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Las autoridades rusas deben dejar de perseguir a los activistas de derechos humanos y centrar sus esfuerzos en investigar a los responsables de sus asesinatos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día de los Derechos Humanos.

“La actitud sistemática de las autoridades rusas, que eluden su deber de respetar y proteger el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos como parte integrante de una sociedad en funcionamiento, viola sus obligaciones internacionales. Es más, pone la vida de los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata bajo fianza de Alexei Sokolov, director de una organización no gubernamental rusa que hace campaña contra la tortura u otros malos tratos en los lugares de detención.

Alexei Sokolov estaba también investigando casos de posible corrupción entre los funcionarios regionales encargados de hacer cumplir la ley, pero fue detenido en mayo de 2009 como sospechoso de haber participado en un robo en 2004.

Amnistía Internacional lo considera un posible preso de conciencia que puede haber sido detenido por sus actividades legítimas, y teme que no haya recibido un juicio justo.

Oleg Orlov, director de la ONG Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial, también podría ser considerado preso de conciencia si es encarcelado por cargos de difamación tras haber hecho una declaración, a raíz del asesinato de la activista Natalia Estemirova, en la que hacía referencia al presidente checheno Ramzan Kadyrov.

“Las autoridades públicas deben estar preparadas para ser sometidas a un estrecho escrutinio, tienen que asumir la responsabilidad de sus actos y declaraciones”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Aunque el derecho a la libertad de expresión puede limitarse por ley, la persecución de Oleg Orlov es una violación absolutamente desproporcionada de este derecho.”

Oleg Orlov ya ha sido multado tras haber sido declarado culpable del cargo civil de difamación a causa de aquella misma declaración.

“Estos últimos casos son representativos del clima en el que tienen que trabajar muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en Rusia. Ilustran hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para acallar cualquier crítica contra ellas por parte de quienes defienden los derechos humanos”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Mientras tanto, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, como Natalia Estemirova y Zarema Sadulaieva, que trabajaban las dos en Chechenia, continúan sin resolver.”

El 31 de octubre, Zarema Gaisanova, empleada de una organización humanitaria, fue secuestrada de su casa de Grozni durante una operación de seguridad llevada a cabo en la zona y supervisada, según los informes, por el presidente Kadyrov. No se la ha vuelto a ver desde entonces, y existe honda preocupación por su seguridad.

“La persecución de quienes defienden los derechos humanos o de los periodistas independientes por sus críticas a las autoridades constituye acoso y contradice los compromisos contraídos por Rusia como Estado Parte en tratados internacionales de derechos humanos.”

“Queremos ver un compromiso firme y real de las autoridades Rusas de poner fin a los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y el personal humanitario. Depende de su voluntad política crear un clima en el que los responsables comparezcan ante la justicia.