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Los donantes internacionales deben actuar frente a la represión en Fiyi

Soldados en el Senado, Suva, Fiyi, tras el golpe de Estado de diciembre de 2006.

Soldados en el Senado, Suva, Fiyi, tras el golpe de Estado de diciembre de 2006.

© APGraphicsBank


7 septiembre 2009

El gobierno militar provisional de Fiyi está empleando toda una serie de tácticas represivas para sofocar cualquier protesta e intimidar a los críticos. Así se documenta en un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado Fiji: Paradise Lost (“Fiyi: Paraíso perdido”)  basado en las investigaciones realizadas en Fiyi por la organización durante la campaña de represión que comenzó en abril de 2009.

En el informe se documentan palizas, arrestos y detenciones arbitrarios, hostigamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos y severas restricciones de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de opinión y de asociación. Según Amnistía Internacional, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Fiyi tras la campaña represión militar exige la atención internacional, sobre todo la de China, uno de los mayores donantes extranjeros de Fiyi en la actualidad.

“Las fuerzas de seguridad de Fiyi se ciernen cada vez más amenazantes sobre las personas que se oponen al régimen, incluidos periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos —ha declarado Apolosi Bose, investigador sobre Oceanía de Amnistía Internacional—. Fiyi está atrapado en una espiral descendente de violaciones de derechos humanos y represión. Sólo la presión internacional concertada puede romper este ciclo.”

Desde el 10 de abril hasta el 20 de mayo de 2009, la policía, el ejército y otros funcionarios del gobierno detuvieron a unas 40 personas, entre las que había varios periodistas. Aunque posteriormente todas fueron puestas en libertad, las autoridades están utilizando las detenciones breves y la intimidación como táctica para sofocar la libertad de expresión.

Amnistía Internacional pide al régimen militar que revoque la Normativa Pública de Excepción (Public Emergency Regulations, PER) impuesta el 10 de abril, cuando el entonces presidente Ratu Josefa Iloilo derogó la Constitución de Fiyi y volvió a nombrar primer ministro al comodoro Frank Bainimarama.

Según la PER, las fuerzas militares y de seguridad de Fiyi conservan el control absoluto sobre la población del país y los soldados y la policía gozan de total impunidad frente al procesamiento por sus actos, incluidas violaciones graves de derechos humanos.

El 17 de abril la policía detuvo al político sexagenario Iliesa Duvuloco y a otros cinco hombres en aplicación de la PER, y los mantuvo detenidos cuatro días por repartir panfletos muy críticos hacia los líderes del gobierno provisional. Oficiales del ejército golpearon a los seis hombres y los obligaron a realizar ejercicios de corte militar.

El informe de Amnistía Internacional documenta una constante de injerencias del gobierno en el poder judicial, una censura severa de los medios de comunicación y el hostigamiento y detenciones de quienes critican al gobierno.

“El hostigamiento y las detenciones arbitrarias de periodistas, abogados, miembros del clero, líderes comunitarios y críticos que están llevando a cabo las autoridades en aplicación de las disposiciones, generales y amplias, de la Normativa Pública de Excepción es una táctica empleada para reprimir cualquier forma de disidencia”, ha manifestado Bose.

Amnistía Internacional pide a los donantes e inversores internacionales de Fiyi que presionen al gobierno para que restaure el Estado de derecho. En concreto, China, que ha aumentado de forma masiva su ayuda económica a Fiyi desde el golpe de Estado de 2006, debería utilizar su influencia para resolver la crisis constitucional.

“China afirma desde hace tiempo que no se injiere en los asuntos de otro país, pero en Fiyi, China ha favorecido claramente a una de las partes de un prolongado conflicto político, y en el proceso ha hecho caso omiso de la situación de los derechos humanos del país”, ha declarado Donna Guest, directora adjunta para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional sobre Oceanía y autor del informe, estuvo en Fiyi el 10 de abril, cuando se derogó la Constitución, y realizó una amplia investigación en la que entrevistó a más de 80 personas, representantes de diversas organizaciones y ciudadanos corrientes entre ellas.

El 5 de diciembre de 2006, tras un prolongado enfrentamiento público entre el gobierno de coalición encabezado por Laisenia Qarase y el ejército, las Fuerzas Militares de la República de Fiyi dirigidas por el comodoro Frank Bainimarama dieron un golpe de Estado contra el gobierno de Qarase.

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