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Venezuela debe aplicar la nueva ley sobre violencia contra las mujeres

Thu, 17 Jul 2008 14:02:04 +0100

En un nuevo informe publicado 16 de julio, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a demostrar su voluntad política y proporcionar los recursos necesarios para garantizar que la nueva ley sobre violencia contra las mujeres no existe sólo sobre el papel.

"La ley venezolana promulgada en 2007 para proteger a las mujeres constituye un ejemplo para el resto de la región, pero no servirá de nada a menos que se aplique plenamente", manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

"Para aplicar la ley se necesitan más refugios, tribunales especiales y formación para las personas que se ocupan de estos delitos."

El informe de Amnistía Internacional, titulado "Existe la ley, toca aplicarla". Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, analiza la violencia doméstica contra las mujeres en Venezuela.

En este país, miles de mujeres son víctimas de palizas, insultos y violación en el hogar. Sólo en 2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) para denunciar malos tratos. Sin embargo, las organizaciones locales calculan que sólo una de cada nueve mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional en Venezuela afirmaron que, debido a la falta de independencia económica y de información, a la escasez de refugios (sólo dos en un país de más de 27 millones de habitantes) y a la precaria dotación de la policía y las instancias judiciales, les resulta difícil sentirse seguras.

"En Venezuela, miles de mujeres viven en un estado constante de temor a la violencia de sus parejas y de miedo por sus vidas y por la seguridad de sus hijos e hijas. Al no facilitárseles un mecanismo que garantice su seguridad, muchas mujeres consideran que no tienen más opción que permanecer junto a su agresor o quedarse sin hogar y ser incapaces de proporcionar sustento para sí mismas y para sus hijos e hijas", explicó Guadalupe Marengo.

En marzo de 2007, el gobierno promulgó una ley que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y reafirma la responsabilidad del Estado y de sus representantes de erradicarla. Esta ley sustituye a otra promulgada en 1999 que, aunque positiva, no se aplicó plenamente.

La ley de 2007 prevé medidas para impedir la violencia contra las mujeres, proteger a las mujeres en peligro y castigar a los autores de los abusos. Asimismo, establece que las autoridades deben poner en práctica un programa de amplio alcance destinado a sensibilizar a la opinión pública y a cuestionar las actitudes que toleran u ocultan esta lacra que se denuncia en escasas ocasiones.

"El gobierno de Venezuela debe estar a la altura del reto que plantea la ley de 2007."

El juez militar advierte a los acusados del 11-S sobre los inconvenientes de representarse a sí mismos

Thu, 10 Jul 2008 18:52:41 +0100

El jueves 10 de julio comparecen ante un juez militar en Guantánamo tres de los cinco hombres acusados de orquestar los ataques de septiembre de 2001 y que se enfrentan a un juicio ante una comisión militar que les puede imponer la pena de muerte. Amnistía Internacional ha enviado a una persona a las vistas en calidad de observador de los procedimientos.

Los otros dos acusados comparecieron ante el juez, el coronel de infantería de marina Ralph Kohlmann, el miércoles. Escuchó las declaraciones de los dos hombres en el sentido de que no habían sido coaccionados para tomar de decisión de representarse a sí mismos.

El juez advirtió también a los hombres de que, en el caso de representarse a sí mismos, encontrarían obstáculos a su defensa, dado que no se les permitiría tener acceso a documentos clasificados ni a otro material sensible que el juez considerase que debía protegerse en interés de la seguridad nacional.

Una de las cuestiones fundamentales de las vistas fue la de abordar la cuestión de si las decisiones tomadas por los hombres en la vista incoatoria del 5 de junio de 2008 de representarse a sí mismos se habían tomado de forma voluntaria. El tribunal tomó en consideración ciertas sugerencias según las cuales uno o más de los acusados podrían haberse sentido coaccionados por otros acusados para optar por la autorepresentación.

‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali (‘Ammar al Baluchi), de nacionalidad paquistaní, y Mustafa al Hawsawi, de nacionalidad saudí, fueron los dos acusados interrogados por el juez el miércoles. Ambos negaron haber sido intimidados por ningún otro de los acusados para adoptar su decisión sobre la representación.

