El documento citado en esta página no está disponible en español.

Víctimas de violación y violencia sexual en Uganda, sin justicia

Dos tercios de las víctimas de violencia intrafamiliar afirman que el autor fue su pareja.

Dos tercios de las víctimas de violencia intrafamiliar afirman que el autor fue su pareja.

© Amnistía Internacional


7 abril 2010

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades ugandesas a que ofrezcan apoyo a las mujeres que buscan justicia tras haber sido víctimas de violencia sexual y en el ámbito familiar, en un nuevo informe que pone de relieve los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas.

"La justicia no está a mi alcance". Hora de hacer frente a la violencia contra las mujeres documenta los obstáculos sociales y económicos para obtener justicia, entre ellos los costes de las investigaciones criminales y la discriminación por parte de las autoridades gubernamentales.

Las víctimas se encuentran con respuestas policiales inadecuadas y tienen que sufragar el coste del transporte de la policía para detener a los acusados, de los exámenes forenses y de otros gastos relacionados con la investigación.

Algunas respuestas oficiales a la violencia sexual también reflejan la actitud ampliamente extendida de que las mujeres son las culpables de la violencia sexual en un país en el que el gobierno a menudo parecer promover la “preservación de la unidad familiar” antes que la justicia para las víctimas.

“La falta de protección y apoyo del gobierno a las víctimas de violencia sexual socava la búsqueda de la justicia”,  ha afirmado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. “La falta de recursos y voluntad política por parte del gobierno significa que los responsables de la violencia sexual rara vez tendrán que enfrentarse a la justicia. Las mujeres de Uganda han perdido la fe en el sistema de justicia”.

La violencia contra las mujeres y las niñas en Uganda sigue siendo generalizada. Dos tercios de las mujeres que han sido víctimas de violencia en el ámbito familiar afirman que el autor fue su pareja, mientras que una de cuatro mujeres afirma que su primera experiencia sexual fue bajo coacción.

El informe documenta varios casos individuales que ponen de relieve cómo la policía, la fiscalía y los tribunales carecen de financiación y personal suficientes. Estas carencias, a su vez, se convierten en obstáculos para las mujeres que acceden a la justicia ya que el sistema de justicia penal carece de recursos para ofrecer estos servicios a las víctimas.

“Cuando acudí a la comisaría me pidieron un dinero para gasolina que no tenía. Mi esposo volvió a pegarme pero no fui a la policía porque siempre me piden un dinero que no tengo”, dijo una víctima a Amnistía Internacional.

No existe ningún refugio estatal para las víctimas de violencia de género. Las mujeres tampoco son admitidas en los refugios de las organizaciones benéficas por falta de espacio y las instituciones que proporcionan asistencia legal están inundadas de casos de violencia de género. Muchas mujeres soportan situaciones de violencia simplemente porque no tienen ningún sitio adónde ir.

Las actitudes oficiales hacen que muchas mujeres piensen que no tienen otra alternativa salvo aceptar la mediación y permanecer en una relación violenta a pesar del peligro que corren, porque no tienen medios de subsistencia para ellas o sus hijos. De este modo, muchas mujeres se ven privadas de su derecho a no sufrir violencia y a recibir protección de la ley en condiciones de igualdad.

Incluso cuando la policía finalmente se toma en serio una denuncia, los mecanismos para proteger a las víctimas son escasos. Personas que trabajan como asesoras en un refugio para mujeres contaron a Amnistía Internacional el caso de una víctima de 13 años que denunció haber sufrido violencia sexual por parte de su padre durante años. Después de dar el paso de denunciar las violaciones, sufre intimidación por parte de sus familiares y teme por su seguridad. La persona que trabaja en su caso cree que no está segura en el lugar donde se encuentra ahora.

El informe pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno dote de recursos adecuados al sistema de justicia penal para garantizar que los responsables de violencia contra las mujeres puedan comparecer ante la justicia, y también revela que el gobierno no ha adoptado una serie de medidas básicas para hacer que el sistema funcione para las mujeres.

Por ejemplo, no se preserva la privacidad de la víctima que está prestando declaración en una oficina pública, aunque se le pide que ofrezca detalles íntimos de la violencia de que ha sido objeto.

Numerosas mujeres con las que habló Amnistía Internacional afirmaron que agentes de policía y abogados defensores sin la preparación adecuada les habían formulado preguntas humillantes sobre su vida privada y conducta sexual previa.

El gobierno de Uganda tampoco está cumpliendo la obligación internacional de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, lo que permite a los responsables de la violencia eludir su enjuiciamiento y el castigo que merecen por sus delitos.

“El gobierno ugandés tiene que llevar a cabo un examen exhaustivo de sus leyes, políticas y prácticas y hacer desparecer el abismo que media entre su discurso de respeto a los derechos de las mujeres y su actitud de falta de protección y respeto a esos mismos derechos”, ha afirmado Widney Brown.

Amnistía Internacional insta al gobierno a emprender acciones de inmediato para ofrecer asistencia legal a las supervivientes de violencia contra las mujeres y para satisfacer sus necesidades en materia de salud, seguridad y acogida que se deriven de esa violencia.

También debe adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres abordando las causas que la originan, transformando las actitudes discriminatorias y eliminando los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a la justicia.

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO