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Pakistán ratifica un tratado de derechos humanos clave

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

Pakistán ha ratificado un tratado de derechos humanos de la ONU clave y ha firmado otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de la ONU es un paso clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.

El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique éstos y otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Amnistía Internacional ha pedido ahora al gobierno paquistaní que ratifique sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, y promulgue la legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes nacionales de Pakistán. El país debe asimismo ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley y en la práctica.

Amnistía Internacional ha instado también a las nuevas autoridades paquistaníes a poner en libertad o revelar la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición forzada; a poner fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y administrativas; a poner fin a todas las torturas y malos tratos y revocar todas las leyes que impliquen penas crueles, inhumanas o degradantes; y a declarar la suspensión de todas las condenas a muerte y conmutar las penas de muerte de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.

Liberación de sindicalista iraní

Fri, 11 Apr 2008 17:40:00 +0100

Mahmoud Salehi, destacado sindicalista de Irán ha sido excarcelado tras cumplir una condena de prisión de un año. Según la información disponible, el activista sindical independiente Mahmoud Salehi, uno de los cofundadores del Sindicato de Trabajadores de Panadería de Saqez, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado domingo 6 de abril.

Mahmoud Salehi había sido objeto de una enérgica campaña conjunta de captación de apoyos por parte de organizaciones sindicales y de derechos humanos internacionales desde 2007. Amnistía Internacional participó en esa campaña junto con la Confederación Sindical Internacional y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, en la que se organizaron una serie de manifestaciones y protestas conjuntas ante embajadas iraníes de todo el mundo.

Salehi había sido condenado originalmente a cuatro años de prisión por organizar en Saqez una concentración de trabajadores independientes el 1 de mayo de 2004. Su condena fue reducida en apelación a un año de prisión con tres años de suspensión de la pena.

Finalmente empezó a cumplir la condena el 9 de abril de 2007 en Saqez, para ser después trasladado a una prisión de alta seguridad en Sanandaj, capital de Kurdistán. Su salud sufrió un grave deterioro durante su encarcelamiento, ya que las autoridades penitenciarias se negaron repetidamente a proporcionarle atención médica adecuada para una insuficiencia renal aguda y otras enfermedades graves.

El 6 de marzo de 2008 se celebró un Día Internacional de Acción en el que sindicalistas y activistas se echaron a la calle en 35 países para protestar por la situación de Salehi y de Mansour Ossanlu (u Osanloo), éste último, presidente del Sindicato de Conductores de Autobús de Teherán, que permanece detenido en la tristemente célebre prisión de Evin, en Teherán.

Una semana después, las autoridades presentaron nuevos cargos contra Salehi, que originalmente debería haber sido excarcelado el 23 de marzo. Los observadores consideran que esos nuevos cargos fueron una reacción al Día de Acción y una represalia por los mensajes de solidaridad que Salehi había conseguido sacar a escondidas de la cárcel.

Tras quedar finalmente en libertad, Salehi ha regresado a Saqez, donde se ha reunido con su familia y sus amistades. La Confederación Sindical Internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y Amnistía Internacional han manifestado su satisfacción por la liberación de Salehi pero, en un comunicado conjunto, han recordado a las autoridades iraníes que Mansour Ossanlu y otros sindicalistas encarcelados injustamente deben ser liberados.

Indulto real para manifestantes marroquíes

Fri, 11 Apr 2008 17:44:00 +0100

Ocho hombres a quienes se había declarado culpables el año pasado de "socavar la monarquía" en Marruecos quedaron en libertad, gracias a un indulto concedido por el rey el viernes, 4 de abril. Asimismo, otros nueve que se enfrentaban a procedimientos judiciales por los mismos cargos se beneficiaron de esta medida.

Todos ellos eran miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Siete fueron detenidos el 1 de mayo de 2007 por entonar consignas críticas con la monarquía: cinco de ellos en Alcazarquivir y dos en Agadir. Fueron condenados a penas de entre tres y cinco años de prisión.

La detención de los diez restantes tuvo lugar cuando participaban en posteriores manifestaciones de solidaridad con los detenidos, y entre ellos se encontraba Mohamed Bougrine, de 73 años de edad, que también fue condenado a prisión. Al parecer, su salud se había deteriorado durante el periodo que pasó en prisión.