Mustafa al Hawsawi dijo que los acusados habían hablado entre ellos durante la vista incoatoria y que habían "llegado a terreno común". Cuando se le preguntó si alguno de los otros cuatro acusados había hecho algo que él hubiera percibido como orden o amenaza, o como instrucción sobre cómo debía actuar durante los procedimientos, Hawsawi respondió "sin duda, no" y "absolutamente, no".

‘Ammar al Baluchi dijo al juez militar que las alegaciones de intimidación habían sido un malentendido porque el intérprete no comprendía su cultura ni una broma que había hecho Khalid Sheikh Mohammed a Mustafa al Hawsawi.

Al Baluchi dijo al juez que había decidido libremente representarse a sí mismo por varios motivos, entre otros de tipo religioso y ético, y porque "estos procedimientos... no me satisfacen." Dijo que, "sencillamente", la "justicia" de este "juicio de alto secreto" era cuestionable.

Reconoció que "podría encontrar complicaciones por su falta de experiencia jurídica", pero agregó que, debido a su "ausencia de contacto con abogados, desconozco qué hacen o harán en mi ausencia. Nadie podría decirme lo que hacen en mi ausencia. Por consiguiente decido representarme a mí mismo”.

Relató también diversas cuestiones que suscitan preocupación y que, de no remediarse, Amnistía Internacional considerará que representan una conculcación sustancial de su derecho a defenderse. Puso de manifiesto que, pese a su decisión de representarse a sí mismo, las autoridades se habían negado a entregar al juez dos cartas y una moción que había redactado. Según dijo, no tenía acceso ni a un ordenador ni a una biblioteca jurídica.

Dijo también que era difícil ponerse en contacto con un auxiliar jurídico y hacerle consultas porque no pueden venir a Guantánamo con frecuencia y porque no pueden enviar correos electrónicos y el correo ordinario tarda mucho (si es que se despacha). Declaró también que los abogados podían enviar al juez correo electrónico y postal, pero que él no.

El juez Kohlmann resolvió que al Baluchi había elegido con conocimiento de causa y de forma voluntaria representarse a sí mismo, que el acusado deseaba que sus abogados militares estadounidenses actuasen como auxiliares jurídicos, y que su servicio civil de asesoramiento podía actuar como asesores jurídicos.

Al Hawsawi dijo que aún no había decidido si deseaba o no aceptar su asesoramiento militar o civil. El juez ordenó que el juez militar asignado a la causa permaneciera en ella, y que el abogado civil pudiese actuar como asesor jurídico, salvo que –o hasta que– al Hawsawi indicase lo contrario.

Se planteó también la cuestión de la información clasificada. Amnistía Internacional ya había planteado su inquietud ante el hecho de que los acusados, incluso en el caso de que estuvieran representados por abogados que contasen con el visto bueno desde un punto de vista de la seguridad, podrían tener que hacer frente a obstáculos insalvables a la hora de poner a prueba cierto material clasificado que se utilizase en su contra. Este obstáculo podría ser incluso mayor si los acusados se representan a sí mismos.

En su sesión con al Hawsawi, por ejemplo, el coronel Kohlmann dijo al acusado que, si elegía representarse a sí mismo, no se le permitiría tener acceso a documentos clasificados con antelación al juicio porque él no cuenta con el visto bueno desde un punto de vista de la seguridad. Dijo también que no se le permitiría tener acceso a ningún material sensible que el juez considerase que debía protegerse en interés de la seguridad nacional. La falta de acceso a ese tipo de material obstaculizaría significativamente la capacidad del acusado de representarse a sí mismo, advirtió el juez.

Amnistía Internacional considera los atentados del 11 de septiembre como un crimen contra la humanidad y ha solicitado repetidamente que la búsqueda de la justicia y la seguridad se lleve a cabo dentro del marco de estricto cumplimiento de la legalidad internacional. La organización ha manifestado que el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sistemáticamente este principio.

Amnistía Internacional sigue instando al gobierno estadounidense a que desista de celebrar juicios ante comisiones militares, y a que ponga a todos los acusados a disposición de tribunales federales ordinarios, en los que no se recurra a la pena de muerte.

