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Las mujeres yemeníes sufren violencia y discriminación

Wed, 25 Nov 2009 14:15:44 +0000

Las mujeres en Yemen sufren discriminación sistémica y violencia endémica, con consecuencias devastadoras para sus vidas, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado el miércoles 25 de noviembre de 2009.

Sus derechos se violan de forma habitual porque las leyes yemeníes y las prácticas tribales y consuetudinarias las tratan como ciudadanos de segunda clase.

Las mujeres no tienen libertad para casarse con quien deseen y algunas se ven obligadas a casarse cuando son niñas, en algunos casos con sólo ocho años.

Esta práctica fue puesta de relieve el pasado viernes, 20 de noviembre, por el Comité contra la Tortura de la ONU, que expresó su preocupación por la “legalidad” de los matrimonios a edad temprana de niñas, a los que calificó de “trato inhumano y degradante”.

Una vez casada, la mujer debe obedecer a su esposo y obtener su permiso incluso para salir de la casa.

A las mujeres se les atribuye la mitad del valor que a los hombres cuando prestan declaración ante un tribunal o cuando sus familias reciben una indemnización si son asesinadas.

También se les niega la igualdad de trato en lo relativo a la herencia y en muchos casos ésta se les niega por completo.

Las mujeres reciben un trato más severo que los hombres cuando son acusadas de actos “inmorales”, y a los hombres se los trata con indulgencia cuando asesinan a mujeres de su familia en homicidios en nombre del “honor”.

Estas leyes y prácticas discriminatorias fomentan y facilitan la violencia contra las mujeres, que es una práctica extendida en el hogar y en la sociedad en general.

Pese a ello, en los últimos años se han producido algunas novedades positivas para los derechos de las mujeres, como la creación en 1996 del Comité Nacional de la Mujer, de carácter cuasi-gubernamental, y el nombramiento en 2001 de un ministro de Estado para lo derechos humanos, al que en 2003 se ascendió al rango ministerial.

El gobierno también ha entablado relación con organismos intergubernamentales y ha presentado informes al Comité que vigila el cumplimiento d la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la que Yemen es parte.

Pero lo más significativo es que las propias mujeres han ayudado a crear una vigorosa sociedad civil, y que las organizaciones no gubernamentales de mujeres han logrado cierto éxito en algunas campañas en pro de reformas. En 2009, por ejemplo, el gobierno revocó el artículo 3(1) de la Ley de Nacionalidad de 1990 para permitir que los niños y niñas nacidos de madre yemení y padre no yemení tengan derecho a la nacionalidad yemení.

Sin embargo, es necesario introducir con urgencia otras reformas. Amnistía Internacional pide el fin de las leyes discriminatorias y de la violencia contra las mujeres, y suma su voz a la demanda de las mujeres de Yemen de tener acceso pleno e igual a sus derechos humanos.

Las mujeres de Tayikistán sufren abusos

Tue, 24 Nov 2009 09:28:40 +0000

Las autoridades de Tayikistán deben tratar la violencia contra las mujeres como delito y tomar medias adecuadas para perseguirla judicialmente, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado el martes 24 de noviembre de 2009.

El informe Violence is not just a family affair: Women face abuse in Tajikistan documenta los abusos físicos, psicológicos y sexuales que sufren las mujeres en el ámbito familiar e insta a las autoridades a tratar esta violencia como lo que es, un delito, en vez hacer caso omiso de ella por considerarla un “asunto de familia privado”.

“En Tayikistán se golpea, maltrata y viola a las mujeres en el ámbito familiar, pero las autoridades tienden a reflejar la actitud imperante en la sociedad de culpar a las mujeres en los casos de violencia doméstica –ha manifestado Andrea Strasser-Camagni, investigadora de Amnistía Internacional experta en Tayikistán–. Las autoridades consideran que su función primordial es la de actuar como mediadoras, dirigida a defender la familia, en vez de proteger a las mujeres y sus derechos.”

“Los valores familiares tayicos tradicionales, reforzados tras el desmembramiento de la Unión Soviética, imponen mayor discriminación aún a las mujeres, limitando su identidad a la de esposas y madres o empujándolas a los sectores peor pagados del mercado de trabajo.”

“Al considerar la violencia contra las mujeres un asunto familiar, las autoridades de Tayikistán eluden su responsabilidad para con una gran parte de la población. Permiten que los perpetradores de este delito actúen con impunidad y, en última instancia, niegan a las mujeres sus derechos humanos.”

La violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito familiar, es un fenómeno generalizado en Tayikistán. Del 25 al 50 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual a manos de sus esposos o sus parientes políticos.

A menudo, las mujeres tayicas dependen económicamente de su familia política. Como han contado algunas a Amnistía Internacional, en cuanto ponen los pies en la casa de la familia de sus esposos después de casarse, son sometidas a malos tratos no sólo por aquéllos, sino también por sus suegras, las cuales probablemente sufrieran también abusos de recién casadas.

“A las mujeres se las trata como sirvientas o como bienes de la su familia política. No tienen a nadie a quien recurrir, pues las autoridades tienen por norma instar a la reconciliación, lo que refuerza de hecho su situación de inferioridad. Esta experiencia de violencia y humillación en el seno de la familia lleva a muchas mujeres a suicidarse”, ha explicado Andrea Strasser-Camagni.

