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Se intensifica la desenfrenada discriminación contra los iraníes kurdos

30 julio 2008

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

La organización teme de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando, según el informe Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority.

En el informe se afirma también que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

En Irán viven aproximadamente 12 millones de kurdos, lo que supone el 15 por ciento de la población. Las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones.

Sin embargo, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada. En Irán se reprimen los derechos sociales, políticos y culturales de los kurdos, además de sus aspiraciones económicas.

Los progenitores no pueden inscribir en el registro a sus recién nacidos con determinados nombres kurdos, y se reprime a las minorías religiosas integradas principal o parcialmente por personas de origen kurdo con medidas concebidas para estigmatizarlas y aislarlas.

Discriminadas en su acceso al empleo y a una vivienda adecuada, el abandono económico de las regiones kurdas se ha saldado con una arraigada pobreza que ha marginado aún más a la población kurda.

El colectivo de defensores kurdos de los derechos humanos, entre ellos activistas comunitarios y periodistas, se enfrenta a detenciones arbitrarias, malos tratos y procesamientos si protestan contra el incumplimiento del gobierno de las normas internacionales de derechos humanos.

Si además vinculan su trabajo en defensa de los derechos humanos con su identidad kurda se arriesgan a sufrir violaciones adicionales de sus derechos. Algunos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, acaban convirtiéndose en presos de conciencia. A otros se los somete a tortura, a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o se les impone la pena de muerte.

Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de “moharebeh” (enemistad contra Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

El de “moharebeh” es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)” y un año por “propaganda contra el sistema”.

La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán.”

“El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al ciclo de violencia contra las mujeres y castigar a los responsables.”

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para negar sus derechos humanos.

Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los “homicidios por motivos de honor” y el suicidio.

“Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares, ha manifestado Malcolm Smart.

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