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Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el reciente apoyo que han mostrado los ministros europeos a las propuestas que apuntan a que los particulares tengan que pagar para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional ha recibido con agrado el compromiso de los ministros de reforzar la protección de los derechos humanos en sus países, aunque la organización ha señalado que le preocupa el apoyo que han recibido las medidas que dificultarán el acceso de las personas al Tribunal.

“La propuesta de cobrar unas tasas por presentar una demanda, que ha recibido algunos apoyos, podría limitar el acceso al Tribunal a personas en Europa que no pueden pagar dichas tasas. La igualdad ante la ley y el acceso a un recurso efectivo son derechos que los Estados no pueden sencillamente hacer desaparecer”, ha declarado Jill Heine, asesora jurídica para Europa de Amnistía Internacional.

“Algunos ministros han recomendado que los Estados proporcionen más recursos al funcionamiento del Tribunal y esperamos que los Estados miembros apoyen esta petición”, ha manifestado Jill Heine.

Ministros de 47 Estados miembros del Consejo de Europa se reunieron el 18 y el 19 de febrero en Interlaken, Suiza, y adoptaron un Plan de Acción destinado a abordar la enorme cantidad de casos atrasados del Tribunal y la carga de trabajo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la última vía para obtener reparaciones para aquellas personas que alegan que sus derechos han sido violados en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Desde su creación, en 1959, el Tribunal ha dictado unas 10.000 sentencias según las cuales los gobiernos no han cumplido con sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sus recursos actuales se encuentran al límite de sus posibilidades por el número cada vez mayor de casos atrasados (más de 110.000 casos pendientes en la actualidad) y por el gran volumen de demandas que recibe (más de 50.000 durante el año pasado).

El Plan de Acción adoptado en Interlaken incluye recomendaciones a los Estados para que tomen las medidas necesarias para garantizar en sus territorios un mayor respeto por los derechos humanos y recursos efectivos por las violaciones de derechos humanos. Si los Estados respetaran totalmente los derechos humanos, el Tribunal no tendría una cantidad tan abrumadora de casos pendientes.

Además recomienda medidas que los Estados, el Comité de Ministros (principal órgano de toma de decisiones del Consejo de Europa), así como el mismo Tribunal deberían adoptar para que se reduzca el número de demandas inadmisibles y de violaciones reiteradas del Convenio, y para garantizar que el Tribunal pueda dictar sentencias en materia de derechos humanos con mayor rapidez, en los casos en que sea posible.

“Esperamos que la conferencia de Interlaken y el Plan de Acción adoptado sirvan como catalizadores para lograr una mejor protección de los derechos humanos en toda Europa y que al Tribunal se le permita continuar con su función esencial como garante de los derechos humanos de los 800 millones de personas de Europa. Que esto suceda dependerá de las acciones y de las decisiones que los Estados tomen en los próximos dos años”, ha señalado Jill Heine, asesora jurídica de Amnistía Internacional.