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Esta semana Amnistía Internacional ha condenado a las autoridades tunecinas por impedir de hecho a dos organizaciones de derechos humanos que presentaran a los medios de comunicación sus informes sobre el hostigamiento a ex presos políticos.

Según Human Rights Watch (HRW), se impidió a los periodistas que asistieran el miércoles a una conferencia de prensa en la capital, Túnez, para presentar un informe sobre la represión de ex presos políticos en el país.

Las fuerzas de seguridad también impidieron a periodistas y activistas de derechos humanos que asistieran el lunes a una conferencia de prensa en Túnez para presentar un informe sobre la misma cuestión elaborado por la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos (AISPP).

Estos incidentes coinciden con la publicación por parte de Amnistía Internacional de un documento informativo titulado Liberados, pero no libres. Ex presos políticos de Túnez, en el que se pone de manifiesto el hostigamiento implacable a cientos de ex presos políticos excarcelados tras haber sido sometidos a juicios sin las debidas garantías y haber pasado años en prisión en duras condiciones.

"En vez de abordar los continuados motivos de preocupación planteados por ONG nacionales e internacionales, las autoridades tunecinas han optado en su lugar por silenciarlos –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Las autoridades han mostrado al mundo una realidad que la población tunecina conoce muy bien y esta semana han ofrecido otra muestra de sus despiadadas prácticas.”

"Han denegado a las ONG el permiso para utilizar instalaciones o han impedido a periodistas independientes que informen sobre las dos publicaciones y sobre la desesperada situación de los ex presos políticos, lo que demuestra que el gobierno no está dispuesto a enfrentarse a los hechos y a dejar de negar que en Túnez se cometen violaciones de derechos humanos de forma habitual."

Los ex presos políticos de Túnez están sujetos a vigilancia policial opresiva, están obligados a presentarse periódicamente a la policía y se les cita reiteradamente para someterse a interrogatorio policial, y son detenidos nuevamente tras la excarcelación. A algunos se les ha negado el acceso a servicios médicos.
 
A muchos se les ha prohibido también viajar al extranjero, y no se les permite tampoco circular libremente por el país.

Ni un solo periodista pudo asistir el miércoles a la conferencia de prensa ofrecida por HRW para presentar el informe A Larger Prison: Repression of Former Political Prisoners in Tunisia.

Estaba previsto que la presentación tuviese lugar en un hotel, pero todos los hoteles en los que HRW había reservado una sala de conferencias más tarde no disponían de "ninguna sala" y retiraron sus ofertas. Por lo que respecta a la suite reservada por HRW, resultó inundada misteriosamente.

Las autoridades tunecinas habían informado a representantes de HRW que las autoridades no querían que la conferencia de prensa se celebrase. En su lugar, se ofreció una presentación en un bufete de abogados de Túnez en medio de un fuerte dispositivo policial.

Los periodistas invitados a la conferencia telefonearon para avisar de que se les había impedido salir de casa o entrar en Túnez.

El lunes a muchos periodistas y activistas, entre otros, miembros de la AISPP, que trataban de llegar a la presentación del informe elaborado por la organización, Citizens Under Siege: Administrative Control in Tunisia, se les impidió llegar.

A los periodistas y activistas Lotfi Hajji, Lotfi Hidouri, Ismail Debara y Faouzi Sadkaoui los siguieron tras abandonar la oficina de la AISSP y 10 agentes de seguridad vestidos de civil les impidieron entrar en las oficinas del periódico Al Mawkif, donde se estaba celebrando la presentación. A Lotfi Hidour lo apartó un agente de un empujón y ninguno de ellos pudo entrar en las oficinas del periódico.

"Los últimos acontecimientos demuestran que las autoridades tunecinas están dispuestas a imponer una censura total a todas las voces críticas o a quienes pongan al descubierto su deficiente expediente en materia de derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Desde la llegada del presidente Zin el Abidín ben Alí al poder en 1987 se ha encarcelado en Túnez a centenares de activistas políticos, incluidos presos de conciencia y otras personas condenadas en juicios sin las debidas garantías, lo que refleja la intolerancia de las autoridades con la disidencia. En años anteriores se ha excarcelado a muchos de ellos el día de la independencia en virtud de un indulto presidencial.

Tales excarcelaciones son, por lo general, condicionales, pues los ex presos están sujetos a fuertes restricciones, como intensa vigilancia y hostigamiento por parte de agentes de seguridad, que les impiden conseguir un empleo remunerado o llevar una vida normal.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno tunecino a que ponga fin al hostigamiento y las intimidaciones contra ex presos políticos y permita a éstos reanudar su vida como personas libres.

La organización ha pedido también la puesta en libertad de todos los presos de conciencia recluidos por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.