La monarquía sigue siendo tabú en Marruecos. Cualquier crítica contra el rey puede considerarse un intento de “socavar la monarquía”. Durante los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas y activistas políticos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a penas de prisión, por haber expresado pacíficamente opiniones críticas con la monarquía.

Amnistía Internacional, que había adoptado a estos hombres como presos de conciencia, encarcelados sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos, se congratuló de su liberación.

No obstante, la organización expresó su preocupación por la posibilidad de que se utilice la legislación de Marruecos para criminalizar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a ajustar la legislación del país a sus obligaciones en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Activistas excarcelados en Etiopía

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

En Etiopía han salido de la cárcel dos activistas de derechos humanos recluidos desde noviembre de 2005. Daniel Bekele y Netsanet Demissie quedaron en libertad el viernes 28 de marzo tras ser indultados por el presidente.

Ambos firmaron una carta “reconociendo los errores” cometidos en relación con las elecciones de 2005. No está claro todavía si el indulto es incondicional.

Daniel Bekele es director de política de la oficina de Ayuda en Acción en Etiopía. Netsanet Demissie es fundador y director de la Organización por la Justicia Social en Etiopía. Ambos son destacados abogados de derechos humanos.

A diferencia de otros coacusados, los dos decidieron defenderse en un juicio que duró más de dos años. En diciembre de 2007, por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior Federal de Etiopía los declaró culpables de haber provocado y preparado “ultrajes a la Constitución de Etiopía” y los condenó a 30 meses de cárcel.

Según Amnistía Internacional, la acusación no presentó pruebas de que Daniel Bekele o Netsanet Demissie incitaran a la violencia y los jueces los condenaron en función de las declaraciones de dos testigos cuya credibilidad era dudosa y que fue muy cuestionada por la defensa. El gobierno etíope no permitió que representantes de Amnistía Internacional asistieran al juicio en julio de 2007.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la excarcelación de los dos presos de conciencia, pero señaló que debían ser indemnizados por el tiempo que habían pasado en prisión.

“Estos dos hombres no cometieron ningún acto por el que debiesen ser indultados”, ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa de África de Amnistía Internacional.

“Eran presos de conciencia a quienes se recluyó y condenó exclusivamente por sus actividades pacíficas como defensores de los derechos humanos. Se les deben indultar las penas de forma incondicional e indemnizarlos por el tiempo que estuvieron encarcelados injustamente”.

Liberado el ciudadano marroquí encarcelado por crear un perfil en Facebook

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

El ciudadano marroquí que había sido encarcelado por crear en Facebook un perfil de un príncipe ha sido liberado. Fouad Mourtada, ingeniero informático de 26 años, recuperó la libertad el pasado martes tras un indulto real.

En febrero, a Fouad Mourtada le habían impuesto una condena de tres años y una multa de 10.000 dirhams (1.320 dólares estadounidenses) por crear en Facebook un perfil del príncipe de Marruecos Moulay Rachid. La condena se le impuso durante un juicio celebrado en Casablanca.

Dos delegados de Amnistía Internacional estuvieron presentes como observadores durante el juicio. Afirmaron estar preocupados por que el juicio no contó con las garantías procesales establecidas en las normas internacionales.

Una de las delegadas de la organización, Benedicte Goderiaux, ha acogido con satisfacción la liberación de Fouad Mourtada, pero ha afirmado que "las denuncias según las cuales Fouad Mourtada fue maltratado por la policía durante los interrogatorios todavía tienen que ser investigadas".

Comenzó en Guatemala juicio por desapariciones

Tue, 18 Mar 2008 11:03:48 +0000

En la segunda semana de marzo de 2008 comenzó en Guatemala el primer juicio celebrado hasta la fecha por presunta desaparición forzada de personas. El ex paramilitar Felipe Cusanero fue acusado formalmente el lunes 10 de marzo de haber participado, con la complicidad del ejército, en la desaparición forzada de seis civiles.

Felipe Cusanero está acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Tay entre noviembre de 1982 y octubre de 1984.

El proceso se inició en 2003, cuando seis residentes de Choatalum denunciaron formalmente a Cusanero ante la fiscalía distrital de Chimaltenango. Según informó en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, en la aldea de Choatalum, municipio de San Martín Jilotepeque, se produjeron un gran número de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El término “desaparición forzada” hace referencia a secuestros patrocionados por el Estado en los que se desconoce el paradero y la suerte que han corrido las víctimas. El conflicto armado interno de Guatemala, que comenzó en 1960 y concluyó en 1996 con un Acuerdo de Paz, se saldó con aproximadamente 200.000 personas muertas, entre ellas alrededor de 45.000 víctimas de desaparición forzada.