Leer más:

Se reanudan las vistas de la comisión militar de Guantánamo (Noticias, 9 de julio de 2008)

Ucrania: El racismo va en aumento

Thu, 10 Jul 2008 12:00:46 +0100

Cuatro extranjeros han sido asesinados en Kiev en lo que va de año debido al color de su piel, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado Ucrania: El gobierno debe actuar para acabar con la discriminación racial, pone de manifiesto el alarmante aumento de las agresiones contra extranjeros y miembros de minorías étnicas y religiosas en Ucrania.

El informe, que fue presentado el 10 de julio, también documenta el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales por parte de las autoridades ucranianas de garantizar el derecho a no sufrir discriminación de todas las personas que residen en el país.

Según las organizaciones no gubernamentales, en 2007 hubo 60 ataques racistas en Ucrania, y en seis de ellos se produjo la muerte de las víctimas. Este año ha habido más de 30 casos de racismo, de los cuales cuatro han sido asesinatos.

La mayoría de las víctimas eran de origen africano o asiático. También persisten los prejuicios y los ataques violentos contra personas y propiedades judías. La policía ha tomado las huellas y fotografiado a los miembros de ciertas comunidades romaníes, al parecer por motivo de su identidad étnica.

A pesar de los ataques racistas y la aplicación de criterios raciales por parte de la policía, las autoridades son reacias a reconocer el problema de la intolerancia y la discriminación racial en la sociedad ucraniana.

Muchas veces, la policía no ha respondido con la diligencia necesaria a las peticiones de ayuda de las víctimas de ataques racistas. Otras, se ha negado a tomar medidas. Cuando se detiene a los autores de ataques racistas, se los califica de "vándalos" y casi nunca se aplican las leyes contra los crímenes racistas.

"Es preocupante el hecho de que las autoridades ucranianas no reconozcan la existencia del racismo en todas sus manifestaciones", ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. "Esto no hará sino fomentar los ataques racistas y la impunidad de los perpetradores."

Daniel Osaemor, nigeriano que regentaba un puesto en un mercado, fue agredido el 19 de febrero de 2008 por un grupo de jóvenes cuando salía de un supermercado de Kiev. Según informes, lo rodearon y lo acuchillaron en el pecho.

Osaemor llevaba en el bolsillo una pata de mesa metálica que había utilizado para reparar su puesto y, según informes, golpeó con ella a su agresor en la cabeza. Daniel Osaemor fue condenado por vandalismo, pero los tres agresores que lo habían acuchillado no fueron acusados. El responsable de la investigación negó que hubiera existido algún motivo racial en la agresión dirigida contra Daniel Osaemor.

A Jeong Kwon Kang, ciudadano surcoreano, lo mataron cuatro jóvenes en abril de 2007 cuando salía de un supermercado próximo a su domicilio en Kiev. Los agresores le dieron patadas hasta que cayó al suelo. Sus agresores llevaban botas con clavos y le dieron patadas en la cabeza.

Jeong Kwon Kang murió más tarde como consecuencia de un traumatismo craneal. Cuatro jóvenes fueron detenidos y se los acusó inicialmente de causar lesiones graves y vandalismo. Según la declaración del fiscal, uno del grupo afirmó que había querido matar a Jeong Kwon Kang debido a su nacionalidad.

En una reunión con Amnistía Internacional en febrero de 2008, el cónsul de la Embajada de la República de Corea expresó la opinión de que juzgar como vandalismo un delito tan grave demuestra "una actitud muy relajada hacia el racismo que resulta muy peligrosa para la reputación de Ucrania."

En noviembre de 2007, tras la intensa presión ejercida por la embajada surcoreana, los cuatro jóvenes fueron acusados, en virtud del artículo 161, de asesinato y de "actos de odio con el objetivo de menospreciar el honor nacional y la dignidad de una persona."

"Las autoridades ucranianas no pueden permitirse ignorar la xenofobia y el prejuicio social. Tales actitudes pueden impregnar las estructuras oficiales y consolidarse como racismo institucional, dando lugar a un entorno en el que se perpetran y toleran abusos más graves contra los derechos humanos", ha afirmado Nicola Duckworth.

"El gobierno de Ucrania debe esforzarse por crear una sociedad en que la diversidad no se considere una amenaza sino una fuente de enriquecimiento. Las medidas gubernamentales dirigidas a realizar esta aspiración no harán sino reforzar la posición de Ucrania y el papel que este país puede desempeñar en todos los aspectos de la escena mundial".

