Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

20 octubre 2009

Uruguay debe anular la legislación que protege a los presuntos autores de tortura policial y militar

Uruguay debe anular la legislación que protege a los presuntos autores de tortura policial y militar

La ley uruguaya que ha permitido a la policía y el ejército quedar impunes por torturas y asesinatos debe ser anulada, ha afirmado Amnistía Internacional el 19 de octubre, cuando el país se dispone a votar en referéndum el futuro de dicha legislación.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Caducidad) impide procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a 1985, lo que engloba el periodo de 11 años de gobierno civil y militar en que se documentaron miles de casos de tortura y muchas desapariciones.

El 99 por ciento de los presos políticos entrevistados en su momento por grupos locales de derechos humanos aseguraban que habían sido torturados. El número de presos políticos encarcelados en ese periodo llegó, en su momento culminante, a los 7.000, según cálculos.

“Esta ley fue concebida como carta de libertad gratuita para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer personas en Uruguay”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

“Ya es hora de que Uruguay demuestre que no permitirá la impunidad por estos crímenes. Las víctimas merecen justicia.”

“La ley contraviene la obligación jurídica internacional de Uruguay de proporcionar justicia y poner al descubierto las difíciles verdades de su pasado reciente. Esta ley debe declararse nula”, ha dicho Guadalupe Marengo.

La ley fue propuesta por el gobierno democráticamente elegido de Julio María Sanguinetti y aprobada por el Congreso en diciembre de 1986. Fue ratificada mediante votación popular en un referéndum celebrado en 1989.

Las interpretaciones de la ley han limitado su alcance para abarcar los delitos cometidos tras el golpe militar de junio de 1973 y dentro del territorio uruguayo.

Aunque algunos jueces han ejercido su poder discrecional para excluir ciertos casos del alcance de la ley, su anulación es la única forma de que Uruguay pueda asegurarse de que no va a obstaculizar el curso de la justicia, y de que abusos como esos no sucederán en el futuro.

Se espera también que en breve la Suprema Corte de Justicia uruguaya dicte una sentencia que declare inconstitucional la Ley de Caducidad en la causa relacionada con la muerte de la activista Nidia Sabalsagaray en dependencias del ejército en 1974.

El 9 de octubre, en respuesta a una petición de la fiscal Mirtha Guianze, los jueces de la Suprema Corte dieron indicios de su decisión sobre este caso, esperada desde hace tiempo.

Tema

Activistas 
Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
Law Enforcement 
Presos y presas de conciencia 
Tortura y malos tratos 
Juicios y sistemas judiciales 

País

Uruguay 

Región

América 

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