El nuevo gobierno de Zimbabue tiene que atajar la cultura de la impunidad
23 septiembre 2008
Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, firmó el pasado lunes 15 de septiembre un acuerdo de gobierno con los líderes del Movimiento por el Cambio Democrático para compartir el poder e intentar resolver la crisis política que vive Zimbabue desde el año 2000 y que se ha agudizado notablemente en los seis últimos meses.
La crisis se ha caracterizado por toda una serie de violaciones, motivadas políticamente, de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de opositores, reales o no, al presidente Mugabe. Quienes instaron o cometieron esas violaciones vienen gozando de una impunidad prácticamente absoluta.
En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 27 de junio, el país sufrió la sacudida de una ola de violaciones de derechos humanos, promovida por el gobierno, que se saldó con al menos 165 muertos, millares de personas torturadas y aproximadamente 30.000 desplazadas internamente. Todavía sigue sin estar claro cómo va a abordar el nuevo gobierno de Zimbabue importantes cuestiones que afectan a la justicia y la impunidad.
Amnistía Internacional ha afirmado que la validez del acuerdo firmado se vería seriamente comprometida si incluyera amnistías o indultos que impidan procesar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos, dar a conocer la verdad o hacer que las víctimas reciban reparación plena.
“No debe acordarse nada que impida que salga a la luz toda la verdad, y los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas deben comparecer ante la justicia.” Así lo ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue que ha regresado recientemente de hablar con víctimas de la violencia promovida por el gobierno en el país.
“Las víctimas de violaciones de derechos humanos están pidiendo justicia por los crímenes que han sufrido, y no merecen menos que eso. Sería una gran traición a ellas que los dirigentes nacionales, regionales e internacionales respaldaran amnistías previas al juicio para los autores de esas violaciones”, ha declarado Simeon Mawanza.
“En virtud del derecho internacional, Zimbabue tiene unas obligaciones claramente establecidas, y esas obligaciones deben cumplirse, especialmente en este momento crítico de la historia del país.”
“Cualquier solución duradera a la crisis de Zimbabue debe incluir en sus cimientos mismos el respeto y la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Simeon Mawan
La crisis se ha caracterizado por toda una serie de violaciones, motivadas políticamente, de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de opositores, reales o no, al presidente Mugabe. Quienes instaron o cometieron esas violaciones vienen gozando de una impunidad prácticamente absoluta.
En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 27 de junio, el país sufrió la sacudida de una ola de violaciones de derechos humanos, promovida por el gobierno, que se saldó con al menos 165 muertos, millares de personas torturadas y aproximadamente 30.000 desplazadas internamente. Todavía sigue sin estar claro cómo va a abordar el nuevo gobierno de Zimbabue importantes cuestiones que afectan a la justicia y la impunidad.
Amnistía Internacional ha afirmado que la validez del acuerdo firmado se vería seriamente comprometida si incluyera amnistías o indultos que impidan procesar a quienes han cometido violaciones de derechos humanos, dar a conocer la verdad o hacer que las víctimas reciban reparación plena.
“No debe acordarse nada que impida que salga a la luz toda la verdad, y los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas deben comparecer ante la justicia.” Así lo ha manifestado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue que ha regresado recientemente de hablar con víctimas de la violencia promovida por el gobierno en el país.
“Las víctimas de violaciones de derechos humanos están pidiendo justicia por los crímenes que han sufrido, y no merecen menos que eso. Sería una gran traición a ellas que los dirigentes nacionales, regionales e internacionales respaldaran amnistías previas al juicio para los autores de esas violaciones”, ha declarado Simeon Mawanza.
“En virtud del derecho internacional, Zimbabue tiene unas obligaciones claramente establecidas, y esas obligaciones deben cumplirse, especialmente en este momento crítico de la historia del país.”
“Cualquier solución duradera a la crisis de Zimbabue debe incluir en sus cimientos mismos el respeto y la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Simeon Mawan
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