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La injusticia alimenta el ciclo de abusos e impunidad en Sri Lanka

El Dr. Manoharan sigue esperando justicia por la muerte de su hijo Rajihar, ocurrida en Sri Lanka en enero de 2006.

© Amnistía Internacional

11 junio 2009

Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de Sri Lanka de encerrar al país en un círculo vicioso de abusos e impunidad. En un nuevo informe hecho público el 11 de junio, la organización describe en detalle como el gobierno de Sri Lanka no ha impartido justicia por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos veinte años.

El informe, Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry, documenta cómo los sucesivos gobiernos de Sri Lanka no han hecho rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, homicidios y tortura.

Desde 1991, el gobierno srilankés ha constituido nueve comisiones especiales de investigación para investigar las desapariciones forzadas y ha llevado a cabo otras investigaciones relacionadas con los derechos humanos. 

Estas comisiones de investigación han carecido de credibilidad y han retrasado las investigaciones criminales, según ha manifestado Amnistía Internacional, que ha acusado al gobierno de no proteger a víctimas y testigos. Aunque la mayoría de estas comisiones de investigación, si no la totalidad, identificaron presuntos autores de violaciones de derechos humanos, los procesos por violaciones de esos derechos han sido muy escasos.

Desde el estallido de los disturbios antitamiles en julio de 1983, que dieron paso a un enfrentamiento armado a gran escala entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, un número creciente de personas han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Sri Lanka. A finales de los años ochenta, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales habían alcanzado amplias proporciones.

Estas violaciones se produjeron en el contexto de dos importantes conflictos en el país: la guerra entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en el norte y este del territorio, y un segundo enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales y el Janatha Vimukthi Peramuna (Frente de Liberación Popular), partido cingalés radicado en el sur del país, cuyo objetivo era derribar al gobierno.

En 1991, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU había recibido casi 15.000 informes de desapariciones forzadas y había transmitido 4.932 casos al gobierno de Sri Lanka.

El presidente Ranasinghe Premadasa creó la primera comisión de investigación de Sri Lanka sobre "traslados involuntarios de personas" en enero de 1991. Su mandato era extremadamente limitado, ocupándose sólo de las desapariciones forzadas producidas después del establecimiento de la comisión (la gran mayoría de los decenas de miles de desapariciones forzadas en Sri Lanka se produjeron entre 1988 y 1990).

Desde 1991 se han constituido nueve comisiones especiales de investigación para investigar las desapariciones forzadas y se ha llevado a cabo otras investigaciones relacionadas con los derechos humanos. Aunque la mayoría de estas comisiones de investigación, si no la totalidad, identificaron presuntos autores de violaciones de derechos humanos, los procesos por violaciones de esos derechos han sido muy escasos.

El gobierno srilankés ha desoído las peticiones de que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del reciente conflicto militar pese a que, el 23 de mayo, el presidente de Sri Lanka y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una declaración conjunta, afirmaron: “El gobierno tomará medidas para abordar esos agravios”.

"Hay poderosas razones para cuestionar la sinceridad del gobierno srilankés en relación con su reciente promesa de proporcionar rendición de cuentas por los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos meses, dado el  paupérrimo historial de logros reconocidos documentado en el último informe de Amnistía Internacional”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que aproveche la oportunidad que brinda el fin de las operaciones militares contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para hacer que se rindan cuentas por los graves abusos y violaciones cometidos por ambos bandos durante los últimos meses de enfrentamientos, que costaron miles de vidas y obligaron a desplazarse a cientos de miles de personas.

“Mientras los habitantes de Sri Lanka hacen frente a los abusos más recientes cometidos por ambas partes de este último conflicto, y especialmente durante los últimos meses de enfrentamientos, la realidad es que llevan años asediados por la injusticia y la impunidad”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Para que las comunidades desgarradas por décadas de violencia e impunidad se reconcilien, el gobierno srilankés debe emprender reformas internas y pedir ayuda internacional para impedir que continúen los abusos y garantizar una rendición real de cuentas por los cometidos en el pasado.”

Como prioridad inmediata, Amnistía Internacional pide que se establezca una comisión internacional independiente encargada de investigar las denuncias de abusos y violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a manos tanto de las fuerzas srilankesas como de los Tigres de Liberación en las recientes hostilidades militares.

“Las autoridades de Sri Lanka han tenido poco éxito a la hora de hacer rendir cuentas por los abusos contra civiles cometidos por los Tigres de Liberación, y tienen aún menos probabilidades de investigar y procesar de forma efectiva a sus propias fuerzas por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Dada la escala del problema de la impunidad en Sri Lanka, sólo se conseguirá una rendición de cuentas si el gobierno srilankés se compromete activamente a ello y cuenta con el respaldo de una observación internacional de los derechos humanos y una ayuda técnica sistemáticas y sostenidas”, ha manifestado Sam Zarifi.

Para hacer frente a la necesidad de una protección y una reforma más amplias de los derechos humanos, Amnistía Internacional pide también que se establezca una presencia de observación de la ONU en materia de derechos humanos bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; esa presencia debe investigar los abusos denunciados y ayudar a las instituciones nacionales de Sri Lanka a impartir justicia.

Amnistía Internacional celebrará el 12 de junio una mesa redonda en un acto paralelo durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ella se debatirán en detalle las conclusiones del informe, y participarán:

  • Gene Dewey, miembro de la última comisión internacional de investigación sobre Sri Lanka
  • Dr. Manoharan, cuyo hijo murió en el incidente de “Trico 5”, uno de los casos destacados de derechos humanos en los que la familia sigue esperando que se haga justicia.

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