Sindicalistas condenados a prisión en Túnez
15 diciembre 2008
En un juicio celebrado sin las garantías debidas, un tribunal tunecino ha condenado a penas de prisión de hasta 10 años a 33 sindicalistas y trabajadores. El dirigente sindical Adnan Hajji y otras 37 personas habían sido acusados de encabezar los disturbios que se produjeron durante la primera mitad de este año en la región sureste tunecina de Gafsa, rica en fosfatos.
Amnistía Internacional ha condenado las penas de prisión dictadas calificándolas de "parodia de la justicia" y ha pedido a las autoridades tunecinas que pongan en libertad a todos los detenidos y procesados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Al resto de personas relacionadas con los hechos se las debe someter de nuevo a juicio, con las garantías debidas, conforme a las obligaciones internacionales que Túnez tiene contraídas.
A cuatro de los acusados, que no habían sido detenidos, se los ha juzgado in absentia. Del total de 38 personas presuntamente implicadas, a siete se les han impuesto penas de 10 años de cárcel. Entre ellas están Adnan Hajji, secretario general de la oficina local de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT) en Redeyef, y portavoz del Movimiento de Protesta Social en Gafsa.
Al resto se les impusieron penas de cárcel que oscilan entre los dos y los seis años, entre ellas al menos ocho condenas condicionales. El periodista Fahem Boukadous y la activista de derechos humanos radicada en Francia Mouheiddine Cherbib, fueron condenados in absentia a seis y dos años de cárcel respectivamente. Otros cinco acusados resultaron absueltos, pero aún tienen que ser puestos en libertad.
Entre los cargos figuraban “formación de grupo criminal con el objetivo de destruir propiedades públicas y privadas” y “rebelión armada y agresión a funcionarios en el ejercicio de su deber”. Los imputados formaban parte de los cientos de personas detenidas tras la oleada de protestas por el desempleo y el elevado coste de la vida la primera mitad de este año en la región sureste tunecina de Gafsa, rica en fosfatos.
Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del programa regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: “Las sentencias y las condenas han sido una parodia de la justicia y no debe permitirse que se mantengan. Las autoridades tunecinas deben dejar inmediatamente de criminalizar las protestas sociales. En lugar de juzgar a los manifestantes y los sindicalistas pacíficos, deben investigar las denuncias de torturas presentadas previamente por los acusados.”
El tribunal dictó sentencia el pasado jueves 11 de diciembre tras haberse suspendido durante varias horas el juicio. Las condenas se impusieron sin que los abogados de la defensa hubieran podido presentar sus argumentos y sin que durante el proceso se interrogara a los acusados.
El tribunal había rechazado también las peticiones de los abogados de que se realizara un examen médico a sus clientes en busca de indicios de posibles torturas y que se contrainterrogara a los testigos.
Según la información disponible, la sentencia se dictó con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que se encontraban desplegadas tanto a lo largo de las calles que llevaban a la sede del tribunal como en las principales vías de acceso a la ciudad de Gafsa. Según parece, las fuerzas de seguridad habían bloqueado las calles que conducen a la sede del tribunal para impedir que los activistas de derechos humanos pudieran llegar a él.
“El juicio vuelve a poner en cuestión la independencia del poder judicial en Túnez y muestra la determinación de las autoridades tunecinas de sofocar cualquier voz independiente que trate de alzarse en el país”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
La región de Gafsa se vio sacudida por una oleada de protestas populares en la primera mitad de este año. Comenzaron en la localidad de Redeyef poco después de que la mayor empresa de la zona, la Gafsa Phosphate Company, anunciase los resultados de un concurso de contratación de personal.
Quienes quedaron excluidos del concurso de selección y otras personas, entre ellas algunas pertenecientes a la UGTT, denunciaron que el proceso para el concurso había sido fraudulento. Las protestas cobraron un carácter más general, contra el elevado desempleo de la zona y el alto nivel del coste de la vida, y se propagó a otras localidades, tras lo que las autoridades procedieron al despliegue de un numeroso contingente de fuerzas de seguridad en la región.
