Ehsan Fattahian fue finalmente ejecutado el miércoles 11 en la horca por su presunta pertenencia a un grupo ilegal de oposición. Se teme que también sean ejecutados de forma inminente los otros dos hombres kurdos iraníes.
El lunes 9 de noviembre, víctimas del vertido de residuos tóxicos que en 2006 provocó un escándalo en Costa de Marfil manifestaron a Amnistía Internacional que el fallo que protege su indemnización constituía una “pequeña victoria”.
Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.
Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.
La ejecución de Ehsan Fattahian, declarado culpable de pertenencia a un grupo ilegal de oposición, está prevista para el miércoles 11 de noviembre. Se teme que también sean ejecutados en cualquier momento otros dos kurdos iraníes.
Tras la ejecución de ocho hombres uigures y un chino de etnia han, acusados de delitos cometidos durante los disturbios de julio pasado, las autoridades han procesado a otros 20 sospechosos.
Cuando se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín, los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos que se infligen a migrantes, solicitantes de asilo, personas detenidas y minorías.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión adoptada por un tribunal marfileño de no transferir 45 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización a las víctimas del vertido de residuos tóxicos en Abiyán en 2006 a la cuenta bancaria de una organización que se atribuía falsamente la representación de 30.000 de ellas.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que decenas de nigerianos y nigerianas perdieron sus casas en la mañana del viernes 6 de noviembre, cuando autoridades del estado de Rivers comenzaron a demoler edificios en Port Harcourt.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siga retrasando su sentencia sobre la legalidad de la legislación penal sobre el aborto que entró en vigor en 2008.