Entre el 8 y el 10 de julio, una delegación de Amnistía Internacional expuso las conclusiones y recomendaciones del informe a las autoridades ucranianas pertinentes, instándolas a que reconocieran públicamente la existencia de la discriminación racial y a que adoptaran medidas efectivas para abordarla y proteger a las víctimas en potencia.

"Aunque apreciamos que las autoridades estuvieran dispuestas a reunirse con nosotros y que en ciertos círculos se reconociera la existencia del problema del racismo y la discriminación, lamentamos la ausencia de consenso en torno a la opinión de que el racismo está aumentando y ha de ser atajado", añadió Nicola Duckworth.

Se reanudan las vistas de la comisión militar de Guantánamo

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

"Asimismo, los procedimientos no sólo deben ser justos, sino parecerlo a todos los que los observan" – Corte Suprema de Estados Unidos, 19 de junio de 2008

Esta semana está prevista la comparecencia ante un juez militar de cinco detenidos de Guantánamo acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El miércoles 9 de julio se reanudaron las vistas preliminares. Amnistía Internacional ha enviado a una persona en calidad de observador al proceso.

Los acusados son Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali (‘Ammar al Baluchi) y Mustafa al Hawsawi. El gobierno estadounidense pretende juzgarlos en un proceso conjunto y que se les imponga la pena de muerte.

Antes de ser trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, la CIA había tenido a los cinco recluidos en secreto y en régimen de incomunicación durante un periodo de entre dos y tres años. Habían sido arrestados en Pakistán en 2002 y 2003. Al ocultarse su paradero y la suerte que habían corrido, pasaron a ser víctimas de desaparición forzada, considerada un delito, al igual que la tortura, por el derecho internacional.

Al menos a uno de los acusados, Khalid Sheikh Mohammed, se lo sometió a la técnica de tortura con agua conocida como waterboarding, simulacro de ahogamiento. Las autoridades estadounidenses no han revelado qué otras técnicas de interrogatorio "habituales" o "mejoradas" se usaron con estas u otras personas detenidas por la CIA, y la información sobre las técnicas empleadas con estos hombres, sus condiciones de reclusión y el emplazamiento de los centros de detención de la CIA permanece clasificada como alto secreto.

El juez militar encargado del proceso, coronel de infantería de marina Ralph Kohlmann, celebrará vistas separadas durante los próximos dos días con cada uno de los hombres. Una de las principales cuestiones que se analizarán es la de la asistencia letrada y, en particular, si la decisión que tomaron cada uno de los acusados en la vista incoatoria del 5 de junio de 2008 de representarse a sí mismos se tomó de forma voluntaria.

Otra cuestión es la de decidir si se celebra un proceso conjunto o por separado para cada uno de los acusados. El coronel Kohlmann ha dejado escrito que “pretende analizar” la cuestión del fraccionamiento del proceso en varias causas “en el supuesto de que pudiera parecer que un acusado o el gobierno resultan perjudicados por un proceso conjunto o común”.

Amnistía Internacional sigue instando al gobierno de Estados Unidos a que desista de celebrar juicios ante comisiones militares, y a que ponga a los acusados a disposición de los tribunales federales ordinarios, en los que la pena de muerte nunca debería ser una opción a tener en cuenta.

Arrestos ilegales de migrantes en Mauritania

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

Según las conclusiones de un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes irregulares que intentan llegar a Europa.

El informe Mauritania: “Nadie quiere tener nada que ver con nosotros”. Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, publicado el martes 1 de julio, también denuncia que en ocasiones ni siquiera se devuelve a los migrantes a sus propios países de origen.

Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir de Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa.

Muchos de ellos han sido recluidos en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania. Algunos han sufrido malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas.

Personas procedentes de países de África Occidental afirman haber sido arrestadas arbitrariamente en la calle o en su casa, acusadas, al parecer sin ninguna prueba, de tener la intención de viajar a España.

Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las deja en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.

“Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa”, ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional. Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

“Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los ‘policías de Europa’”, ha manifestado Salvatore Saguès.