No hay suficientes servicios para proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, y los existentes los ofrecen en su mayor parte organizaciones no gubernamentales locales con financiación internacional. La policía, el poder judicial y el personal médico carecen de la debida preparación para ocuparse de casos de violencia doméstica.

La educación es un factor clave para el empoderamiento de las niñas y la creación de vías de escape de la violencia y la pobreza. Sin embargo, las niñas dejan de ir a la escuela muy pronto, para contraer matrimonio, a menudo no registrado oficialmente y polígamo, a edad muy temprana, todo lo cual hace que dependan aún más de sus esposos.

Las medidas iniciales tomadas por el gobierno tayico para combatir la violencia doméstica han resultado en gran medida insuficientes.

Aunque Tayikistán ha ratificado los pertinentes tratados internacionales de derechos humanos, no cumple con su obligación internacional de proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Tayikistán a:

impedir y perseguir judicialmente la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar mediante la promulgación de una legislación interna efectiva y la creación de servidos de apoyo en todo el país;
emprender una campaña de sensibilización pública de ámbito nacional para abordar la práctica ilegal del matrimonio no registrado oficialmente, polígamo y a temprana edad;
eliminar los obstáculos a la educación de las niñas y abordar las causas básicas del abandono de la educación por las niñas.

El gobierno de Haití debe erradicar la esclavitud infantil

Tue, 17 Nov 2009 16:43:34 +0000

Las autoridades de Haití deben promulgar disposiciones legales para proteger a los niños y niñas que trabajan como personal de servicio doméstico en condiciones que equivalen a esclavitud, ha afirmado Amnistía internacional en vísperas del Día Universal del Niño.

El 18 de noviembre, Amnistía internacional lanza una campaña para presionar al gobierno de Haití para que apruebe medidas para proteger de abusos, explotación y malos tratos a los niños y niñas que trabajan como personal de servicio doméstico.

Muchas familias haitianas, demasiado pobres para mantener a sus hijos, se ven obligadas a enviarlos a trabajar en el servicio doméstico. Los niños y niñas –en su mayoría niñas– acaban trabajando durante largas jornadas en tareas como limpiar, cocinar, ir a buscar agua para toda la familia y cuidar de los niños de la familia.

“La mayoría de los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico en Haití viven prácticamente como esclavos”, ha declarado Gerardo Ducos, investigador de Amnistía internacional sobre Haití. “Trabajan en condiciones inhumanas, sufriendo violencia y abusos a manos de las personas que los acogen, sólo por un plato de comida.”

Según cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2007 había más de 100.000 niñas trabajando en el servicio doméstico en Haití.

Atrapadas en una situación de dependencia total, muchas niñas se ven obligadas a soportar actos de violencia y abusos sexuales. Algunas huyen de sus empleadores o de las familias que las acogen y viven en la calle, donde es posible que no tengan otra opción que prostituirse para sobrevivir.

Régina, una niña de 15 años, dijo a Amnistía internacional que cuando tenía 10 la mandaron a trabajar como empleada doméstica, pero se escapó porque las palizas llegaron a ser insoportables. Pasó los cuatro años siguientes en el Foyer Maurice Sixto, una casa refugio para niños y niñas que han trabajado en el servicio doméstico. Durante ese tiempo pudo asistir a la escuela. Cuando cumplió 14 años, Régina regresó a su casa, donde sufrió nuevos abusos.

“En Haití las niñas están atrapadas en una espiral de pobreza y violencia”, ha afirmado Gerardo Ducos. “La erradicación de esta forma moderna de esclavitud es la única manera de proteger los derechos de miles de niños y niñas."

Las leyes haitianas no ofrecen un marco de protección para la infancia.

En 2003 entró en vigor la Ley sobre la Prohibición y Eliminación de Todas las Formas de Abusos, Violencia y Tratos Inhumanos a la Infancia. Esta ley eliminó un capítulo del Código del Trabajo que regulaba el trabajo de niños y niñas en el servicio doméstico pero no prohibió su práctica.

El Código prohibía el “empleo” de niños y niñas menores de 12 años como trabajadores domésticos y proporcionaba garantías de que las personas mayores de 15 años recibirían un salario por su trabajo. El Código exigía que las familias de acogida, entre otras cosas, solicitasen la autorización del Instituto de Investigación y Bienestar Social si deseaban contratar a un niño o una niña como empleado doméstico.

“En vísperas del Día Universal del Niño, Haití debe acrecentar su compromiso con la protección de las niñas que trabajan en el servicio doméstico y adoptar medidas concretas para mejorar su situación”, ha declarado Gerardo Ducos.

Llamamiento a la acción
Protege a las niñas que trabajan en el servicio doméstico en Haití

Los más pobres de El Cairo, en peligro de ser enterrados vivos en sus casas

Tue, 17 Nov 2009 08:25:38 +0000

Las autoridades egipcias deben adoptar medidas inmediatas e incluyentes para proteger a los habitantes más pobres de El Cairo, que residen en “zonas inseguras” donde están expuestos a sufrir corrimientos de tierra y otros peligros, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el martes 17 de noviembre de 2009.

“Miles de personas pobres en Egipto están atrapadas en una situación de privación y abandono tal que podría desembocar finalmente en su muerte” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El gobierno debe abordar con carácter urgente los peligros que acechan a las personas que viven en zonas designadas como ‘inseguras’ y buscar soluciones en consulta con las directamente afectadas.”

