No puede haber reconciliación nacional sin verdad y justicia, es el mensaje enviado al próximo presidente argelino

Cuando faltan 10 días para las elecciones presidenciales en Argelia, Amnistía Internacional ha instado al próximo dirigente del país a ocuparse del legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990 y a actuar en relación con los miles de víctimas a las que las autoridades han dado la espalda.

Más de 200.000 personas murieron durante el conflicto, según cálculos del gobierno. Las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado cometieron violaciones masivas de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos. Asimismo, fueron responsables de la desaparición forzada, detención secreta y arbitraria, tortura y otros malos tratos infligidos a miles de miembros o simpatizantes de grupos armados, o personas sospechosas de pertenecer a ellos.

Los grupos armados también cometieron abusos contra los derechos humanos de forma generalizada, entre ellos homicidios, secuestros, tortura y violación de civiles.

La mayor parte de los crímenes no se ha investigado nunca y los autores nunca han comparecido ante la justicia.

“El próximo presidente de Argelia debe aprovechar la oportunidad que ofrece un nuevo mandato para ocuparse de la cultura de impunidad reinante desde la década de 1990 –ha afirmado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África–. ¿Cómo puede haber una verdadera reconciliación nacional si las autoridades aún no han establecido la verdad sobre los crímenes pasados y presentes ni han ofrecido justicia a las víctimas?”

En un nuevo informe titulado A Legacy of Impunity: A Threat to Algeria’s Future Amnistía Internacional plantea sus motivos de preocupación con respecto al hecho de que las autoridades argelinas continúen sin investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y el presente y en relación con la impunidad otorgada a los responsables.


El informe, presentado el día 30 de marzo, indica que las medidas de amnistía introducidas y promovidas por el presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999, han impedido que las víctimas y sus familias hayan obtenido verdad, justicia y reparación. La legislación promulgada en 2006 silencia a quienes critican la actuación de las autoridades durante el conflicto interno, al establecer penas de hasta cinco años de prisión.

“Las amnistías generalizadas otorgadas sucesivamente a grupos armados y posteriormente a miembros de los servicios de seguridad suponen infligir una nueva herida a las víctimas y a sus familias –ha afirmado Philip Luther–. En vez de conceder impunidad a los perpetradores, alentando así la comisión de nuevos abusos, las autoridades deben devolver la dignidad a las víctimas transmitiendo el firme mensaje de que no volverán a tolerarse estos crímenes.”

El informe señala que las autoridades están haciendo lo posible por borrar los recuerdos del conflicto interno sin ocuparse de sus consecuencias en las víctimas ni de la situación general de los derechos humanos, y por impedir el debate y las críticas.

Pese a ello, activistas y familias de las víctimas, corriendo a veces peligro de sufrir acoso, han pedido abiertamente que se investiguen los abusos contra los derechos humanos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

En 2008, Louisa Saker, que no ha sabido nada de su esposo desde que fue detenido en 1994, fue declarada culpable de participar en una marcha no autorizada porque se manifestaba con familias de personas desaparecidas en la ciudad nororiental de Constantina. Aún así, está decidida a continuar su lucha para descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su esposo.

“Mientras se continúe pasando por alto la terrible experiencia que han sufrido, las familias de víctimas de desaparición forzada no podrán llorar su pérdida ni cerrar esa etapa de duelo –ha manifestado Philip Luther–. Reciben presiones para que acepten certificados de defunción y ayuda económica, cuando lo que piden es verdad y justicia.”

Las autoridades argelinas están repitiendo ahora el mismo argumento sobre la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad que utilizaron durante el conflicto interno para justificar las persistentes violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, especialmente el Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS), continúan deteniendo a sospechosos de terrorismo, manteniéndolos recluidos en secreto y en régimen de incomunicación, a veces durante semanas o incluso meses, y sometiéndolos a tortura y juicios injustos en un clima de impunidad casi total.

Amnistía Internacional ha recordado a las autoridades argelinas que los homicidios de civiles por parte de Al Qaeda en el Magreb islámico, que la organización condena sin reservas, no deben utilizarse para justificar violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo

Debido al papel adquirido por Argelia como aliado importante en la llamada “guerra contra el terror”, se han cometido violaciones de derechos humanos sin que los países europeos o Estados Unidos examinaran apenas la situación. Más aún, en los últimos años, países europeos como Francia y Reino Unido han trasladado a Argelia a personas a quienes consideraban una amenaza para su seguridad nacional, pese a los indicios del peligro que corrían esas personas de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, si se las devolvía al país.

Amnistía Internacional ha formulado una serie de recomendaciones al próximo presidente que, de tenerse en cuenta, ayudarían a garantizar el resarcimiento a las víctimas de abusos de todo tipo contra los derechos humanos, así como a garantizar que no vuelven a cometerse.

La organización ha recomendado que las autoridades revoquen las leyes de amnistía que consolidan la impunidad y garanticen que ninguna persona goza de inmunidad frente al procesamiento, ya se trate de miembros de las fuerzas de seguridad, de milicias armadas por el Estado o de grupos armados.

Asimismo, ha pedido que lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, que se procese a los responsables y que las víctimas y sus familias obtengan reparación.