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Las autoridades italianas deben poner fin a los desalojos forzosos de la comunidad romaní

Qué significa el "Plan Nómadas" para la vida de los miles de romaníes que pueden verse afectados.

© Amnistía Internacional

11 marzo 2010

Siempre soñamos con que nuestros hijos tengan una casa donde vivir, para que nadie les llame “gitanos”.
Elpida, macedonia de etnia romaní.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que revisen la puesta en práctica de un controvertido plan de vivienda que ya ha motivado el desalojo forzoso de cientos de personas de etnia romaní y allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses.

En un nuevo documento titulado La respuesta equivocada: El “Plan Nómadas” de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma, Amnistía Internacional ha alertado de que el plan, que fue presentado en julio de 2009, viola los derechos humanos de miles de romaníes.

Las medidas prevén la destrucción de más de 100 asentamientos romaníes en la capital y se calcula que unas 6.000 personas serán reubicadas en tan sólo 13 campamentos –nuevos o ampliados– situados a las afueras de la ciudad. El plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar.

“Hay que reconsiderar con urgencia estas medidas. Las familias romaníes que viven en la capital italiana ahora se enfrentan a la pérdida de bienes, contactos sociales, acceso al trabajo y a los servicios públicos”, ha declarado Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional sobre Italia.

“También existe el riego de que si el plan se pone en práctica, podría usarse como modelo para llevar a cabo desalojos forzosos en otras regiones italianas. Los desalojos realizados sin consulta previa y sin una oferta de alojamiento alternativo adecuado a todas las personas afectadas constituyen una violación de sus derechos humanos.”

En los últimos meses, centenares de familias romaníes han sido desalojadas ya de al menos 5 campamentos diferentes. Con antelación a la clausura en febrero de 2010 de uno de los campamentos de romaníes más grandes de Europa, Casilino 900, se consultó extensamente a varios representantes de esa comunidad romaní. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos exigen que se consulte a todas las personas residentes en el área que se pretende desalojar.

Sin ser oficialmente parte del “Plan Nómadas”, la clausura de Casilino 700 en noviembre de 2009 se llevó a cabo sin un proceso de consulta previa y tuvo como resultado el que centenares de personas de etnia romaní quedaran sin hogar. Otras que viven en campamentos no autorizados están en peligro de correr la misma suerte, lo que suscita la pregunta de hasta dónde abarca realmente ese plan.

“Muchas personas de etnia romaní viven en construcciones precarias y en caravanas que carecen de las condiciones higiénicas básicas. La situación actual es el resultado de años de abandono, de políticas inadecuadas y de discriminación por parte de sucesivos gobiernos. El intento de abordar este legado es, en si mismo, bienvenido y de hecho las condiciones de vida de muchos romaníes mejorarán. Pero el plan es incompleto y se corre el peligro de empeorar aún más la situación de muchos romaníes más. Es la respuesta equivocada”, asegura Ignacio Jovtis.

En lugar de ofrecer a los romaníes el acceso a una vivienda adecuada, las autoridades los están reuniendo en campamentos en lugares remotos. Ello exacerba aún más los obstáculos y la discriminación a los que hacen frente los romaníes cuando solicitan el empleo regular que les permitiría disponer de alojamiento privado.

A las personas de etnia romaní que viven en campamentos se las excluye de hecho del acceso a la vivienda pública, dado que el actual sistema de concesiones, basado en una baremación por puntos, establece el requisito previo de haber sido expulsado de un alojamiento privado. Esto hay que cambiarlo.

Amnistía Internacional ha dicho que cree que, con su forma actual, el “Plan Nómadas” no cumple la obligación de Italia de garantizar que no se discrimina a grupos particulares o de evitar la segregación en el ámbito de la vivienda.

“El plan se denomina ‘Plan Nómadas’, pero la mayoría de los romaníes afectados no son nómadas en absoluto. Al etiquetar a todos los romaníes de nómadas y tratarlos como tales, los promotores de este plan están perpetuando los mismos problemas que pretenden resolver”, ha afirmado Ignacio Jovtis. 

 

Se calcula que entre 12.000 y 15.000 personas de etnia romaní viven en Roma y en sus alrededores. Unos 3.000 son italianos sinti, arraigados en el país desde hace largo tiempo. A partir de la década de los 60, numerosos romaníes empezaron a llegar procedentes de los países que formaban la ex Yugoslavia. Una gran parte de ellos ahora tienen permisos de residencia, y muchos de sus hijos son ciudadanos italianos. A lo largo del último decenio, un número significativo de romaníes también llegaron de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, en especial de Rumania. Aunque unos pocos miles de romaníes viven en alojamientos permanentes en Roma, la mayor parte vive en campamentos de distintas clases.

En los últimos años las autoridades italianas han adoptado una serie de medidas discriminatorias que han contribuido a la estigmatización de los romaníes que viven en el país. Los desalojos se han hecho más frecuentes después de la firma de unos acuerdos especiales de seguridad entre el gobierno nacional y varias autoridades locales, en virtud de los cuales el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales. El objetivo era hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades.

No más desalojos forzosos de la comunidad romaní en Italia

Más información:

Italy: The witch-hunt against Roma people must end (informe, 23 de julio de 2008)
Italy: Anti-Roma events in Italy are a wake up call for the EU (documento, 20 de mayo de 2008)

Mediante la campaña Exige Dignidad, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que adopten todas las medidas necesarias, incluidas políticas y leyes acordes con las normas internacionales de derechos humanos, con el fin de prohibir e impedir los desalojos forzosos.

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