En el informe titulado Buried Alive; Trapped by Poverty and Neglect in Cairo’s Informal Settlements, Amnistía Internacional critica duramente a las autoridades egipcias por no tomar medidas eficaces destinadas a proteger a quienes residían en Al Duwayqa, asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, de un corrimiento de tierra de consecuencias mortales que sacudió la zona el 6 de septiembre de 2008.

En el informe se pide a las autoridades egipcias que reduzcan el nivel de amenaza para la vida humana en las 26 “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) y que protejan el derecho de las personas residentes en ellas a la salud y a una vivienda adecuada. Aunque era bien conocido el riesgo de corrimientos de tierra, el gobierno no evacuó a los residentes pobres antes de la catástrofe de 2008.

Las autoridades afirman que hubo 107 personas muertas y 58 heridas como consecuencia del corrimiento de tierra de Al Duwayqa, pero las sobrevivientes afirman que el número de víctimas fue superior e informan de que todavía hay muchos miembros de sus familias en paradero desconocido. Todavía no se han dado a conocer las conclusiones de una investigación oficial sobre la catástrofe.

“Privadas de voz efectiva e ignoradas en gran medida por quienes ejercen el poder, muchas de las personas residentes en Al Duwayqa y otras “zonas inseguras” siguen viviendo con miedo en inestables laderas de montañas o debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje porque no tienen a dónde ir.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen exhaustivamente las causas de que no se evitara la tragedia de Al Duwayqa y que adopten las medidas necesarias para garantizar que no se repite.

“El gobierno debe elaborar un programa de acción integral para abordar los peligros que acechan a quienes viven en ‘zonas inseguras’ y hacer valer su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada –afirmó Malcolm Smart–. Para ello debe buscar la participación activa de las comunidades afectadas y estar dispuesto a ofrecer sin demora alojamiento temporal a las personas que deban ser desalojadas de inmediato por peligro inminente, así como alojamiento permanente.”

Tras el corrimiento de tierra, las autoridades egipcias actuaron rápidamente para identificar otras zonas de peligro en las inmediaciones. Demolieron más de un millar de viviendas amenazadas y, en el plazo de un mes, realojó a más de 1.750 familias, si bien no les procuró seguridad de tenencia y las dejó expuestas a futuros desalojos.

Otras familias se quedaron sin hogar, y hubo discriminación en el proceso de asignación de viviendas contra las mujeres divorciadas o que vivían separadas de sus esposos.

Algunas familias fueron desalojadas a la fuerza de Al Duwayqa y otras de Establ Antar, asentamiento informal en el sur de El Cairo. La mayoría de estos desalojos se hicieron en contravención de las garantías de procedimiento que establece el derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre con escaso aviso y con el respaldo de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las familias de Establ Antar fueron reasentadas en una zona remota en la ciudad Seis de Octubre, al oeste de Giza, lejos de sus lugares de trabajo y sin que les ofrecieran seguridad de tenencia.

“Las personas que viven en los asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el abandono, la inseguridad y la amenaza constante del desalojo forzoso –señaló Malcolm Smart–. El Estado debe garantizar el derecho de estas personas a una vivienda adecuada y poner fin a los desalojos forzosos.”

En el área metropolitana de El Cairo, el gobierno ha identificado 26 zonas “inseguras” dentro de un plan general de desarrollo de la ciudad para el año 2050; sin embargo, las consultas con las comunidades que se verán afectadas por este plan han sido, al parecer, escasas o nulas. Los habitantes de las “zonas inseguras” se enfrentan a una doble amenaza: falta de seguridad y posible desalojo forzoso.

“La tragedia de Al Duwayqa fue una catástrofe anunciada. Se sabía de sobra que iba a ocurrir –afirmó Malcolm Smart–. Se podría haber hecho más, se tendría que haber hecho más para evitarla e impedir la pérdida de vidas.”

“Tanto con las víctimas como con las personas que sobrevivieron aquella terrible mañana, así como con otras personas en peligro, las autoridades tienen la obligación de garantizar que no se repiten los hechos y que la tragedia de Al Duwayqa no se reproduce en ninguna otra “zona insegura” de El Cairo. Los pobres de Egipto no deben seguir viviendo bajo la amenaza de morir enterrados vivos.”

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos precarios, y el número va en aumento. Como parte de su campaña Exige Dignidad, en marcha desde mayo de este año, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que procuren una vivienda adecuada a todos los residentes de su Estado.

La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el objetivo de poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza en el mundo y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para reclamar a gobiernos, empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y que reconozcan y protejan sus derechos.

Llamamiento a la acción
Protege a los habitantes de las "zonas inseguras" de El Cairo

En Mozambique no hay justicia para quienes lloran a las víctimas de homicidio policial

Mon, 16 Nov 2009 11:55:07 +0000

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Mozambique a que investiguen debidamente y procesen a los agentes de policía sospechosos de cometer homicidios ilegítimos, tras haberse obstaculizado continuamente los esfuerzos de las familias de las víctimas por conseguir que se haga justicia.

En un informe publicado hoy, con el título ‘I can’t believe in justice anymore’: Obstacles to justice for unlawful killings by police in Mozambique, la organización ha pedido al gobierno que explique claramente a todos los miembros de la policía que el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos no se van a tolerar.