Europa debe hacer frente a la realidad de las entregas

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

“Mi vida ha cambiado y me siento un hombre destrozado. [...] Durante toda la noche sufro pesadillas y de día recuerdo las torturas y me pongo a temblar. “

Abu Omar, contando cómo se sentía después

de las torturas que sufrió en Egipto.

Usama Mostafa Hassan Nasr, conocido como Abu Omar, fue secuestrado por agentes estadounidenses e italianos en una calle de Milán (Italia) el 17 de febrero de 2003. Agentes de la CIA lo entregaron después, pasando por Alemania, a Egipto, donde estuvo recluido durante casi cuatro años, incluidos 14 meses en detención secreta. Abu Omar afirma que, durante siete meses, lo torturaron hasta 12 horas al día.

Abu Omar es uno de los seis casos de entrega extraordinaria y detención secreta –que afectan a 13 hombres– que se destacan en el informe Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas.

El informe describe la participación de Estados europeos –que va desde permitir la utilización de espacio aéreo y aeropuertos europeos para vuelos de la CIA que realizaban recorridos para hacer entregas extraordinarias, hasta acoger centros secretos de detención (o “agujeros negros”)– y cómo se niegan a admitir o investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus ciudadanos o en su territorio.

“Los gobiernos europeos niegan lo evidente y llevan demasiado tiempo soslayando la verdad”, ha afirmado Amnistía Internacional. “Hay un marcado contraste entre su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas y sus afirmaciones de que actúan de forma responsable en la lucha contra el terrorismo”.

El Plan de seis puntos de Amnistía Internacional para poner fin a las entregas y la detención secreta en Europa pide a los Estados que condenen las entregas extraordinarias y las detenciones secretas y adopten medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas.

Abusos sistemáticos en Túnez en nombre de la seguridad

Mon, 23 Jun 2008 10:34:47 +0100

Cientos –si no miles– de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos algunos menores de edad, han sido detenidos en Túnez desde la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2003. Las autoridades están utilizando la amplia definición de "terrorismo" de esta ley para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas.

En los últimos cinco años, muchas personas han sufrido tortura o malos tratos, se las ha sometido a detención en régimen de incomunicación, o han sido objeto de desaparición forzada. Desde junio de 2006, al menos 977 personas han sido sometidas a juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares y otros, y condenados a largas penas de prisión o incluso a muerte.

El gobierno tunecino sigue afirmando que la situación de los derechos humanos en el país está mejorando. En la práctica, las reformas legales que deberían ofrecer una mayor protección en materia de derechos humanos se han quedado en poco más que promesas vacías.

Sigue sin ponerse freno a los abusos de las fuerzas de seguridad, que se cometen con impunidad, según revela el informe In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura u otros malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Una responsabilidad compartida por todos los gobiernos

El gobierno tunecino tiene la obligación de proteger a la población de los ataques violentos, pero al hacerlo debe cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los gobiernos extranjeros deben rechazar la retórica del gobierno tunecino y hacer frente a la realidad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país, deben garantizar que toda la cooperación que se efectúe en materia antiterrorista respeta las normas de derechos humanos. Y también que sirve para presionar al gobierno tunecino a eliminar la tortura y a lograr que los torturadores rindan cuentas.

Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Desesperada situación de la población refugiada iraquí

Thu, 12 Jun 2008 21:38:33 +0100

Omar, refugiado de Bagdad de 69 años, dice que tendrá una “muerte lenta” si se suspende la ayuda. Este hombre y su familia dependen de la asistencia alimentaria y médica desde que huyeron a Siria en 2006. – ACNUR, mayo de 2008.

Irak sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo, y la crisis de la población refugiada iraquí está agravándose. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en marzo de 2003 se han visto desplazadas dentro y fuera del país alrededor de 4,7 millones de personas, y para muchas de ellas la situación es desesperada.

En un nuevo informe titulado Retórica y realidad: La crisis de la población refugiada iraquí se afirma que la comunidad internacional sigue sin responder a la crisis de una manera significativa. Países como Jordania y Siria acogen a la mayor parte de la población refugiada pero, sencillamente, no tienen capacidad para atender las necesidades de todas las personas que llegan a ellos.

