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El gobierno de Uganda debe establecer un programa de reparación a las víctimas de la guerra

Joseph Kony, dirigente del Ejército de Resistencia del Señor, Uganda

Joseph Kony, dirigente del Ejército de Resistencia del Señor, Uganda

© APGraphicsBank


17 noviembre 2008

Durante los 20 años de lucha entre las fuerzas armadas del gobierno ugandés y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), ambas partes cometieron abusos generalizados contra los derechos humanos.  

Amnistía Internacional ha documentado abusos cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor como el secuestro de miles de niños, niñas y adultos, el homicidio injustificado de miles de civiles, la violación de miles de mujeres y las palizas propinadas a hombres, mujeres y niños durante el conflicto que tuvo lugar entre 1986 y 2006.

La organización también ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales, las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda. Los soldados que cometieron violaciones de derechos humanos contra la población civil se beneficiaron de una impunidad general.

Las autoridades del norte de Uganda deben establecer un programa de reparación efectiva para esas víctimas del conflicto, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Left to their own devices
examina el sufrimiento continuado de las víctimas de las hostilidades y formula recomendaciones al gobierno sobre las medidas que debe adoptar en relación con las violaciones de derechos humanos que se cometieron.

Uno de los efectos más duraderos del conflicto sobre la población civil –también documentado– fue y sigue siendo el desplazamiento masivo de alrededor de 1,8 millones de personas desde sus hogares a campos para personas internamente desplazadas, cuyas condiciones de vida eran a menudo espantosas en lo que se refiere a la protección, higiene, salud y nutrición de sus habitantes.

En agosto de 2008, una delegación de Amnistía Internacional visitó en el norte de Uganda los distritos de Gulu, Amuru, Kitgum, Pader y Lira,  y se entrevistó con cientos de personas que habían sufrido violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Las personas que integraban la delegación de Amnistía Internacional también se reunieron con autoridades gubernamentales y miembros de organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de víctimas.

Las víctimas expresaron la necesidad urgente de que el gobierno, en consultas con ellas,  ponga en práctica un plan de acción para proporcionar reparaciones y remediar su actual sufrimiento. Entre las víctimas y supervivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto se encuentran víctimas de violencia sexual y de género, jóvenes y adultos que fueron secuestrados, sobrevivientes de matanzas y tortura y personas que todavía ignoran dónde se encuentran sus seres queridos. En el caso de estas personas, las cicatrices de las violaciones siguen abiertas muchos años después de que se cometieran. Poco se ha hecho para garantizar que las víctimas y supervivientes tienen acceso a reparaciones completas y efectivas que pongan fin a su prolongado sufrimiento y les ayuden a reconstruir sus vidas.

El Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo (PRDP) para el norte de Uganda lanzado por el gobierno en septiembre de 2007, aunque contiene una iniciativa política gubernamental en materia de recuperación y desarrollo después del conflicto, no establece un programa que aborde las necesidades de reparación de las víctimas.

Por otro lado, los dos Acuerdos firmados entre el gobierno de Uganda y el LRA –“sobre reconciliación y rendición de cuentas” el primero y sobre “desarme, desmovilización y reinserción” el segundo– auspiciados por el proceso de paz, intentan establecer un marco para las reparaciones pero tienen deficiencias importantes.

Estos Acuerdos no garantizan que el marco para la reparación propuesto se elabore después de amplias consultas con las víctimas y sobrevivientes. A pesar del PRDP y de los dos Acuerdos mencionados, no está claro si las víctimas y supervivientes recibirán reparación, y en caso afirmativo, cuándo y de qué tipo.

Amnistía Internacional insta al gobierno de  Uganda a que establezca un programa de reparaciones efectivo centrado en las víctimas, exhaustivo, elaborado tras celebrar consultas con la sociedad civil y dotadas de recursos suficientes. Ese programa debe proporcionar las cinco formas de reparación reconocidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La organización cree que el programa de reparaciones debe ocuparse de los retos inmediatos que se derivan del conflicto, por ejemplo: necesidades y problemas educativos de los niños y niñas y de la juventud; tratamiento médico de urgencia; ayuda médica y psico-social y asesoramiento en materia de efectos psicológicos y traumas en las personas afectadas por el conflicto, entre ellas las víctimas de sexo femenino; mejora de los medios de subsistencia de las víctimas y sobrevivientes y apertura de una investigación con carácter de urgencia para averiguar el paradero y la suerte que corrieron las personas secuestradas por el LRA.

Amnistía Internacional también ha recomendado a la comunidad internacional –incluidos Naciones Unidas y donantes clave– y a la sociedad civil que ejerzan presión, apoyen y participen en el establecimiento de un programa de reparaciones para las víctimas y supervivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.

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