Desde enero de 2006, al menos 46 personas han sido víctimas de homicidio ilegítimo a manos de la policía en Mozambique.

Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades que garanticen que las familias de las víctimas reciben la debida indemnización por su pérdida.

“Las familias de las víctimas encuentran obstáculos casi insuperables, por lo que sólo las más insistentes y pudientes han conseguido que se haga algo de justicia –ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África–. Casi todas las demás no reciben ninguna justicia por la pérdida de sus seres queridos.”

“Peor aún, el gobierno parece haber permitido e incluso fomentado que se pongan obstáculos a las familias de las víctimas que buscan justicia.”

Pese a las reiteradas solicitudes de Amnistía Internacional, las autoridades apenas le han proporcionado información sobre las investigaciones de los homicidios policiales de Mozambique, ni siquiera en visitas de la organización al país. En algunos casos le han dicho que no se han llevado a cabo investigaciones porque se ha dado por sentado que el homicidio fue legítimo.

Las normas internacionales obligan a realizar una investigación efectiva en todos los casos de muerte o lesiones graves a causa del uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de la policía.

Chimène Costa, pareja de Augusto Cuvilas, bailarín y coreógrafo muerto por disparos de la policía en diciembre de 2007, ha dicho a Amnistía Internacional: “Ya no creo en la justicia. No me informan. No hay respeto […] Sólo quieren que olvidemos. Si no tienes dinero no se hace nada”.

Abogados, periodistas y activistas de los derechos humanos de Mozambique también han dicho a Amnistía Internacional que la policía tiende a “proteger a los suyos” y que este es uno de los principales obstáculos para llevar a agentes de policía ante la justicia.

“La evidente renuencia de la policía a llevar a cabo investigaciones efectivas sobre todos los homicidios cometidos por policías, la falta de medidas de sus oficiales para identificar a los agentes sospechosos de violaciones graves de derechos humanos y la tendencia de los policías a protegerse mutuamente son factores que contribuyen a la falta de justicia en estos caos”, ha señalado Erwin van der Borght.

En su informe, Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que se realizan con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todos los casos de uso policial de la fuerza que sea causa de muerte o lesiones graves y que se pone a los agentes responsables a disposición judicial. Asimismo, las familias de las víctimas de homicidio deben recibir la debida reparación.

Otras recomendaciones formuladas en el informe son:

- la policía tiene acceso a medios alternativos con que hacer frente a situaciones potencialmente violentas, para que la fuerza utilizada sea proporcional;
- la policía recibe formación en técnicas sobre el modo de reducir la tensión y no hacer uso de la fuerza si no es estrictamente necesario;
- en todos los casos de muerte por uso policial de la fuerza o de armas de fuego se practica automática e inmediatamente la autopsia;
- los denunciantes, testigos, abogados, jueces y demás personas relacionadas con la investigación de actos de la policía están protegidos contra intimidaciones y represalias.

Bangladesh debe garantizar juicios imparciales para que se haga justicia a las víctimas del motín

Thu, 12 Nov 2009 12:20:30 +0000

El gobierno bangladeshí debe garantizar justicia a las víctimas del motín de los Fusileros de Bangladesh de febrero de 2009, asegurándose de que todos los presuntos implicados reciben un juicio con garantías, ha declarado Amnistía Internacional en un informe publicado a el jueves 12 de noviembre.

El informe, titulado Looking for Justice: Mutineers on trial in Bangladesh, incluye testimonios de familiares de los miembros de los Fusileros de Bangladesh acusados de participar en el motín. Estos informes sugieren que decenas de integrantes, posiblemente cientos, de este cuerpo sufrieron tortura por su posible implicación en los hechos. A casi todos se les negó durante semanas o meses la oportunidad de contar con la asistencia de un abogado.

Amnistía Internacional condenó los homicidios ilegítimos, la toma de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante el motín, y pidió que los autores respondieran de sus actos ante la justicia.

Según Amnistía Internacional, el gobierno de Bangladesh tiene la oportunidad de reforzar la confianza en el Estado de derecho garantizando que los tribunales civiles, que juzgarán a los acusados, hacen justicia.

“El motín fue brutal y desembocó en la muerte de civiles y de oficiales del ejército que murieron en circunstancias terribles. Es vital que el gobierno de Bangladesh haga que los autores de estos crímenes comparezcan ante la justicia, de un modo que sea compatible con el derecho internacional”, ha declarado Abbas Faiz, investigador de Bangladesh de Amnistía Internacional.
El motín a gran escala se desató en el cuartel general de los Fusileros de Bangladesh, en Dhaka, el 25 de febrero de 2009, justo dos meses después de asumir el poder el nuevo gobierno que recientemente había sido elegido. El motín no tardó en propagarse a otros acuartelamientos de fusileros del país. Los amotinados mataron al menos a 74 personas, entre ellas seis civiles y 57 oficiales del ejército destinados al cuerpo de Fusileros como comandantes, un soldado del ejército y nueve jawans (rango inferior del cuerpo de Fusileros). El gobierno tardó 33 horas acabar de forma negociada con el motín.

Hasta la fecha, la única investigación oficial de la que se ha tenido constancia pública no ha conseguido determinar las causas reales del motín. Según la prensa bangladeshí, los fusileros se amotinaron por motivos salariales y laborales. Según ciertas autoridades gubernamentales, el motín no fue otra cosa que una conspiración para derrocar al gobierno entonces recientemente elegido.