Siria sola podría tener una población refugiada de más de un millón de personas. Se calcula que, en 2007, en el mundo industrializado sólo había un uno por ciento del total de la población iraquí desplazada.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional, en particular a los Estados que participaron en la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, que tome realmente medidas para aliviar el sufrimiento de las personas desplazadas. La organización ha manifestado que estos países deben cumplir urgentemente con su responsabilidad de ayudar a las naciones de acogida y a las organizaciones humanitarias con actividades en la región a atender las necesidades de tan enorme población refugiada.

"Muchas personas refugiadas tienen dificultades para sobrevivir –ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Se les prohíbe trabajar y no pueden pagar el alquiler de las casas, comprar alimentos suficientes para sí mismas y sus familias ni conseguir atención médica. Las que tienen la suerte de poder escapar de Irak dependen de sus ahorros, y a muchas se les están agotando rápidamente.”

Muchas familias viven en la miseria y tienen que hacer elecciones imposibles y que correr nuevos riesgos, como el trabajo infantil, la prostitución y la perspectiva de verse obligadas por las circunstancias a emprender el retorno “voluntario” a Irak.

Los organismos humanitarios no pueden atender las crecientes demandas de ayuda a la población refugiada, pues cada vez son más las personas a las que es preciso proporcionar lo más básico para que puedan sobrevivir. El ACNUR había previsto que al final del año estaría distribuyendo alimentos a alrededor de 300.000 personas sólo en Siria. Sin embargo, recientemente ha anunciado que, debido a la falta de fondos suficientes, en agosto de 2008 no podrá atender todas las necesidades médicas básicas de la población iraquí, por lo que muchas personas con enfermedades graves o crónicas no recibirán mensualmente sus medicinas.

La ayuda alimentaria que se presta actualmente a 150.000 personas refugiadas en Siria y Jordania podría tener que reducirse, con lo que gran número de iraquíes se verían sumidos aún más en la miseria y aumentarían los índices de malnutrición y trabajo infantil.

Amnistía Internacional cree que es esencial que la comunidad internacional aumente sus contribuciones a organismos humanitarios como el ACNUR, así como a los países que acogen a población refugiada iraquí. Asimismo, debe realizarse un esfuerzo sustancial y constante por reasentar a las personas vulnerables, como las que padecen problemas médicos graves, en países donde reciban la atención necesaria.

Manal (nombre ficticio), iraquí refugiada en Damasco, contó a Amnistía Internacional en febrero de 2008 que tres de su hijos, de entre 6 y 15 años, tenían que trabajar para que la familia pudiera sobrevivir.

Su hijo de seis años vende goma de mascar en la calle, para ganar alrededor de un dólar estadounidense al día; su hija de 10 vende también goma de mascar unos tres días a la semana, y su hijo mayor es limpiabotas y gana el equivalente a unos dos dólares estadounidenses al día. La niña es la única que va a la escuela. La familia huyó a Siria en 2006, tras resultar dañada su casa, en Bagdad, por las explosiones.

Aunque en la comunidad internacional se habla de una “mejora” en la situación de seguridad en Irak que ha llevado a muchas personas a regresar “voluntariamente”, lo cierto es que la mayoría de las que regresan lo hacen porque se han quedado sin dinero y no pueden sobrevivir ya. Regresan a pesar de que su vida corre realmente peligro.

Además de no prestar suficiente apoyo práctico y económico, algunos Estados están también rechazando solicitudes de asilo de iraquíes a un ritmo alarmante. Ahora hay más Estados europeos que expulsan iraquíes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, entre ellos Suecia, que en otros tiempos fue un ejemplo positivo para sus vecinos. Algunos Estados están utilizando vías indirectas para devolver a las personas a Irak, como retirarles la ayuda una vez que se ha rechazado su solicitud de asilo para obligarlas así a regresar “voluntariamente”.

La falta de respuesta a la crisis está agudizando el ya grave deterioro de la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados a huir de sus países en busca de seguridad. Los países de acogida de la región necesitan desesperadamente apoyo para poder cumplir con su propia obligación de permitir el acceso de quienes huyen de la violencia y los abusos contra los derechos humanos.

Enlaces externos:

Iraqis in Egypt: Time is running out (Video)

Amnistía Internacional no se hace responsable del contenido de los sitios web que no sean de la organización.

