tras los sucesos del pasado viernes, en los que francotiradores desde tejados y agentes de las fuerzas de seguridad en tierra efectuaron un ataque coordinado contra los asistentes a una manifestación. Según los informes la operación se saldó con al menos 52 muertos.

A estas víctimas mortales hay que añadir al menos otras 43 que se han producido durante las semanas en que los yemeníes llevan manifestándose para pedir el final de los 32 años del régimen del presidente Alí Abdulá Salé, y en las que las fuerzas de seguridad han utilizado fuego real contra manifestantes desarmados.

Ayer, el Parlamento yemení aprobó una ley de excepción que otorga a las fuerzas de seguridad amplios poderes de detención sin atenerse al Código de Procedimiento Penal, e impone fuertes restricciones a las reuniones públicas, que podrían utilizarse para prohibir manifestaciones.  

La ley de excepción también otorga a las autoridades la facultad de suspender, secuestrar y confiscar “todos los medios de comunicación [...] y medios de expresión”.

Ayer, las autoridades clausuraron las instalaciones de la cadena de televisión Al Yazira en Sana’a, que habían sido saqueadas.

Los activistas de derechos humanos en Yemen han condenado el estado de excepción, que consideran un ataque contra la libertad de expresión, mientras algunos parlamentarios yemeníes se preguntan si la votación se ha realizado correctamente.

“La ley de excepción parece un intento desesperado de reforzar mecanismos para aplastar la disidencia y hacer callar a los testigos de abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Philip Luther.

“El gobierno de Yemen debe respetar y defender el derecho de su pueblo a expresar sus auténticas quejas, y debe garantizar justicia para las víctimas de homicidios ilegítimos”.