Tras el motín, miles de miembros de los Fusileros de Bangladesh fueron acuartelados y se les impidió todo contacto con el mundo exterior. Tan pronto los familiares comenzaron a visitar a los detenidos empezaron a llegar informes en los que se hablaba de decenas de fusileros, posiblemente cientos, que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, como torturas, por su posible implicación en el motín.

El informe de Amnistía Internacional documenta los métodos de tortura empleados, que incluyeron privar a los detenidos de sueño durante varios días, palizas, el uso de tenazas para aplastar los testículos, la inserción de agujas bajo las uñas y la administración de descargas eléctricas.

“Los informes de tortura que ha recibido Amnistía Internacional son congruentes con las torturas y los malos tratos infligidos a detenidos en Bangladesh documentados con anterioridad. No es suficiente que las autoridades nieguen que se está practicando la tortura; hace falta una mayor rendición de cuentas en esta cuestión”, afirma Abbas Faiz.

Al menos 20 fusileros murieron bajo custodia solamente entre el 9 de marzo y el 6 de mayo de 2009. Según fuentes de los fusileros, cuatro de ellos se suicidaron, siete murieron de ataques al corazón y otros nueve, por enfermedades. El 10 de octubre de 2009, el número total de fusileros que habían perdido la vida bajo custodia se había elevado a 48.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la aclaración del Tribunal Supremo de que los consejos de guerra militares no tienen jurisdicción para juzgar a los Fusileros de Bangladesh acusados de cometer homicidios masivos y otros delitos durante el motín de febrero de 2009.
El gobierno debe asimismo reconsiderar su decisión de recurrir al Tribunal de Juicios Rápidos, pues el plazo temporal que imponen estos tribunales para finalizar el juicio podría desembocar en un error judicial.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Bangladesh a que:

las personas sospechosas de cometer delitos comparezcan ante la justicia en aplicación de las normas sobre imparcialidad procesal reconocidas internacionalmente, que incluyen el derecho a recibir visitas de familiares y de acceso a abogados.
se investiguen todas las denuncias de tortura y a que los autores rindan cuentas ante la justicia en juicios con las garantías debidas. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, con independencia de la naturaleza del delito, e insta a las autoridades de Bangladesh a que no la impongan.
se examine la capacidad del sistema judicial y, en caso necesario, se pida asistencia a los órganos internacionales pertinentes, a fin de garantizar que el sistema de justicia penal cuenta con la competencia y los recursos necesarios, y que los jueces tienen la formación necesaria para juzgar a un número tan elevado de procesados de los Fusileros de Bangladesh con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a que designe o establezca los mecanismos preventivos nacionales previstos en dicho Protocolo.

España debe investigar las denuncias de tortura

Mon, 02 Nov 2009 18:12:23 +0000

Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, ha afirmado Amnistía Internacional el día 3 de noviembre en un nuevo informe publicado al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a esta cuestión.

España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía Internacional informó por primera vez en 2007, no han recibido justicia debido a que las autoridades españolas no han mostrado voluntad política para hacer frente a los casos de tortura y otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad.

“Continúan existiendo, y obstaculizando la labor de la justicia, las deficiencias estructurales que afectan a todas las facetas de la prevención, la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos que Amnistía Internacional identificó en 2007”, ha afirmado Rachel Taylor, experta de Amnistía Internacional sobre España.

Personas que habían presentado denuncias contaron a Amnistía Internacional que agentes de policía los habían amenazado con una pistola o un cuchillo, los habían golpeado en las plantas de los pies con una fusta y los habían amenazado de muerte.

De las 11 investigaciones iniciadas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y de las que informó Amnistía Internacional, desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una resolución condenatoria.

En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación (iniciada, en uno de ellos, hace más de siete años).

En el último caso, en el juicio se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión.

Uno de los casos que no llegó a la fase judicial en España ha sido remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían violado la prohibición de tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a un juicio con las debidas garantías. Otros dos casos archivados son los de Sandra Guzmán y Jordi Vilaseca.

En diciembre de 2006, Sandra Guzmán presentó una denuncia en el Departamento de Interior del gobierno autonómico vasco tras presenciar cómo un agente de policía obligaba a varios hombres de origen norteafricano a desnudarse parcialmente, para después registrarlos, golpearlos y darles patadas. Su denuncia se archivó seis meses después, supuestamente porque resultaba imposible localizar a los hombres presuntamente agredidos por los agentes de policía.

El 1 de abril de 2003, agentes de la policía autonómica de Cataluña detuvieron a Jordi Vilaseca cuando conducía hacia su casa al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos durante los tres días que estuvo detenido, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Cuando despertó, no podía hablar, caminar ni controlar los esfínteres. Jordi Vilaseca presentó una denuncia contra la policía por torturas. El caso se archivó en mayo de 2005 alegando falta de pruebas y porque la acusación afirmó que existía contradicción entre las versiones que daban de los hechos el demandante y los acusados. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional rechazó la causa en enero de 2009, y con ello ha quedado agotada la posibilidad de otra apelación.

“Las autoridades españolas deben dejar de eludir su obligación de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas y efectivas sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes de policía, y, a la vez, deben centrarse en la prevención de estos hechos, que es siempre el mejor remedio”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos registrados en algunas fuerzas policiales que han puesto en marcha medidas destinadas a prevenir la comisión de actos de tortura y otros malos tratos.

