La violencia y la coacción caracterizan las elecciones de Zimbabue

Los comicios celebrados en Zimbabue el viernes 27 de junio han estado marcados por una campaña de violencia e intimidación patrocinada por el Estado en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Amnistía Internacional ha manifestado su profunda inquietud por la campaña, que forma parte de una estrategia deliberada con que el gobierno intenta conseguir que Robert Mugabe se alce con la victoria.

La decisión de celebrar los comicios se tomó a pesar de los llamamientos hechos por la comunidad internacional para que se aplazaran hasta que mejorara la situación de la seguridad en el país. Miles de presuntos simpatizantes del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) han sido objeto de acoso e intimidación a lo largo y ancho del país.

“Las elecciones de hoy se celebran en un entorno de homicidios, torturas y agresiones generalizadas contra presuntos partidarios de la oposición. Se ha permitido a Zimbabue actuar al margen del marco de derechos humanos de la Unión Africana y la ONU durante demasiado tiempo”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Es hora de hacer efectiva la solidaridad africana e internacional con las víctimas de violaciones de derechos humanos de Zimbabue. No se debe dejar solas a las personas que sufren esta violencia constante.”

Se ha aprehendido y detenido de manera arbitraria a simpatizantes –o personas a quienes se considera simpatizantes– del MDC. Este partido sostiene que alrededor de 2.000 de sus miembros se encuentran bajo custodia. Uno de los detenidos políticos fue el secretario general del partido, el señor Tendai Biti, que quedó en libertad el 26 de junio; había sido detenido el 12 de junio acusado de traición.  

Hasta el momento, se cuentan en más de 80 las personas que han resultado muertas en la violencia postelectoral, la mayor parte de ellas simpatizantes del MDC.

Los "veteranos de guerra" han instalado "bases" informales en zonas rurales y urbanas desde donde planean atentados contra partidarios del MDC. Llevan a cabo sesiones de "reeducación" que consisten, entre otras cosas, en agredir con gravedad a personas presuntamente partidarias del MDC para que sirva de "lección" para otros. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas y personas ancianas.

Se emplea a los órganos de seguridad del Estado, como la policía y el ejército, para ejecutar una agenda partidista, lo que compromete seriamente su responsabilidad constitucional de proteger los derechos humanos de toda la población zimbabuense.

También se han dirigido ataques contra otras personas a quienes se considera opositoras al gobierno, como defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales del derecho. Varios abogados se han visto obligados a abandonar el país, porque temían por su vida y la seguridad de sus familias.

Se ha detenido de manera arbitraria a personas que defienden los derechos humanos, entre ellas a miembros de la organización Mujeres de Zimbabue ¡en pie! (WOZA), y se les ha denegado la libertad bajo fianza simplemente por ejercer su derecho legítimo a manifestarse de forma pacífica.

“Activistas de los derechos humanos como Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, de WOZA, se han ido consumiendo en la situación de reclusión en la que se encuentran desde que las detuvieran el pasado 28 de mayo, debido únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica –ha señalado Amnistía Internacional–. Mientras tanto se deja en libertad a asesinos, torturadores y autores de otros abusos, a los que se da además rienda suelta para cometer nuevas violaciones de derechos humanos con impunidad”.