Se acusa a Zimbabue de utilizar los alimentos con fines políticos

El gobierno de Zimbabue ha prohibido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) llevar a cabo operaciones sobre el terreno en el país. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno zimbabuense de utilizar los alimentos con fines políticos y le ha pedido que levante de inmediato la prohibición.

“La suspensión de las operaciones sobre el terreno de todas las ONG por orden del gobierno de Zimbabue probablemente incrementará la inseguridad alimentaria en el país y expondrá al hambre a millones de personas.”

“La suspensión es otro intento más del gobierno de manipular la distribución de alimentos con fines políticos”, ha añadido la organización.

“La suspensión de las operaciones humanitarias de las ONG asegura al gobierno el monopolio de la distribución de alimentos a través de la Junta de Comercialización de Cereales, que funciona bajo control estatal, durante el periodo previo a las elecciones.”

Desde 2000, Amnistía Internacional ha documentado la utilización de los alimentos que distribuye la Junta de Comercialización de Cereales como herramienta política del gobierno contra la oposición.

Sin dar ningún motivo concreto para la decisión, el ministro de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social de Zimbabue, Nicholas Goche, envió el 4 de junio de 2008 a todas las organizaciones de voluntarios privadas y las ONG la orden escrita de que interrumpieran sus operaciones en el país. El ministro comunicó su intención de acogerse al artículo 10.c de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas [Capítulo 17.05] para justificar esta medida.

Amnistía Internacional ha señalado que las restricciones no sólo tendrán un efecto negativo sobre la seguridad en Zimbabue, sino que también permitirán que el gobierno impida a los cooperantes presenciar el encarnizamiento de los niveles de violencia política auspiciada por el Estado que se están dando en el país desde que se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias, el 29 de marzo.

“Cerrando Zimbabue a las ONG, el gobierno trata de ocultar la peor de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Las autoridades zimbabuenses deben garantizar que los alimentos se distribuyen entre toda la población en función de las necesidades, no de la afiliación política real o supuesta.”

“Debe permitirse a las organizaciones humanitarias y otras ONG llevar a cabo su labor legítima sin injerencias. Al bloquear deliberadamente una ayuda necesaria para la supervivencia de la población, el gobierno de Zimbabue puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, la alimentación y la salud.”

Desde 2000, millones de zimbabuenses han tenido graves dificultades para acceder a alimentos adecuados. Una de las principales causas de la crisis de alimentos del país ha sido la caída de la producción nacional de alimentos.

Si bien los factores climáticos, la pandemia de VIH/sida y los problemas económicos han tenido que ver en el declive de la productividad agrícola, las políticas y las prácticas del gobierno han exacerbado los problemas de seguridad alimentaria de Zimbabue.

Las capas más pobres de la población de Zimbabue serán las más afectadas por la prohibición, que aumentará su exposición a enfermedades mortales, ya que la suspensión afecta a proyectos de agua y salubridad. La prohibición afecta también gravemente a la atención del más de un millón de niños y niñas zimbabuenses huérfanos a causa del sida, y a los enfermos terminales que se encuentran en programas de atención ambulatoria.