La creciente utilización de cámaras de circuito cerrado de televisión en las comisarías y de placas de identificación personal visibles en los uniformes de los agentes de policía son importantes avances en este sentido. Amnistía Internacional lamenta señalar que los importantes avances en las fuerzas policiales autonómicas (la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra) no se han visto reflejados en el ámbito nacional.

“A menos que las autoridades españolas demuestren voluntad política para introducir los cambios necesarios que garanticen la investigación imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, sus víctimas seguirán encontrándose con impedimentos para que se haga justicia”, ha declarado Rachel Taylor.

Israel raciona el agua a la población palestina

Tue, 27 Oct 2009 10:17:08 +0000

Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias.
Sin razón alguna, estas políticas restringen la disponibilidad del agua en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) e impiden a los palestinos desarrollar una infraestructura hídrica efectiva allí.

“Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos comunes, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos ilegalmente allí, tienen un suministro casi ilimitado de agua –ha manifestado Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los TPO–. En Gaza, el bloqueo israelí ha agravado una situación que era ya crítica.”

En un nuevo y extenso informe, Amnistía Internacional revela hasta qué punto el carácter discriminatorio de las políticas y prácticas hídricas de Israel niega a la población palestina su derecho de acceso al agua.

Israel consume más del 80 por ciento del agua del acuífero de la montaña, principal fuente de agua subterránea de Israel y de los TPO, a la vez que restringe a sólo el 20 por ciento el acceso palestino a él.

El acuífero de la montaña es la única fuente de agua de la población palestina de Cisjordania, pero sólo una de la varias que tiene Israel, que consume también todo el agua disponible del río Jordán.
Mientras que el consumo diario de agua palestino apenas alcanza los 70 litros por persona, el israelí es de más de 300 litros al día, el cuádruple.

En algunas comunidades rurales, los palestinos sobreviven con apenas 20 litros de agua al día, el volumen mínimo recomendado para uso doméstico en las situaciones de emergencia.

Entre 180.000 y 200.000 personas que viven en comunidades palestinas rurales no tienen acceso a agua corriente, y el ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger el agua de lluvia.

En cambio, los colonos israelíes, que viven en Cisjordania pese a violar con ello el derecho internacional, tienen cultivos de riego intensivo, exuberantes jardines y piscinas.

Los colonos, cuyo número asciende a alrededor de 450.000, tienen tanto o más agua que los 2,3 millones de personas que forman la población palestina.

En la Franja de Gaza, el 90 o el 95 por ciento del agua de su único recurso hídrico, el acuífero costero, está contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, Israel no permite que se lleve agua del acuífero de la montaña de Cisjordania a Gaza.

Las fuertes restricciones que Israel ha impuesto en los últimos años a la entrada en Gaza de material y equipo necesarios para el desarrollo y la reparación de la infraestructura han agravado aún más la situación allí desde el punto de vista del suministro de agua y el saneamiento, que ha alcanzado proporciones de crisis.

Ante la falta de agua y de una red de suministro, muchos palestinos tienen que comprar el agua de cisternas ambulantes, que a menudo es de dudosa calidad y mucho más cara.

Otros recurren a medidas de ahorro de agua que son perjudiciales para su salud y la de sus familias y que obstaculizan el desarrollo socioeconómico.

“Durante más de cuatro decenios de ocupación, las restricciones impuestas por Israel al acceso de los palestinos al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en los TPO, negando así a millares de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación y una vivienda adecuadas o salud y al desarrollo económico”, ha señalado Donatella Rovera.

Israel se ha apropiado de grandes extensiones de las tierras palestinas con abundante agua que ocupa y prohíbe a los palestinos el acceso a ellas.

También ha impuesto un complejo sistema de permisos, que los palestinos deben solicitar al ejército y a otras autoridades israelíes para emprender cualquier proyecto hídrico en los TPO. Es habitual que las solicitudes de tales permisos sean rechazadas o tarden mucho en atenderse.

Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías en los TPO agravan aún más la dificultades que encuentran los palestinos para poner en marcha proyectos de suministro de agua y saneamiento, e incluso para distribuir pequeñas cantidades de agua.

Los camiones cisterna se ven obligados a dar grandes rodeos para evitar los controles militares israelíes y las carreteras por las que los palestinos tienen prohibido circular, lo que genera enormes subidas del precio del agua.

En las zonas rurales, los habitantes de los pueblos palestinos se esfuerzan continuamente por encontrar agua suficiente para sus necesidades básicas, pues el ejército israelí les destruye a menudo las cisternas de agua de lluvia y les confisca los tanques de agua.

En cambio, en los cercanos asentamientos israelíes, los aspersores riegan los cultivos al sol del mediodía, cuando se desperdicia gran parte del agua, que se evapora antes de llegar al suelo.
En algunos pueblos palestinos, como el acceso al agua está sujeto a tan rigurosas restricciones, los campesinos no pueden cultivar la tierra, ni siquiera para cosechar pequeñas cantidades de plantas para su consumo personal o para el forraje de los animales, y se han visto obligados a reducir el tamaño de sus rebaños.

“El agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos incluso conseguir pequeñas cantidades de agua de mala calidad para subsistir se ha convertido en un lujo que apenas pueden permitirse”, ha explicado Donatella Rovera.

“Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias, levantar de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y asumir la responsabilidad de ocuparse de los problemas que ha creado, permitiendo a los palestinos hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde.”

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El día que vinieron las excavadoras... (artículo, 27 de octubre de 2009)

Los trabajadores migrantes, tratados como mano de obra de "usar y tirar" en Corea del Sur

Mon, 19 Oct 2009 16:29:08 +0000

En Corea del Sur, numerosos trabajadores migrantes sufren violencia física, son objeto de trata con fines de explotación sexual o no perciben sus salarios durante largos periodos, pese a la aprobación de normas que protegen sus derechos, según afirma Amnistía Internacional en un informe publicado el 21 de octubre de 2009.
La organización ilustra en el documento, de 98 páginas de extensión y titulado Disposable Labour: Rights of migrant workers in South Korea, que los trabajadores migrantes manipulan con frecuencia maquinaria pesada y sustancias químicas peligrosas en el trabajo sin haber recibido la formación necesaria ni disponer de equipos de protección, que están más expuestos a accidentes industriales, algunos de ellos mortales, y que reciben salarios inferiores a los de la mano de obra nativa del país.
“Los trabajadores migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, fundamentalmente porque no pueden cambiar de trabajo sin permiso del empleador”, explica Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “En ocasiones, las condiciones laborales son tan deficientes que estos trabajadores huyen, con lo que pasan a encontrarse en situación irregular y, por tanto, pueden ser detenidos y expulsados del país”.
Corea del Sur fue uno de los primeros países asiáticos en reconocer por ley los derechos de los trabajadores migrantes y en equipararlos a la población coreana en derechos laborales, salario y prestaciones.
Sin embargo, cinco años después de la entrada en vigor del Sistema de Permiso de Empleo, concebido para proteger mejor los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, muchas de estas personas siguen sufriendo dificultades y siendo víctimas de abusos.
En septiembre de 2008, se calculaba que había 220.000 trabajadores migrantes en situación irregular en el país.
El gobierno surcoreano prometió reducir esta cifra a la mitad antes de 2012, para lo que puso en marcha una campaña de represión masiva, y en ocasiones violenta, contra los trabajadores migrantes. De hecho, a veces se ha acusado a los agentes de inmigración y a la policía de emplear fuerza excesiva contra ellos y de actuar al margen de la ley.
El informe de Amnistía Internacional demuestra que el gobierno surcoreano no ha hecho suficientes inspecciones en los centros de trabajo, en los que se registran elevadas tasas de accidentes, se ofrecen atención médica e indemnizaciones inadecuadas, y se llevan a cabo despidos injustos.
Amnistía Internacional ha entrevistado a trabajadores y trabajadoras migrantes que han descrito cómo sus empleadores los obligaban a cumplir largos horarios de trabajo y a trabajar de noche, sin pagarles las horas extras y reteniéndoles, con frecuencia, los salarios.
“A pesar de los avances experimentados con el Sistema de Permiso de Empleo, el ciclo de abusos y trato indebido continúa, y miles de trabajadores y trabajadoras migrantes se encuentran a merced de sus empleadores y de las autoridades, que no les tratan como es debido porque saben que tienen pocos derechos legales y que no pueden acceder a la justicia ni pedir indemnizaciones por los abusos”, explica Roseann Rife.
Las investigaciones de Amnistía Internacional ponen de manifiesto que las mujeres corren especial peligro de sufrir abusos. En varias ocasiones, empleadores y directivos han sometido a trata con fines de explotación sexual a trabajadoras empleadas como cantantes en bases militares estadounidenses, a las que a veces han destinado a la industria del sexo.
Amnistía Internacional conversó con mujeres víctimas de trata que afirmaron no haber tenido otra elección que continuar en sus puestos de trabajo, ya que debían dinero a sus empleadores y no sabían a dónde acudir en busca de ayuda. Si huían, corrían el peligro de ser consideradas migrantes irregulares y expulsadas del país.
“Estas mujeres son doblemente víctimas: primero son objeto de trata, y luego, cuando intentan escapar de la explotación, pasan a ser consideradas migrantes ‘ilegales’ en virtud de la legislación surcoreana”, ha dicho Roseann Rife.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Corea del Sur a:
* garantizar que los empleadores respeten, protejan y promuevan los derechos de los trabajadores migrantes por medio de rigurosas inspecciones laborales, para que el lugar de trabajo sea seguro, se facilite formación y se pague a los trabajadores migrantes de un modo justo y puntual;
* proteger y promover los derechos de todas las trabajadoras migrantes y erradicar el acoso y la explotación sexuales;
* permitir a los trabajadores migrantes irregulares permanecer en Corea del Sur, mientras buscan acceso a la justicia y esperan a que se les concedan indemnizaciones por los abusos sufridos a manos de sus empleadores;
* garantizar que, durante las redadas de inmigración, las autoridades se ciñan a la legislación surcoreana, en virtud de la cual deben identificarse, presentar una orden judicial, informar a los trabajadores migrantes de sus derechos y facilitar inmediatamente tratamiento médico a las personas bajo custodia que lo necesiten o lo soliciten.

Las mujeres refugiadas en Chad corren grave peligro de ser violadas pese a la presencia de la ONU

Wed, 30 Sep 2009 10:34:02 +0000

Las mujeres y niñas refugiadas de Darfur corren todos los días grave peligro de ser violadas o sufrir otros actos de violencia tanto dentro como fuera de los campos de refugiados en el este de Chad, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de la ONU, según revela un nuevo informe de Amnistía Internacional presentado el 30 de septiembre.