Conmutada la pena de muerte a tres ciudadanos australianos en Bali

Thu, 06 Mar 2008 17:34:17 +0000

La condena a muerte impuesta a tres miembros del grupo conocido como Los Nueve de Bali ha sido reducida a una pena de cadena perpetua tras la revisión judicial realizada por el Tribunal Supremo. La conmutación de la pena impidió que Matthew Norman, Si Yi Chen y Tan Duc Thanh fuesen ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

Los tres llevaban en el pabellón de la muerte desde 2006, año en que el fallo del Tribunal Supremo en respuesta a una apelación aumentó a la pena capital sus condenas a cadena perpetua originales –que se les habían impuesto por tráfico de drogas en Bali–.

Otros tres miembros de Los Nueve de Bali siguen en espera de ejecución. Scott Rush, Myuran Sukumaran y Andrew Chan impugnaron la validez de su condena a muerte por delitos de drogas ante el Tribunal Constitucional, pero su caso fue desestimado en octubre de 2007. Renae Lawrence cumple una condena de 20 años de prisión, y Michael Czugaj y Martin Stephens han sido condenados a cadena perpetua.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia de la conmutación de las tres condenas, y ha pedido al gobierno indonesio que ordene la abolición de la pena de muerte.

“La aplicación de la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”, ha afirmado Tim Parrrit, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía.

El año pasado, un total de 11 personas fueron condenadas a muerte en Indonesia.

Tim Parritt ha afirmado que, si bien es legítimo que las autoridades indonesias tomen las medidas adecuadas para el cumplimiento de la ley contra las personas que cometen delitos de narcotráfico, no existen pruebas científicas que demuestren que la pena de muerte disuade a los traficantes potenciales con más eficacia que otros castigos.

“Pedimos al gobierno indonesio que siga el ejemplo de los 135 países del mundo que ya han abolido la pena de muerte en la ley y en la práctica, entre ellos el Estado vecino de Filipinas, que abolió la pena capital en 2006”, ha señalado Tim Parritt.

La tendencia hacia la abolición total continuó en 2007 tras la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que pedía la moratoria global de las ejecuciones, y que fue respaldada por el voto a favor de 104 países, y 54 en contra.

Cuba firma por los derechos humanos

Fri, 29 Feb 2008 18:22:17 +0000

Cuba firmó el jueves 28 de febrero dos importantes tratados de derechos humanos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El ministro de Relaciones Exteriores del país, Felipe Pérez Roque, firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tratados comprometen a Cuba a respetar, entre otros, derechos como la libertad de expresión y la libertad de circulación.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la noticia de la firma y pidió al país que ratifique ambos tratados sin reservas. Fernanda Doz Costa, investigadora sobre Cuba del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, ha declarado: “Las nuevas autoridades cubanas deben cumplir los compromisos que han contraído en materia de derechos humanos mediante la introducción de medidas que garanticen la libertad de expresión y la independencia de la judicatura, y empezando por la puesta en libertad incondicional de las 58 personas que en la actualidad hay encarceladas en calidad de presas de conciencia.”

“Amnistía Internacional insta a Cuba a aceptar plenamente el conjunto de todas las obligaciones que estos pactos establecen, porque las normas de derechos humanos son la expresión legal de los derechos fundamentales a los que cada persona tiene derecho como ser humano.”

Ambos pactos se firmaron a los pocos días de elegir por unanimidad la Asamblea Nacional de Cuba a Raúl Castro, de 76 años de edad, como sucesor de su hermano Fidel. En relación con la nueva dirección cubana, Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, manifestó: “La nueva dirección debe aprovechar la oportunidad que representa este cambio e introducir reformas muy necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos.”

Javier Zúñiga pidió también “la revisión judicial de todas las sentencias dictadas en juicios sin las debidas garantías, la abolición de la pena de muerte y la adopción de medidas que garanticen el respeto de las libertades fundamentales y la independencia del poder judicial”.