Las acciones del gobierno de Myanmar agravan la situación de los supervivientes del ciclón

Thu, 05 Jun 2008 11:05:23 +0100

El gobierno de Myanmar está impidiendo que llegue la ayuda humanitaria a los supervivientes del ciclón Nargis y está redoblando sus esfuerzos por obligarles a que abandonen los refugios de emergencia, según nuevas investigaciones publicadas por Amnistía Internacional. Las acciones del gobierno agravan la precariedad de la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas, y aumentan el peligro de que mueran o sufran enfermedades o hambre.

El 20 de mayo, el gobierno de Myanmar –el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo– anunció el fin de la fase de rescate y ayuda de la respuesta al desastre, y el inicio de la fase de reconstrucción. Desde entonces, ha emprendido una campaña para obligar a los supervivientes del ciclón que han perdido su hogar a que abandonen los campos de reasentamiento tanto gubernamentales como no oficiales.

Las autoridades han dirigido sus acciones contra escuelas y monasterios, ya que ambos lugares se utilizaron como colegios electorales para el referéndum constitucional de mayo que se aplazó, y porque el trimestre escolar comenzó el 2 de junio.

La mayoría de los supervivientes que se han desplazado no pueden regresar a sus lugares de origen, ya que grandes áreas del delta del Irrawaddy, la más azotada por el ciclón, permanecen en gran parte inhabitables.

“Tras sobrevivir a la furia del ciclón, miles de personas sufren ahora a manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

Las averiguaciones de Amnistía Internacional, que incluyen relatos de testigos presenciales y entrevistas con personas que poseen información de primera mano sobre las zonas afectadas por el ciclón, subrayan la urgente necesidad de que tanto el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo como los donantes internacionales, en la respuesta al desastre, utilicen como salvaguardias las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por el acceso a la ayuda humanitaria. El 16 de mayo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, en su boletín de propaganda New Light of Myanmar (Nueva luz de Myanmar), se comprometió a “investigar los casos [de apropiación indebida de la ayuda humanitaria] para descubrir a los infractores y emprender contra ellos acciones punitivas conforme a la ley”. Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por esas medidas, e insta al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a vigilar estrechamente la distribución de ayuda humanitaria por parte de sus funcionarios y a investigar todas las denuncias de robo, abuso de poder u otra desviación de la ayuda.

“Dado el largo historial de abusos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, las agencias humanitarias deben estar especialmente alertas ante la posibilidad de que intente desviar u obstaculizar la ayuda”, ha manifestado Benjamin Zawacki, que se encuentra en la región desde hace un mes para recopilar información de las áreas afectadas.

Amnistía Internacional ha confirmado más de 30 casos y relatos de personas que han sido obligadas a abandonar sus refugios de emergencia en monasterios, escuelas y otros lugares.

En las últimas dos semanas, la campaña de reasentamiento se ha vuelto más sistemática y generalizada. Las autoridades han reasentado a muchas personas por la fuerza obligándolas a abandonar Maungmya, Maubin, Pyapon y Labutta, los lugares a donde se habían visto desplazadas inicialmente, y regresar a sus poblaciones de origen.

De los 45 campos que existían en Pyapon, el 28 de mayo sólo quedaban tres. En Yangón, el 23 de mayo, las autoridades expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en Shwebaukan, en el norte de Dagon Myo Thit, y de un campo no oficial en la Escuela Secundaria Estatal núm. 2, en el municipio de Dala.

Entre los abusos se encuentran también la confiscación y el uso indebido de la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional ha recibido más de 40 informes o testimonios sobre cómo las autoridades gubernamentales confiscaron, desviaron o retuvieron la ayuda humanitaria en lugar de entregársela a los supervivientes del ciclón.

Pese a las declaraciones de altos dirigentes del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo contra esa conducta, los funcionarios locales pueden actuar impunemente. Por ejemplo, Amnistía Internacional recibió declaraciones de testigos presenciales que afirmaban que, el 26 de mayo, en el puente de Pan Hlaing, municipio de Hlaing Tharyar, Yangón, el comandante de policía U Luu Win dio el alto a 48 camiones que transportaban suministros de donantes de Myanmar particulares. El 1 de junio, la policía todavía no había entregado esos camiones.

Véase también:

Grupo étnico de Myanmar se enfrenta a crímenes contra la humanidad (Documento, 5 junio 2008)