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Millones de personas en peligro al intensificarse los ataques contra cooperantes en Somalia

Personas desplazadas recogiendo agua, Somalia, julio de 2008.

Personas desplazadas recogiendo agua, Somalia, julio de 2008.

© Particular


6 noviembre 2008

La intensificación de los ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en el sur y el centro de Somalia está poniendo al menos a tres millones de somalíes en un peligro aún mayor de sufrir desnutrición y enfermedades. Muchas organizaciones han suspendido sus programas y retirado su personal.

Como se subraya en un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado Inseguridad mortal: Ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en Somalia, al menos 40 trabajadores de ayuda humanitaria y derechos humanos han muerto de forma violenta en lo que va de año.

Los ataques se han producido cuando Somalia se encuentra sumida de lleno en una situación de emergencia humanitaria. Según cálculos de la ONU, alrededor de 3.250.000 somalíes –es decir, un 43 por ciento de la población– requerirán ayuda alimentaria hasta el final de 2008.

Las restricciones que sufren las organizaciones humanitarias a la hora de proporcionar servicios humanitarios de emergencia –comida, alojamiento y servicios médicos esenciales– son uno de los factores principales que contribuyen a que la desnutrición, las muertes por inanición y una serie de enfermedades evitables cundan por toda la zona.

Un miembro del personal de ayuda humanitaria ha señalado: “No estamos en condiciones de iniciar nuevos programas porque nuestro personal no puede acceder a las zonas afectadas. La desnutrición en Mogadiscio es muy grave, pero no podemos intervenir con la suficiente celeridad; tenemos que actuar por control remoto y la calidad de la ayuda se resiente”.


“Estos homicidios, secuestros y amenazas significan que los trabajadores de ayuda humanitaria y los defensores de los derechos humanos no disfrutan ya de la protección limitada de la que gozaban antes en la sociedad por su condición de distribuidores imparciales de alimentos y servicios de emergencia o de promotores de la paz y de los derechos humanos”, ha indicado David Copeman, adjunto de investigación y acción sobre Somalia de Amnistía Internacional.


Por primera vez desde el final del gobierno del presidente Mohamed Siad Barre en 1991, numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en Mogadiscio, así como miembros de la sociedad civil se han visto obligados a huir de Somalia este año.


Los ataques continúan. El 29 de octubre murieron varios miembros de la ONU como consecuencia de unos atentados con explosivos; el 19 de octubre, en la localidad de Hudur, en el centro del país, se produjo el homicidio deliberado de un ingeniero del UNICEF, y el 25 de octubre mataron en Guriel a una activista de los derechos de las mujeres.

La mayoría de los homicidios cuyos autores han sido identificados se han atribuido a miembros de grupos armados de oposición, como la milicia Al Shabab y las diversas milicias vinculadas con la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (a menudo denominadas también Tribunales Islámicos).

El resto se ha atribuido a bandas de delincuentes o –en un número más reducido de casos– a milicias vinculadas con el Gobierno Federal de Transición o con las fuerzas armadas etíopes. La mayoría de los últimos homicidios los han perpetrado uno o más hombres armados, descritos casi siempre como jóvenes de entre 15 y 25 años. Las amenazas se difunden por teléfono, en folletos o de boca en boca.

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto armado de Somalia que pongan fin a estos ataques ilegales contra trabajadores de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil.

“Los dirigentes internacionales deben crear un mecanismo –por ejemplo una Comisión Internacional de Investigación– para investigar estos homicidios, secuestros y palizas y llevar a los responsables ante la justicia –ha declarado David Copeman–.

Asimismo, la ONU y los gobiernos donantes deben intensificar los esfuerzos dirigidos a  definir una línea de demarcación transparente y claramente demostrable entre la ayuda humanitaria de emergencia de carácter apolítico y toda actividad política o de ayuda al desarrollo en favor del Gobierno Provisional de Transición o del proceso de paz.”

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