Noticias

El gobierno filipino debe asegurarse de que se ponga a disposición judicial a los agentes de policía responsables de torturas que aparecían en un vídeo difundido ayer martes en los medios de comunicación nacionales, manifestó Amnistía Internacional.

En el video enviado a los medios de comunicación filipinos se podía ver a un agente de policía vestido de civil torturando a una persona detenida, al parecer, bajo sospecha de haber cometido hurto en una comisaría de policía, mientras agentes uniformados miraban la escena. El video indujo a las autoridades a suspender a los 11 agentes de la comisaría del distrito de Tondo en Manila, quienes en este momento están siendo investigados por las autoridades policiales de Manila.

Las imágenes del vídeo muestran al detenido desnudo y con una cuerda atada a los genitales de la que se dedican a dar tirones, y cómo le azotan con una soga. El informante anónimo que filtró el vídeo aseguró a los medios de comunicación filipinos que en las comisarías de policía era habitual este tipo de trato degradante.

"La dirección de la policía filipina ha declarado recientemente que la casi totalidad del cuerpo de policía ha recibido formación en materia de derechos humanos. Sin embargo, este mensaje parece haberse perdido en la práctica", ha señalado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Las imágenes de la comisaría de policía de Manila aparecen tras las últimas denuncias de tortura a manos de la policía de cinco personas a las que se mantiene detenidas bajo sospecha de participación en la insurgencia armada comunista en la provincia de Pampanga, al norte del país. En una entrevista concedida a los medios de comunicación mientras se encontraba bajo custodia policial, Lenin Salas, uno de los detenidos, mostró graves contusiones y quemaduras de cigarrillo que, según afirmó, se debían a la tortura y otros malos tratos a los que le había sometido la policía.

Amnistía Internacional insta al gobierno filipino a investigar estos casos en virtud de la nueva Ley contra la Tortura, aprobada en julio de 2009. El gobierno aún no ha procesado a nadie conforme a esta ley.

El caso de la comisaría de policía de Tondo y las denuncias de Lenin Salas constituyen los primeros informes de tortura desde que asumió el poder el nuevo gobierno del presidente Benigno Aquino.

"Éste es el momento de que el gobierno de Aquino se posicione en contra de la tortura, dejando patente que se procesará a los responsables de cometer tortura, en especial cuando se trate de agentes de policía que han jurado servir y proteger a la ciudadanía", ha manifestado Donna Guest.

La protección de los derechos humanos fue una de las principales promesas electorales de Aquino, pero a Amnistía Internacional le preocupa que no haya hecho lo suficiente en sus primeros 50 días de mandato.

Por ejemplo, en lugar de crear el prometido "superórgano de derechos humanos" para que se encargue de llevar a cabo las investigaciones de todos los casos de homicidios políticos denunciados, el gobierno de Aquino ha creado una ‘Comisión de la Verdad’, que sólo se centrará en las acusaciones de corrupción formuladas contra el gobierno anterior, sin competencia para examinar cuestiones sobre derechos humanos.