Cuba ha liberado recientemente a cuatro presos políticos detenidos durante la campaña de represión política que se llevó a cabo los días 17 y 18 de marzo de 2003. Los reporteros José Ramón y Alejandro González, el disidente Omar Pernet y el sindicalista Pedro Álvarez estaban entre los 75 destacados disidentes declarados culpables de ser mercenarios a sueldo del gobierno estadounidense. Amnistía Internacional acogió asimismo con agrado su liberación, considerándola “un paso muy positivo“, si bien instó a Raúl Castro a que, con carácter de urgencia, pusiera también en libertad a las 58 personas que aún están encarceladas en Cuba en calidad de presas de conciencia.

El señor Pérez Roque había anunciado en diciembre de 2007 la intención del gobierno cubano de firmar ambos pactos. El anunció coincidió con una represión creciente de la disidencia entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre (día internacional de los derechos humanos), cuando muchos disidentes políticos fueron detenidos arbitrariamente a causa de su participación en protestas pacíficas.

Al producirse el anuncio, Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, manifestó: “El gobierno de Cuba debe demostrar su auténtico compromiso para con los tratados de derechos humanos liberando a todas las personas que se encuentran detenidas exclusivamente por sus actividades políticas pacíficas y garantizando que se respetan y se promueven todos los derechos humanos en el país”.

Las FARC liberan a otros cuatro rehenes

Thu, 28 Feb 2008 16:34:58 +0000

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han puesto en libertad a otros cuatro rehenes. Los ex miembros del Congreso Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Gechem fueron liberados el miércoles pasado después de pasar más de seis años en cautividad. Según los informes, su liberación fue facilitada por el presidente venezolano Hugo Chávez.

Estas liberaciones aumentan las esperanzas de que los grupos guerrilleros pongan en libertad a más personas de entre los 700 rehenes que se calcula que hay en su poder. Al tiempo de congratularse de la noticia de los rehenes liberados, Amnistía Internacional pidió la liberación urgente de todos los rehenes que aún siguen secuestrados en todo el territorio.

Susan Lee, directora del programa de América de Amnistía Internacional, dijo que la liberación era "una noticia muy positiva, pero no debemos olvidar a los centenares de civiles que continúan secuestrados en toda Colombia. Todos ellos deben ser liberados de inmediato y sin condiciones".

Sin embargo, las FARC, cuyo deseo es canjear a sus prisioneros más destacados por cientos de guerrilleros encarcelados, han indicado que no liberarán más rehenes hasta que Colombia cree una zona desmilitarizada para negociar. El presidente colombiano Álvaro Uribe ha señalado que sólo está dispuesto a mantener un diálogo por la paz con las FARC si éstas deponen primero sus armas, a lo que se han negado.

Todas las partes del largo conflicto armado de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares que actúan por su cuenta o junto con las fuerzas armadas, y los grupos guerrilleros– siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violando el derecho internacional humanitario.

"Instamos a las dos partes del conflicto a que dejen de atacar a la población civil y pedimos al gobierno colombiano que investigue todos los abusos que se cometen contra los derechos humanos en el país y haga que los responsables comparezcan ante la justicia", manifestó Susan Lee.

Excarcelación anticipada de un periodista bielorruso

Wed, 27 Feb 2008 11:05:08 +0000

Alyaksandr Zdzvizhkou, ex director adjunto de un periódico bielorruso, ha quedado en libertad antes de lo esperado. El 22 de febrero de 2008, el Tribunal Supremo de Bielorrusia conmutó la pena de tres años de prisión a la que había sido condenado, por una pena de tres meses.

Esta decisión provocó su liberación inmediata de la prisión de alta seguridad donde se encontraba recluido. Amnistía Internacional celebra su liberación, pero ha pedido que su sentencia condenatoria sea anulada.

Alyaksandr Zdzvizhkou, ex director adjunto del periódico Zhoda (Hoy), había sido condenado el 18 de enero de 2008 por un tribunal de la ciudad de Minsk, que lo declaró culpable de “incitar a la discordia o a la enemistad racial, nacional o religiosa”, en virtud del artículo 130.1 del Código Penal de Bielorrusia.

Lo condenaron por haber publicado en 2006 las viñetas del profeta Mahoma, en un artículo en el que se informaba de las protestas que suscitó la publicación original de los dibujos en Dinamarca en septiembre de 2005. Amnistía Internacional consideró a Alyaksandr Zdzvizhkou un preso de conciencia, encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.