En el informe, titulado No place for us here: Violence against refugee women in eastern Chad, Amnistía Internacional documenta violaciones y otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas de los campos.

“El temor a ser violadas, que en innumerables casos se convirtió en realidad para las mujeres y las niñas de Darfur, continúa persiguiéndolas en el este de Chad”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Estas mujeres huyeron de Darfur con la esperanza de que la comunidad internacional y las autoridades chadianas les ofrecieran cierta seguridad y protección. Pero esta protección ha resultado ser difícil de lograr y continúan expuestas a agresiones.”

En el informe se cuenta que las niñas refugiadas también son acosadas sexualmente por sus profesores en las escuelas de los campos. Hay informes de niñas amenazadas por sus profesores con ponerles malas calificaciones si no accedían a tener relaciones sexuales con ellos, y esto ha hecho que algunas dejen de asistir a clase.

“Muchas personas saben que las mujeres que se aventuran fuera de los campos de refugiados del este de Chad para recoger leña y agua se arriesgan a ser acosadas y violadas”, ha dicho Tawanda Hondora.

“Lo que no saben es que para esas mismas mujeres los campos suponen muy poca seguridad. En ellos corren peligro de ser violadas y sufrir otros actos de violencia a manos de familiares, de otros refugiados y del personal de las organizaciones humanitarias, cuya labor se supone que es ofrecerles ayuda y apoyo.”

La Unidad Integrada de Seguridad (Détachement Intégré de Sécurité, DIS), policía chadiana respaldada por la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), es la responsable directa de la seguridad dentro y alrededor de los campos de refugiados, y actualmente está completamente desplegada, con más de 800 agentes en los 12 campos del este de Chad.

Sin embargo, algunos miembros de la DIS han sido objeto de violencia y varios de sus agentes han perpetrado ellos mismos violaciones de derechos humanos.

La mayoría de las mujeres y niñas refugiadas no creen que la DIS haya hecho mucho para resolver la inseguridad que sufren.

“La DIS pasa mucho tiempo protegiéndose a sí misma. Incluso los soldados de la ONU tienen que proteger a sus agentes. No parece que nadie tenga mucho tiempo para protegernos a nosotras”, afirmó una mujer entrevistada por investigadores de Amnistía Internacional en el campo de refugiados de Gaga.

Los autores de violaciones y otros actos de violencia contra mujeres y niñas refugiadas en el este del Chad rara vez son puestos a disposición judicial, ni siquiera cuando las supervivientes denuncian las violaciones y otras agresiones a las autoridades locales chadianas, la DIS o los jefes de los campos.

“Esta cultura de la impunidad, tan arraigada en todo el este de Chad, especialmente cuando se trata de violación y otras formas de violencia contra las mujeres, debe terminar de inmediato”, ha dicho Tawanda Hondora.

El uso de métodos tradicionales para resolver los conflictos y llegar a acuerdos “negociados” en casos de violación u otros actos de violencia contra las mujeres y las niñas también contribuye a perpetuar la impunidad y favorece la violencia.

Una niña de 13 años del campo de refugiados de Farchana fue violada por un enfermero chadiano de una organización que gestiona los centros de salud del campo. A consecuencia de la violación quedó embarazada y dio a luz en enero de 2009.

El hombre aceptó su responsabilidad en el embarazo y se negoció con él, que aceptó casarse con la menor y pagar una dote a su familia, pero después huyó de la zona.

A pesar de que se denunció el caso a los funcionarios chadianos, a mayo de 2009 no parecía haberse hecho ningún intento de encontrarlo ni se había emprendido ninguna acción judicial contra él.

Amnistía Internacional afirma que no es posible conocer el número exacto de mujeres y niñas que han sido víctimas de violación y otros actos de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados del este de Chad, ya que las mujeres rara vez los denuncian, fundamentalmente por temor a ser estigmatizadas, incluso por sus propios familiares, y el trauma que ello supone.

“Las mujeres casadas que han sido violadas suelen ser rechazadas o abandonadas por sus esposos, mientras que para las niñas o las jóvenes violadas es difícil encontrar marido. Por eso, la mayoría de las mujeres y las niñas prefieren guardar silencio sobre la violación y evitar así consecuencias sociales negativas. Esto supone que los perpetradores quedan impunes de sus delitos”, ha dicho Tawanda Hondora.

Amnistía Internacional pidió que tanto el gobierno de Chad como la comunidad internacional tomen medidas eficaces de inmediato para abordar la violación y otros actos de violencia perpetrados de forma sistemática y generalizada contra las mujeres y las niñas refugiadas de Darfur en el este de Chad.

“Es preciso poner en marcha inmediatamente un plan claro e integral que establezca claramente que la violación y la violencia sexual son delitos inaceptables. También es necesario que se hagan cumplir las leyes chadianas pertinentes”, ha dicho Tawanda Hondora.

“El plan debe abordar todas las circunstancias debido a las cuales las mujeres y las niñas corren peligro de ser violadas y sufrir otras formas de violencia dentro y fuera de los campos de refugiados, y debe plantear la forma en que los agentes nacionales e internacionales pueden ayudar a proteger a las mujeres de estos terribles delitos.”