Se procedió a la detención de centenares de personas que participaron en las protestas, y contra más de 140 se presentaron cargos, algunas de las cuales han recibido condenas y penas de cárcel.
Amnistía Internacional ha condenado las penas de prisión dictadas calificándolas de "parodia de la justicia" y ha pedido a las autoridades tunecinas que pongan en libertad a todos los detenidos y procesados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Al resto de personas relacionadas con los hechos se las debe someter de nuevo a juicio, con las garantías debidas, conforme a las obligaciones internacionales que Túnez tiene contraídas.
A cuatro de los acusados, que no habían sido detenidos, se los ha juzgado in absentia. Del total de 38 personas presuntamente implicadas, a siete se les han impuesto penas de 10 años de cárcel. Entre ellas están Adnan Hajji, secretario general de la oficina local de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT) en Redeyef, y portavoz del Movimiento de Protesta Social en Gafsa.
Al resto se les impusieron penas de cárcel que oscilan entre los dos y los seis años, entre ellas al menos ocho condenas condicionales. El periodista Fahem Boukadous y la activista de derechos humanos radicada en Francia Mouheiddine Cherbib, fueron condenados in absentia a seis y dos años de cárcel respectivamente. Otros cinco acusados resultaron absueltos, pero aún tienen que ser puestos en libertad.
Entre los cargos figuraban “formación de grupo criminal con el objetivo de destruir propiedades públicas y privadas” y “rebelión armada y agresión a funcionarios en el ejercicio de su deber”. Los imputados formaban parte de los cientos de personas detenidas tras la oleada de protestas por el desempleo y el elevado coste de la vida la primera mitad de este año en la región sureste tunecina de Gafsa, rica en fosfatos.
Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del programa regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: “Las sentencias y las condenas han sido una parodia de la justicia y no debe permitirse que se mantengan. Las autoridades tunecinas deben dejar inmediatamente de criminalizar las protestas sociales. En lugar de juzgar a los manifestantes y los sindicalistas pacíficos, deben investigar las denuncias de torturas presentadas previamente por los acusados.”
El tribunal dictó sentencia el pasado jueves 11 de diciembre tras haberse suspendido durante varias horas el juicio. Las condenas se impusieron sin que los abogados de la defensa hubieran podido presentar sus argumentos y sin que durante el proceso se interrogara a los acusados.
El tribunal había rechazado también las peticiones de los abogados de que se realizara un examen médico a sus clientes en busca de indicios de posibles torturas y que se contrainterrogara a los testigos.
Según la información disponible, la sentencia se dictó con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que se encontraban desplegadas tanto a lo largo de las calles que llevaban a la sede del tribunal como en las principales vías de acceso a la ciudad de Gafsa. Según parece, las fuerzas de seguridad habían bloqueado las calles que conducen a la sede del tribunal para impedir que los activistas de derechos humanos pudieran llegar a él.
“El juicio vuelve a poner en cuestión la independencia del poder judicial en Túnez y muestra la determinación de las autoridades tunecinas de sofocar cualquier voz independiente que trate de alzarse en el país”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
La región de Gafsa se vio sacudida por una oleada de protestas populares en la primera mitad de este año. Comenzaron en la localidad de Redeyef poco después de que la mayor empresa de la zona, la Gafsa Phosphate Company, anunciase los resultados de un concurso de contratación de personal.
Quienes quedaron excluidos del concurso de selección y otras personas, entre ellas algunas pertenecientes a la UGTT, denunciaron que el proceso para el concurso había sido fraudulento. Las protestas cobraron un carácter más general, contra el elevado desempleo de la zona y el alto nivel del coste de la vida, y se propagó a otras localidades, tras lo que las autoridades procedieron al despliegue de un numeroso contingente de fuerzas de seguridad en la región.
Se procedió a la detención de centenares de personas que participaron en las protestas, y contra más de 140 se presentaron cargos, algunas de las cuales han recibido condenas y penas de cárcel.
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